Tanto la corporación pública como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal no avalaron la medida para establecer la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE”.

El presidente de la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fenrnado Gil Enseñat, así como el asesor legal general de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Julián Bayne, se opusieron al proyecto de la Cámara 1429, que crearía la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE”, por considerar que la medida interfiere con la Ley Promesa.

Tanto Gil Enseñat como Bayne se presentaron ante la Comisión de Energía de la Cámara, que preside el representante Luis Raúl Torres Cruz, y coincidieron en que “hay campo ocupado” sobre el asunto, ya que la Ley Promesa “tiene supremacía sobre cualquier ley del ELA”.

Para el funcionario de la AEE, la Ley Promesa se impone sobre cualquier normativa estatal “que sea inconsistente con el esquema de prioridades establecido en el Código de Quiebras, el cual ha sido incorporado por Promesa para el tratamiento de las reclamaciones de los acreedores en un plan de ajuste de la Autoridad”.

Además, destacó que “cualquier ley de Puerto Rico que obligue a la Junta (de Supervisión Fiscal) a cumplir ciertas condiciones de reestructuración o que impida la implementación de un plan de ajuste, es inconsistente con Promesa y, por tal razón, es de alta probabilidad de que sea anulada”.

Aseguró que la AEE está “sujeta” a la Ley Promesa y, por tanto, “las leyes locales que sean inconsistentes con Promesa, el plan fiscal certificado o el presupuesto pueden ser y regularmente han sido invalidadas por la Junta, la única entidad con derecho a presentar un plan de ajuste para la Autoridad bajo el Título III.

A su vez, expuso que la AAFAF “es la única entidad del gobierno autorizada a negociar acuerdos de reestructuración de la deuda a nombre de la AEE”.

¿Cuál fue la postura de la AAFAF? La misma de la corporación pública, ya que Bayne expresó que “cualquier desviación de lo estipulado en los planes fiscales, según certificados por la JSF, sería inconsistente con Promesa y daría paso a ser invalidada por la JSF”.

Bayne sostuvo que el proyecto de la Cámara 1429 “incluye como condición mínima el intento de recortar la deuda de la AEE significativamente de su monto total actual. Por nuestra pericia, sostenemos que en cuando a dicha propuesta hay campo ocupado, ya que es a través del proceso de reestructuración bajo el Título III de Promesa es que se determina en última instancia cuáles serán los recortes a las deudas de la AEE”.

Resaltó que bajo Promesa, la JSF es designada como el representante exclusivo del gobierno para propósitos de un plan de ajuste, el cual incluye sugerir los niveles de recorte. Por tanto, sería inconsistente con Promesa y daría paso a ser invalidada por la JSF.

También recordó que la JSF “puede modificar los Sistemas de Retiro (la medida pretende darle un financiamiento adecuado), lo que fue validado por el Primer Circuito Federal. Por lo tanto, al tratar de intervenir con los poderes reservados exclusivamente para la JSF sería inconsistente con Promesa y daría paso a ser invalidado por la Junta”.

La misma opinión tuvo el asesor para la medida, en relación a las futuras obligaciones legales de la AEE y el pago de estas, y sobre el proceso de transformación de la corporación pública.

Tras la presentación de la postura de la agencia, el representante Torres Cruz cuestionó al funcionario sobre el cargo de 23 a 26 dólares que evaluó la Junta para las facturas de la AEE y Bayne explicó que esos fondos estaban destinados a pagar exclusivamente a los bonistas.

En tanto, el representante se sorprendió por el porcentaje de recuperación (de pagos) al grupo de bonistas, ya que según el asesor en 2019 era de 65% y actualmente el porcentaje subió a 72%.

Consultado sobre un porcentaje razonable para que baje la deuda, Bayne solo se limitó a contestar que "hay que reducirlo sustancialmente".

Tras recordar la deuda de la AEE -casi $9,000 millones-, el asesor indicó que los bonos asegurados alcanzan los $5,500 millones, pero aclaró que "se está litigando. La Junta entiende que no (están asegurados), pero lo tiene que establecer el tribunal".

Sobre los bonos asegurados, manifestó que "hay un colateral, que viene de los ingresos de la AEE, de lo que pagan los consumidores".

Ante los antecedentes ofrecidos, Torres Cruz declaró: "¿De qué lado está el Ejecutivo? Está más cerca de la Junta y de los bonistas que de la legislatura. ¿Vamos a entregarles la llave del país? Si no hay resistencia a la imposición colonial, ¿a dónde vamos a llegar?".