El Centro para la Nueva Economía sostiene que es posible cancelar el acuerdo con LUMA, “pero habrá consecuencias negativas, sobre todo si no hay un plan B”.

No hay soluciones fáciles para los problemas energéticos de Puerto Rico y se necesitarán varios años de trabajo duro y consistente para reconstruir el sistema y reducir las tarifas energéticas, afirma el director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, en la nueva edición del CNE Review.

Tras un extenso análisis del contrato y los anexos que colocaron a LUMA Energy a cargo de la transmisión y distribución de la electricidad en la Isla, así como de su incumplimiento con las expectativas, concluye Marxuach que “no hay atajos, ni respuestas fáciles, ni salidas directas. La única opción es trabajar hasta lograrlo. De lo contrario, nos enfrentamos al desagradable prospecto de más años de declive económico y el estancamiento social que eso conlleva”.

En su escrito se solidariza con quienes abogan por un sistema de energía eléctrica más confiable, asequible y seguro en Puerto Rico, a la vez que lamenta que el debate público sobre este tema “se ha convertido en una tonta pelea a gritos entre los que apoyan a LUMA y los que están en contra”.

En respuesta a ello parafrasea al Papa Francisco, y afirma que “reducir la compleja realidad a simples binarios es el resultado de un pensamiento mediocre y cuando nos enfrentamos a un esquema mental tan reductivo y parcial debemos intentar trascenderlo”.

Tras reconocer que la empresa no ha estado a la altura de las expectativas y que incluso ha fallado en cumplir con varias métricas importantes, particularmente la relacionada con la de la cantidad de apagones y su duración, sostiene que es posible cancelar el acuerdo con LUMA, “pero habrá consecuencias negativas, sobre todo si no hay un plan B”.

“En las circunstancias actuales, no aconsejamos esa forma de actuar”, mientras aclara que “eso no significa, sin embargo, que no haya nada que el gobierno pueda hacer”.

Recomienda Marxuach que, como mínimo la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas “contrate a una firma prestigiosa e independiente de ingenieros, preferiblemente de Estados Unidos o de Europa, sin conexiones comerciales o políticas con Puerto Rico, para supervisar de manera tenaz e inquebrantable el desempeño de LUMA en relación a sus obligaciones”, bajo los acuerdos vigentes.

La propuesta

Su propuesta para enfrentar la presente situación es adoptar lo que numeró como su escenario 3, que es “jugar rudo”. Explica que “en este caso, el objetivo no sería cancelar el Acuerdo de O&M, sino aumentar la presión sobre LUMA para que mejore su desempeño”.

Indica que el gobierno de Puerto Rico podría hacer esto de varias maneras, pero que la más efectiva probablemente sería reteniendo una parte de la Tarifa de Servicio del Período Interino pagadera a LUMA, en cuyo caso “LUMA probablemente argumentaría que dicha retención constituye un Evento de Incumplimiento del Dueño bajo la Sección 14.3 del Acuerdo de O&M”.

En ese momento, agrega, “el gobierno de Puerto Rico podría invocar las disposiciones del mecanismo de Resolución de Disputas de acuerdo con el Artículo 15, lo que pondría en marcha el mismo proceso de Resolución de Disputas”.

Puntualiza que “la idea es que el tedioso proceso de negociación y mediación obligue a las partes a sentarse a la mesa y a acordar una serie de acciones que deberá poner en práctica LUMA para mejorar su desempeño. Queda por ver, sin embargo, si el gobierno de Puerto Rico tiene las agallas y la determinación para ejecutar este escenario”.

El primer escenario que evaluó fue “agotar el tiempo” y tratar de cancelar el contrato a fines del presente año, con las consecuencias de costos para la AEE y el país.

Advierte Marxuach que el vencimiento tanto del Acuerdo de O&M como del Acuerdo Suplementario tendría al menos dos consecuencias y explica que, en primer lugar, conforme a la Sección 7.2(c)(i) del Acuerdo Suplementario, la AEE tendría que pagar a LUMA la Tarifa de Vencimiento del Operador, que en este caso sería igual a la Tarifa de Servicio del Período Interino. “Como hemos explicado anteriormente, la Tarifa de Servicio del Periodo Interino es de $115 millones en dólares de 2020, ajustados por inflación”.

El Escenario 2, que es “tomar el camino largo”, es que se declare un Evento de Incumplimiento del Operador bajo la sección 14.1 del Acuerdo, lo que presupone a su vez un largo proceso para su dilucidación y resolución.

El sistema eléctrico

Sostiene el análisis del CNE que a la fecha está claro que LUMA no se ha desempeñado a la altura de las expectativas y cita un informe del Negociado de Energía de Puerto Rico que concluyó que tanto la duración como la frecuencia de las interrupciones del servicio eléctrico habían aumentado durante los seis meses comprendidos entre enero y junio del presente año natural.

“Se trata de un hallazgo particularmente decepcionante porque, aunque entendemos que llevar el desempeño del sistema a estándares de clase mundial llevará años, hasta ahora no hemos visto ni siquiera un progreso mínimo hacia el logro de ese objetivo”, sostiene.

Agrega que, además, LUMA ha tenido dificultades para funcionar con los presupuestos aprobados y establecidos, y que cualquier ahorro que haya podido generar hasta el momento gracias a un funcionamiento más eficiente de la red parece ser insignificante.

Afirma, por otra parte, que “aunque simpatizamos y apoyamos plenamente que se exija un servicio eléctrico más asequible y fiable en Puerto Rico, la realidad objetiva es que no se puede culpar a LUMA de todos nuestros problemas de energía eléctrica”.

Recuerda que el sistema de transmisión y distribución, si bien es funcional, se encuentra en un estado frágil desde 2018 cuando finalizaron las reparaciones de emergencia relacionadas con los daños causados por el huracán María.

Además, señala, la flota de generación de la AEE, con la excepción de un puñado de unidades que han sido adaptadas para quemar gas natural, no ha sido modernizada y sigue dependiendo mayormente del petróleo y el diésel para la generación de electricidad.

“Esto significa que Puerto Rico está a la merced de los mercados del petróleo y el gas natural, que se han visto perturbados recientemente por la rápida recuperación de la actividad económica que había sido afectada por la pandemia de covid-19, el crecimiento rápido de la demanda energética relacionado con el aumento pospandémico en el consumo de bienes manufacturados (en lugar de servicios), otras limitaciones globales en el suministro de energía y la invasión de Ucrania por parte de Rusia”.

Concluye al respecto que, “una porción de los apagones, al menos los relacionados con el estado remendado de la red, y los aumentos en las facturas, que son en su mayoría, si no totalmente, una función de los aumentos de los costos del combustible, no pueden ser todos debidamente imputados a LUMA”.

Dentro de este contexto, Marxuach evalúa las consecuencias de no tener un Plan B, y establece que no hay un candidato obvio para asumir la operación del Sistema de Transmisión y Distribución (T&D) en caso de que se cancele el Acuerdo.

Recalca que, “devolver la operación del Sistema de T&D a la AEE, una corporación criminalmente corrupta y extremadamente ineficiente, sería un retroceso, en vez de progreso hacia el cumplimiento de los objetivos energéticos de Puerto Rico. Además, la mayoría de los empleados de la AEE con experiencia en T&D se han jubilado o se han trasladado a otras agencias gubernamentales”.

Por otro lado, la alternativa de buscar un nuevo operador del Acuerdo de O&M de acuerdo con la ley P3 de Puerto Rico sería un proceso engorroso que podría durar hasta dos años y “dada la experiencia con LUMA, nos parece muy poco probable que muchas empresas de talla mundial hagan fila para ocupar su lugar como operador con los mismos términos y condiciones otorgadas a LUMA. En todo caso, cualquier empresa interesada probablemente buscaría condiciones aún más favorables que las establecidas actualmente en el Acuerdo”.

Otro importante elemento que evalúa Marxuach es el posible impacto que la cancelación del Acuerdo de O&M ahora pudiera tener en el desembolso de los fondos de FEMA y CDBG-DR asignados para la reconstrucción de la red. “Lo más probable es que ambas agencias decidan esperar a que se resuelvan los problemas legales y operativos para hacer los desembolsos. Esto significa que la reconstrucción de la red tardaría aún más que los 10 años previstos actualmente”.