A más de un año de entrar en operación la empresa, no hay plan específico -requerido por ley- para fiscalizacion de la compañía, de la que se tiene escasa supervisión por parte del Gobierno.

Multas que son transferidas a las tarifas de los clientes o a agencias, falta de supervisión, planes de fiscalización -de carácter legal- no materializados y ausencia de personal especializado, fueron parte de las situaciones constatadas en una audiencia pública de la Comisión de Energía de la Cámara, que tuvo como deponentes a los principales componentes encargados del control de gestión de LUMA Energy.

La audiencia pública, la enésima (más de 40) para abordar el servicio que ofrece la empresa en torno a la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país, desveló la poca regulación que ha tenido el consorcio y, como mínimo, el escaso sentido de urgencia para supervisar a la compañía pese a los apagones, los fuegos en las subestaciones y el aumento en la tarifa, entre otros asuntos.

Encabezada por el representante Luis Raúl Torres, la vista puso en evidencia situaciones como el hecho de que LUMA Energy aún no paga ninguna multa pese al mal servicio -así lo reconoció el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz- y, de ocurrir, el dinero saldría de las tarifas a los clientes, así como de agencias del gobierno (entre ellas la Autoridad de Energía Eléctrica).

Mientras, El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez, también reconoció la existencia de una normativa de carácter legal en esa dependencia pública que obliga al desarrollo de un plan específico para que la agencia y otras fiscalicen de mejor forma a LUMA Energy.

A más de un año de que la compañía esté a cargo del sistema de transmisión y distribución de la energía del país, Fontanés Gómez se limitó a señalar que solo hay “un borrador de ese plan” y tuvo que admitir, tras documentos presentados por Torres Cruz, que la AAPP sí tiene un rol fiscalizador de la empresa, junto con el Negociado de Energía.

Al respecto, Torres Cruz aseveró, dirigiéndose a Fontanés Gómez, que “no podemos seguir mirando para el lado y echarle toda la responsabilidad al Negociado. Basados en el contrato (de LUMA Energy), el administrador del mismo es la AAPP. Tiene que supervisar el desempeño de la empresa y su cumplimiento”.

El funcionario también tuvo que reconocer que han habido 31 requerimientos de información de la AAPP a LUMA Energy desde que comenzó a operar en junio de 2021, pero la mayoría son a partir de agosto de este año.

El número de empleados de la empresa también se abordó en la audiencia pública y se dijo que la AAPP hizo una petición de la métrica laboral, sobre la cual Torres Cruz comentó que “siempre dice que tiene 3,000 empleados, porque incluyen contratistas que son subcontratados, pero según una tabla del Negociado, a mayo de 2022 tenía 1,200 a 1,300 empleados, los otros son subcontratados”.

Sobre los celadores, Fontanés Gómez dijo que “no tenemos listas de empleados, solo números totales” y añadió que “el último número de celadores que informó la unión de LUMA (no la empresa) fue que tenían más de 900 celadores”.

Posteriormente, se informó que son cerca de 400 celadores, que según el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, "son insuficientes".

En el tema de la supervisión de LUMA Energy, declaró la AAPP cuenta con cuatro empleados y reconoció falta de expertise (entre ellos un ingeniero sin licencia), por lo que informó que “tenemos consultores que nos ayudan con los proyectos de energía, financieros y técnicos en el área de energía. Hacen los análisis de las métricas que nos somete LUMA”.

A su vez, se reconoció que no hay empleados de la AAPP que puedan confirmar que la compañía esté haciendo su labor y las reparaciones exigidas en caso de fallas al sistema.

En relación al asunto, Colón dio una lista de “disturbios” (cortes de energía) en el que el responsable fue LUMA Energy.

“Fueron situaciones de impacto mayor en la generación causados por la transmisión y distribución (de lo que se encarga la empresa)”, agregó.

En cuanto al contrato de LUMA Energy, el titular de la AAPP manifestó que “es a a 15 años y está vigente. Lo que hay es una enmienda -lo que se conoce el contrato suplementario- solicitado por la JSF. Están vigentes las dos cosas. La enmienda se hizo porque cambian ciertos términos (al 30 de noviembre de este año). Si en noviembre no se ha salido de la quiebra, el contrato se disuelve. Si eso sucede, el gobierno entra en incumplimiento, porque no se ha resuelto lo de la quiebra. Eso, si no se solicita una extensión del contrato suplementario”.

El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, quiso resumir la situación de la compañía ante el desafío que significaba asumir la responsabilidad del sistema energético de la Isla: “LUMA no existía, no estaba preparada y no tenía la experiencia”, para responsabilizarse de la transmisión y distribución, tras lo cual recordó que se trajo a la empresa “para mejorar el servicio”.