Pese a dificultades económicas y fiscales, existían 13,000 entidades activas en 2021, según investigación realizada por Estudios Técnicos Inc. (ETI).

El sector de organizaciones sin fines de lucro fue uno de los de mayor crecimiento en los pasados años, alcanzando una cifra superior a las 13,000 entidades activas en el 2021, según un estudio realizado por la empresa consultora Estudios Técnicos Inc. (ETI).

La cifra precisa que ofrece el estudio es de 13,863 organizaciones sin fines de lucro activas y "es reflejo de un sector que ha crecido y ha diversificado su ámbito de acción”.

Ese crecimiento, agrega la investigación, "proviene principalmente del subsector de organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria, las cuáles -principalmente a partir de 2018- crecieron a un ritmo mayor que los demás tipos de entidades”.

Concluye el informe, que ETI viene publicando desde 1996, que este importante sector, aún en un entorno difícil “continúa aportando de manera significativa a la economía del País".

Sobre la base de la información obtenida en el estudio, se estima que el sector genera alrededor del 15% del empleo total del País, mientras que aporta a la economía cerca de $3,204 millones, lo cual representa aproximadamente 5.6% del Producto Nacional Bruto”.

Ello se atribuye en parte a la capacidad del sector de apalancar recursos y utilizan como evidencia de ese poder el hecho de que se estimó que 734,739 personas brindaron tiempo voluntario a las organizaciones sin fines de lucro en el 2020, lo cual cuando se traduce a empleados a tiempo completo, representa alrededor de 45,052.

Estimó además el estudio que el sector sin fines de lucro sirve a sobre 700,000 personas y sostiene que los servicios principales que ofrecen se concentran en las áreas de educación, servicios sociales, arte y cultura, recreación y deportes y salud, mientras que las poblaciones principales a las cuales sirven incluyen mujeres, adultos y familias bajo nivel de pobreza.

Concluye la investigación que ese esfuerzo se distribuye en 35% para mujeres, 33% para adultos mayores y el 32% restante para ayudar familias bajo el nivel de pobreza.

El estudio continúa evidenciando el valor añadido de contar con el sector sin fines de lucro.

Así, por cada $1 que el Gobierno transfiere a una OSFL para proveer servicios de salud, tendría que invertir $4 para brindar el mismo servicio.

En el área educativa "esta proporción aumenta aún más: por cada $1 que el Gobierno transfiere, tendría que invertir $17 para brindar el servicio”, afirma.

El informe reconoce por otro lado que estas organizaciones no estuvieron ajenas al impacto de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de covid-19.

El 61% de ellas informó que ha observado un cambio en la naturaleza y magnitud de las poblaciones a las que atienden a raíz de estos fenómenos.

El 69% reportó alguna dificultad para operar y ofrecer sus servicios durante la pandemia de covid.

Estas incluyeron la reducción en las fuentes de ingresos (45%), dificultades en el pago de gastos (30%), fuga de personal (17%), contagio de algún empleado (9.6%) y dificultad para el pago de nómina (9.4%).

El 20% recibió alguna asignación de fondos específica para atender la situación del covid-19, pero el 14.4% informó que tuvo que tomar algún tipo de préstamo para mantener su operación durante ese periodo.

Entre los datos que se incluyen en el escrito, publicado en el más reciente número de la revista Perspectiva, que publica ETI, está que estas organizaciones son también impactadas por la crisis fiscal del país, que provocó que los ingresos promedio en el sector, son 17.7% menores, mientras que 44.3% de las que reciben subvenciones gubernamentales han enfrentado problemas con el flujo de efectivo, y apenas 6.4% cuenta con algún producto o mecanismo de financiamiento para su operación.

El escrito resalta el importante papel de este sector y señala que “a través de su gestión contribuyen a darle visibilidad a las necesidades y problemas sociales que nos afectan como País y a tomar acción, promoviendo también la innovación social”.

El Tercer Sector, agrega el documento, “provee, además, una plataforma para una sociedad más participativa y democrática al servir como un espacio en el cual personas de distintos trasfondos se unen en una causa común y abogan por un desarrollo solidario, justo y sostenible”.

Se aclaró que el estudio cubre solo aquellas inscritas como corporaciones sin fines de lucro, corporaciones especiales de desarrollo municipal, cooperativas de servicios y fideicomisos, que proveen servicios directos a la población.

No se incluyen como parte de la definición operacional los partidos políticos, fondos de pensiones y los consejos de titulares que se organizan con el único propósito de administrar un bien inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal.

Entre las recomendaciones que surgen del estudio están la necesidad de establecer una política pública y marco institucional para viabilizar la operación y colaboración del sector, fortalecer la estructura administrativa, operacional y programática de las OSFL y de las estructuras de colaboración entre ellas y, finalmente, la importancia de la promoción de la labor del Tercer Sector para fomentar la filantropía.

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