El Centro para la Nueva Economía, no obstante, advierte que la transición trae nuevos requisitos y, aunque amplía la cubierta, podría reducir los ingresos de algunos sectores.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) endosó los esfuerzos que se realizan para que el Programa de Asistencia Económica (PAN) se sustituya con el más amplio Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés), pero advirtió que dicha transición trae nuevos requisitos y, aunque amplía la cubierta, podría reducir los ingresos de algunos sectores.

“Parece que los beneficios de implementar el SNAP en Puerto Rico superan los costos, siempre y cuando se tomen medidas adecuadas para tratar de proteger a, o reducir el impacto sobre, aquellos que puedan verse afectados negativamente por la transición del PAN al SNAP”, concluye la entidad.

“Además hay otro argumento a favor de extender el SNAP para Puerto Rico, más allá de un análisis puramente utilitario de costo-beneficio. Poner fin a la discriminación del Congreso contra los residentes de Puerto Rico en la aplicación de los programas de asistencia nutricional es un bien en sí mismo”, agrega el escrito preparado por el el director de Política Pública, Sergio M. Marxuach, y publicado en el CNE Review del mes de agosto.

Se recuerda que dicho programa actualmente opera en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses de Guam y las Islas Vírgenes.

“En una transición como la que se propone, siempre habrá ganadores y perdedores pero debemos tratar de minimizar las consecuencias negativas que enfrentarían grupos particulares”, agrega Marxuach.

Luego de evaluar la situación actual de la seguridad alimentaria en Puerto Rico, el escrito compara ambos programas y establece las ventajas y retos principales.

Entre los beneficios de la transición del PAN al SNAP, menciona que el financiamiento para asistencia nutricional aumentaría significativamente bajo el segundo, de aproximadamente $2,600 millones en el Año Fiscal 2023 a $4,500 millones en el Año Fiscal 2031.

También que el número de beneficiarios aumentaría entre un 9% y un 12% (dependiendo de las normas que se adopten); y que la cantidad máxima del beneficio que reciben estos beneficiarios puede llegar a ser en algunos casos el doble de la cantidad actualmente disponible en el marco del PAN.

Cita un estudio de viabilidad preparado para el Departamento de Agricultura federal, que es la agencia que administra ambos programas, que concluyó que, excluyendo los ajustes a los beneficios del PAN y del SNAP como resultado de la pandemia de COVID-19, el beneficio máximo del PAN en el año fiscal 2021 fue el 59% del beneficio máximo del SNAP. Esta tendencia, agrega, “fue similar para hogares de todos los tamaños".

Finalmente indica que el aumento del gasto en nutrición tendría un efecto multiplicador de ingresos positivo en la economía local, tanto en el sector de la venta de alimentos como en el sector agrícola local, así como un impacto positivo en el empleo general.

Por otro lado, los retos que impone esa transición incluyen que los costos de implementación podrían superar los $400 millones en un periodo de diez años, y que la administración del SNAP, tras su puesta en marcha, tendría un costo estimado de entre $249 y $414 millones, sobre una base anual. Aclara, sin embargo, que la parte federal asumirá el 54% de estos costos.

Igualmente se advierte que algunos grupos de beneficiarios del PAN podrían perder la elegibilidad para la asistencia nutricional o calificar sólo para beneficios menores.

Requisitos de Trabajo

Resalta el análisis el hecho de que el PAN no impone ningún requisito de trabajo, pero, sin embargo, el SNAP tiene un requisito de trabajo general, así como un requisito de trabajo específico para los Adultos Físicamente Capaces sin Dependientes.

En general, explican, "todos los participantes del SNAP de entre 16 y 59 años que no cumplan los criterios federales de exención están obligados a inscribirse para trabajar; participar en el programa de asistencia laboral o en el programa SNAP E&T si así lo exige la agencia estatal; aceptar una oferta de empleo de buena fe; y no renunciar voluntariamente ni reducir las horas de trabajo por debajo de las 30 horas semanales".

Apunta que el gobierno de Puerto Rico tendría que aplicar estos requisitos de trabajo en el marco del SNAP y advierte, que en la mayoría de los casos, el incumplimiento de los requisitos de trabajo hace que se pierda la elegibilidad para el SNAP.