Para garantizar la “seguridad alimentaria” del país.

El sector privado de Puerto Rico reiteró este miércoles su reclamo para que se incluya a la Isla en el programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para garantizar de esa forma la “seguridad alimentaria” del país y lograr la paridad con el trato que reciben las Islas Vírgenes, Guam y el Distrito de Columbia.

El llamado se hizo en esta ocasión en una actividad de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) en la que la portavoz de la Coalición para la Seguridad Alimentaria, Lilliam Rodríguez, y el presidente y CEO de Supermercados Econo, Eduardo Marxuach, expusieron los contrastes entre la situación de la Isla y el resto de Estados Unidos que recibe los beneficios de SNAP, y explicaron las razones que justifican la petición.

El economista Gustavo Vélez también participó del panel y expuso las condiciones económicas en que se encuentra la Isla y la importancia en este momento de ese tipo de subsidio.

Esta Coalición, se indicó, cuenta con sobre 80 organizaciones del sector privado, del sector sin fines de lucro y entidades de estudio e investigación (think tanks).

Vélez sostuvo que el Programa de Asistencia Nutricional, que es el que aplica hoy a Puerto Rico, beneficia a 1.5 millones de participantes, de los cuales el 22% tienen entre 0 y 17 años; el grupo de 18 a 24 años representan el 10% de ese universo, mientras que los mayores de 60 años son el grupo mayor con un 28%.

Indicó que luego de las aportaciones especiales por el covid, que llevaron el PAN a $3,800 millones en el 2021, ya este año se normalizó el flujo de fondos y ahora esa aportación será de $2,600 millones, tras el retiro de los fondos adicionales.

En ese contexto recordó que la inflación está golpeando a los consumidores de bajos ingresos, y los alimentos son, junto con la energía, los dos sectores de mayores alzas en precios.

“Momento para impulsar el cambio”

Marxuach recordó, por su parte, que para lograr esa transición hay que cambiar la legislación federal conocida como el Farm Bill, algo que está programado para el 2023. “Hay consenso entre todo el mundo que la oportunidad es ahora”, dijo.

Rodríguez explicó la diferencia entre el NAP y el SNAP, y señaló que el primero es una aportación en bloque con un tope establecido, mientras que el segundo sube con el incremento en el número de beneficiados y otros criterios. Además, indicó que el SNAP, cuando hay un desastre, aporta fondos para las familias.

Marxuach agregó que “el SNAP ha ido aumentando a lo largo de los años y los cambios en el NAP han sido mínimos”.

Uno de los argumentos más poderosos para promover el cambio, precisó Rodríguez, es que este programa está diseñado para ayudar a los agricultores y apoyar el desarrollo agrícola en Estados Unidos y Puerto Rico ocupa segundas y terceras posiciones en las compras de 10 de los principales productos agrícolas de Estados Unidos detrás de Canadá y México. En algunos casos es el principal importador.

Indicaron que la aportación del NAP bajará ahora a $140 para una sola persona (era de $198 con los fondos adicionales por el Covid), $257 para familia de dos ($359), $368 para tres ($512) y $460 para cuatro ($646).

Presentó Rodríguez una comparación entre lo que reciben los residentes de Islas Vírgenes, Guam, el DC y los estados, con lo que reciben los residentes de la Isla. Dramatizó el contraste con las vecinas Islas Vírgenes, donde –por ejemplo- en el caso de una sola persona, mientras en Puerto Rico el NAP paga $140 mensuales, el SNAP paga allá, a esa misma persona, $322 mensuales.

Tomará Tiempo el cambio

La invitación a trabajar junto al gobierno y las organizaciones que integran la Coalición fue reiterada ante la discusión el próximo año de posibles cambios al Farm Bill.

La premura tiene que ver conque, según un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es la agencia que maneja estos programas, el cambio de NAP a SNAP si se aprobara para Puerto Rico, podría tomar hasta 10 años su implantación.

Tendrá además un costo estimado que fluctúa entre $340 a $400 millones para re-entrenar el personal y transformar los sistemas actuales.

“Los puertorriqueños continúan experimentando inseguridad alimentaria como resultado de su exclusión del Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP). SNAP. Estas disparidades necesitan acción legislative para integrar a Puerto Rico al SNAP”, concluyeron.

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