Ayuda Legal también alertó sobre la práctica de sacar a familias para promover alquileres a corto plazo, problemática sobre la que el CNE advirtió ya consecuencias.

Los desahucios por impago suben como la espuma en el país, a raíz de la crisis económica que atraviesa la Isla.

De acuerdo con datos que maneja Ayuda Legal de Puerto Rico, en lo que va del año se reportan 970 casos. En todo el año 2021, la cifra llegó a los 755, por lo que se puede ver la dramática alza en los desahucios.

No es lo único, ya que según Ariadna Michelle Godreau Aubert, fundadora y directora de la entidad, “también se han acelerado las amenazas de desalojos y las alzas en las rentas".

"Es lo que podemos ver de los datos que hemos examinado los expedientes de los tribunales, porque las demandas han aumentado", sostuvo la licenciada.

Para la abogada, "no puede ser que el dueño de una propiedad vaya y cierre con candado una residencia y deje dentro todo lo de la persona que está alquilando. O que el inquilino suba el arriendo de una propiedad de forma abrupta, de un mes a otro".

Además, según Godreau Aubert, gracias a datos recopilados manualmente por la agrupación se concluye que en el 94% de los casos de desahucio por impago, la parte demandada no cuenta con representación legal.

Detalló que, en el caso de los dueños de propiedades, el 63 por ciento sí cuenta con representación legal.

Sobre el tema, la vocera recordó que "las personas que alquilan sí tienen derechos, pero las leyes lo que han es desincentivar esa defensa, que no se pone en práctica o no se hace de forma adecuada. Hay una impunidad de parte de los caseros".

“En contraste, las políticas públicas en favor de personas inquilinas no se mueven”, acotó, lo mismo que la práctica "de sacar a familias para promover alquileres a corto plazo”.

Al respecto, se refirió a un estudio en marcha del Centro para la Nueva Economía (CNE), que ya ha alcanzado algunas conclusiones.

Según la investigación sobre el mercado de alquiler a corto plazo en Puerto Rico, el huracán María fue un punto de "inflexión" que ha llevado a cambios "significativos "en el sector inmobiliario de Puerto Rico.

La entidad, interesada ​​en obtener una comprensión "profunda" de cómo la rápida expansión de los alquileres de propiedades a plazo (a través de plataformas como Airbnb, Home Away, etc.) ha contribuido a distintos cambios de vecindario (gentrificación y desplazamientos) en un número creciente de comunidades, ya obtuvo resultados con el estadio.

"Algunos resultados iniciales de nuestro análisis muestran que por cada 10 % de aumento en el número total de unidades dedicadas a alquileres a corto plazo en un vecindario las rentas medianas aumentan al menos un 5%, el precio de compra unitario (en dólares por pie cuadrado) suben un 23 % y el volumen de ventas en un barrio aumenta un 1%", indica el documento del CNE.

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A raíz de la situación con los alquileres, la organización, que promueve la educación y el apoyo legal gratuito en temas de vivienda digna y recuperación justa, lleva a cabo un censo para conocer el perfil, las experiencias y las necesidades legales de las familias que alquilan en Puerto Rico.

Para la portavoz de Ayuda Legal, el instrumento “visibilizará más aún esa crisis profunda tan negada por esferas públicas y privadas”.

Con el esfuerzo, la organización aspira a diseñar y abogar por la aprobación e implementación de políticas públicas en protección de los alquileres dignos.

El censo busca conocer la situación de quienes hayan experimentado acciones de desahucio en los últimos cinco años.

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Sobre la encuesta, es anónima y está abierta a personas inquilinas y caseras. Está disponible de forma virtual en el enlace https://bit.ly/censoalquileres o pulsando aquí.

También se harán disponibles versiones en papel en las brigadas, actividades comunitarias y eventos auspiciados por la organización.

El censo podrá completarse hasta el 30 de agosto y a partir de entonces se conformará un informe público con los principales hallazgos.