Siguen las negociaciones y todo indica que se mantiene el tranque en la legislatura.

El presupuesto recomendado para el próximo año fiscal no fue aprobado anoche en la Cámara, incumpliendo así con el límite impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que había dado hasta ayer, lunes, a la legislatura, para aprobar el proyecto.

En la sesión de ayer en la Cámara, pasadas las 11:00 de la noche, se informó que se recesaban los trabajos hasta hoy, a las 5:00 de la tarde, sin que se avalara el presupuesto como estaba proyectado y según había asegurado el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.

Después de que el pasado 15 de junio el proyecto del presupuesto (el sustitutivo de las resoluciones conjuntas de la Cámara 307 y 337) fuera del Senado a un comité de conferencia, se esperaba que fuera avalado en la Cámara, lo que sorpresivamente no ocurrió.

La Legislatura tenía hasta ayer para enviar a la JSF la versión final del presupuesto.

El ente fiscal tiene hasta el 30 de junio para dar el visto bueno y que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia lo firme y convierta en ley.

El presupuesto comienza a correr a partir de este viernes, primero de julio.

Debido a advertencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que estableció que el borrador del presupuesto no cumplía con el plan fiscal, por lo que amenazaba con adoptar y certificar su propio presupuesto si no se aprobaba antes de medianoche en los cuerpos, habían comenzado negociaciones en la legislatura.

Las negociaciones, en el comité de conferencia primero, y luego, a última hora, entre el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, surgieron a raíz de que el presupuesto que proponía la Legislatura era de $12,573 millones, mientras que la JSF planteaba que debía ser de $12,473 millones.

Las diferencias estaban relacionadas con los fondos destinados a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.

Para el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos Méndez Núñez, el problema estriba en que el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, busca “amarrar la medida sobre el impuesto a las foráneas al presupuesto” y “como las estaban confeccionando” es inconstitucional.

Mientras, Hernández Montañez había expresado horas antes que se habían “cortado” los cien millones que provocaban el descuadre.

“Se cortaron $100 millones, se hizo una redistribución de algunas partidas y ajustes que eran prioritarios, y que surgieron durante el proceso de vistas públicas”, dijo el legislador, quien aseguró que estaban los fondos para financiar el Fondo de Reingeniería Municipal y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Detalló que había unos “señalamientos” de la JSF sobre las enmiendas incluidas al texto, pero según el político se analizaron para que estuvieran “alineadas” con la postura de la Junta, el organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico, algo que aparentemente no se pudo lograr.

Tampoco aprobó anoche medida que sustituye impuesto a foráneas

La Cámara tampoco avaló anoche el proyecto 1367, medida que sustituye el impuesto especial a las empresas foráneas por la contribución sobre ingresos.

El proyecto había sido aprobado el pasado sábado en el Senado con enmiendas (por ejemplo, se eliminaron privilegios de exención a recipientes de determinadas leyes de beneficios contributivos), por lo que debía pasar nuevamente a la Cámara , que no atendió ayer el informe del comité de conferencia.

Todo parece indicar, a la luz de la reacción de varios políticos anoche, que la medida es la piedra de tope para aprobar el presupuesto, ya que en la Cámara se buscaría aprobar tanto el presupuesto como la pieza legislativa de las foráneas de forma simultánea (se consideraría que, de otra forma, habría inconvenientes con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los recaudos).

Sobre la medida, el cambio es obligatorio, ya que el Tesoro Federal ha sostenido que el crédito bajo la Ley 154 de 2010 (conocido como el impuesto a las foráneas) no será otorgado a partir de diciembre de 2022.

Desde la fecha de surgimiento del impuesto su existencia ha estado supeditada a que el Tesoro Federal conceda un crédito a estas empresas en la planilla federal.

Ahora, el objetivo del proyecto es proveer un mecanismo legal a las empresas que hoy están sujetas al impuesto de la Ley 154 y abrir así las puertas a mayores oportunidades y condiciones laborales.

Las empresas, en adelante, pagarán como lo hacen las compañías no foráneas, es decir con impuestos de contribución sobre ingresos, para lo que se ha creado un sistema de niveles que determina los desembolsos de acuerdo con el volumen de ventas y la cantidad de empleos.

En la legislatura se ha concluido que el nuevo modelo permitirá un rendimiento de cerca de $1,600 millones, a diferencia del actual sistema,que ronda los $1,370 millones.

Además, el proyecto de la Cámara 1367 contempla medidas para contrarrestar el recorte de $44 millones que busca la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al Fondo de Equiparación.