Tras la publicación del más reciente informe de Hacienda sobre los costos de los incentivos contributivos, la Junta de Supervisión Fiscal renueva llamado a no usarlos como estrategia de desarrollo económico.

El pueblo de Puerto Rico deja de recibir $23,700 millones en contribuciones, el doble de su presupuesto actual, por incentivos contributivos que se han usado por décadas para activar el desarrollo económico, pero que nadie ha medido cuánta actividad económica realmente generan y que ahora la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asegura que provocan una carga contributiva excesiva para otros contribuyentes.

La JSF reiteró su postura en contra de los códigos contributivos fuera de control en una carta el viernes en la que comentan el más reciente Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda, un documento que se comenzó a publicar en 2019 y que se supone calcule precisamente cuántos incentivos contributivos hay activos y cuánta cantidad de dinero deja de recibir el fisco por estos.

A estos incentivos se les conoce formalmente como "gastos tributarios (o fiscales)", una denominación que persigue reflejar la realidad de que es dinero que, pudiendo entrar, no entra al presupuesto por lo que es un "gasto" y no algo inofensivo a las finanzas públicas. Ocurren en la forma de créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales y existen en decenas de renglones de actividad económica, incluyendo áreas como las producciones cinematográficas, beneficiando tanto a individuos como a corporaciones.

"Hay un consenso general, y fuerte, en Puerto Rico de que la ventaja competitiva del Gobierno de Puerto Rico en términos de atraer inversión radica en sus incentivos contributivos. Sin embargo, esta herramienta ha sido abusada y, de hecho, puede estar desincentivando la posible inversión", indicó la Junta en su llamado a que el gobierno deje de usar los incentivos como la base de su plan económico.

"La magnitud de incentivos que (Puerto Rico) ofrece en su código contributivo está introduciendo al sistema contributivo unas distorsiones y falta de uniformidad brutales y contribuyen significativamente al desarrollo de un régimen contributivo antipático... Estos incentivos generalizados y de aplicación muy particular fuerzan al gobierno a imponer una estructura de tasas contributivas altamente distorsionadoras (con tasas contributivas corporativas tan altas como 37.5%) en el resto de la base contributiva comercial", añade el ente fiscal al recordarle a Hacienda que uno de los propósitos principales del informe es que el departamento evalúe el rendimiento de cada incentivo y se le pueda poner fecha de expiración a los que no valen la pena.

La postura de la Junta está alineada con la que ha surgido también de fiscalizadores de la gestión gubernamental como la entidad Espacios Abiertos (EA), que tan reciente como a principios del mes pasado presentó su propio análisis del Informe de Gastos Tributarios para pedir mayor transparencia y controles en el uso de esa herramienta contributiva.

Según la entidad, Puerto Rico otorga tantos, y tan cuantiosos, incentivos que su impacto en la economía es el mayor en comparación con 29 jurisdicciones de Estados Unidos y 92 países alrededor del mundo. EA reclamó en los tribunales, hasta el Supremo, la publicación de estos gastos tributarios y resaltó que todavía el informe no incluye todos los incentivos que están vigentes en la isla.

"[A]bogamos por una ley que requiera la preparación de un informe de gastos fiscales que incluya las mejores prácticas de divulgación donde se incluyan todos los gastos con su impacto fiscal correspondiente. Y este informe no estaría completo si no incluye la evaluación del rendimiento de cada gasto y cómo estos afectan social y económicamente a Puerto Rico”, dijo Daniel Santamaría Ots, analista senior de Política Pública de EA.

En su carta, la Junta también señala a Hacienda deficiencias que debe atender en la próxima edición del informe anual.

Para comenzar, los datos base que se usan para el informe son de hace cinco años, no están actualizados. También, aunque por primera vez se incluyen datos de incentivos incluidos en la reforma contributiva de 2018 y en el nuevo Código de Incentivos (Ley 60), no incluye otros incentivos como los que aplican a la propiedad y las patentes municipales. La Junta estima que, tan solo en el renglón de propiedad, los gastos fiscales aumentarían por $1,200 millones.

El informe identifica 438 incentivos que suman $23,700 millones, lo que es un aumento de los $22,500 millones que se identificaron en el primer informe para 2017. La tasa preferencial otorgada a las empresas de manufactura que operan en la isla es uno de los principales con un costo de $14,800 millones. Luego la Junta resalta las exenciones del Impuesto sobre las Ventas y Uso a la comida ($820 millones), servicios de salud ($785 millones) y servicios educativos ($717 millones), así como las tasas preferenciales en contribuciones sobre ingreso para inversionistas residentes bajo la Ley 22 ($342 millones).

Cuando se mide qué proporción del Producto Bruto Doméstico (PBD) representan estos gastos tributarios, Puerto Rico tiene la primera posición a nivel mundial, por mucho. En la isla estos gastos representan el 20% del PBD, mientras que en el Reino Unido, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, representan 8.1%, en Estados Unidos el 6.6% y en Argentina, que pasó por un proceso de quiebra similar al de la isla, representan 2.6%.

Desde el punto de vista de cómo compara el dinero regalado en incentivos con el dinero que de verdad se recauda cada año, en solo dos jurisdicciones de Estados Unidos los incentivos representan más de lo recaudado. En Michigan es 111% de lo recaudado y en Puerto Rico es 181%.

Para ver la carta de la Junta con el informe de gastos tributarios, pulse aquí.