La Oficina de Control de Activos Extranjeros multó al principal banco de la Isla, pero tomó en cuenta que el mismo banco reportó las irregularidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro federal, anunció que llegó a un acuerdo con el Banco Popular mediante el que la principal institución financiera de la Isla paga una multa de $255,937.86 por violaciones a la prohibición de tener cuentas y realizar transacciones relacionadas con personal del gobierno de Venezuela.

Según el comunicado de OFAC, Popular tenía cuatro cuentas de dos "empleados de bajo nivel" del gobierno venezolano a través de las que se realizaron 337 transacciones con valor de $853,126.

La multa que aplicaba originalmente era $105.3 millones, pero la cantidad acordada refleja la determinación de OFAC de que el banco cooperó con la investigación y que las violaciones "no fueron flagrantes y fueron auto reportadas". OFAC también tomó en cuenta que al banco le tomó 14 meses detectar las cuentas después de que en agosto de 2019 el expresidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que prohibió las transacciones en el sistema bancario americano de personas directa o indirectamente relacionadas con el gobierno venezolano.

El comunicado especifica que el banco no actuó a pesar de que, desde el principio de la vigencia de la orden ejecutiva, tenían la información que indicaba que uno de los clientes era un empleado clerical en la Oficina de Representación Diplomática del gobierno venezolano y otro era un representante de servicio de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), una entidad propiedad del gobierno venezolano.

El banco congeló las cuentas de los empleados y reforzó sus controles, según OFAC.

En 2003, el Banco Popular pagó una multa de $21.6 millones para resolver una investigación criminal del Departamento de Justicia debido a que la falta de controles que tenían en ese momento había facilitado el lavado de $20 millones de ingresos de narcotráfico entre 1995 y 1998.

Actualmente, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico mantiene una investigación cuyo elemento principal es que un no ciudadano de Estados Unidos, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, realizó donativos políticos, particularmente a la campaña primarista de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. A la vez, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras mantiene una orden de liquidación contra el banco de Herrera Velutini en la Isla, Bancrédito International Bank & Trust por irregularidades en la cuenta del dueño del banco.

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