El Centro para una Nueva Economía elaboró cinco puntos clave que deben cumplirse para que dicho acuerdo resulte efectivo para la agencia y beneficioso para el país.

El nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe ser resultado de un proceso de mediación inclusivo y debe garantizar que la corporación pública mantenga su capacidad económica para operar sin alzas tarifarias para sus clientes, sostuvo el Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio M. Marxuach, al resumir la posición de la entidad.

Marxuach detalló cinco condiciones que deben cumplirse para que dicho acuerdo resulte efectivo para la AEE y beneficioso para el país.

Recordó que el pasado 8 de marzo de 2022, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), emitió una notificación indicando que daba por terminado el Acuerdo Definitivo de Apoyo a la Reestructuración de la Deuda que se alcanzó el 3 de mayo de 2019, y que este fue fue el tercer intento fallido de reestructurar al menos una parte de la deuda de la AEE.

Marxuach coincidió con la decisión de anular el acuerdo ya que no era una buena transacción para Puerto Rico.

“Sus términos y condiciones eran excesivamente generosos con los acreedores; desalentaba la transición a la generación renovable distribuida; había incertidumbre en cuanto a si brindada el alivio de la deuda necesario para mantener a la AEE como una empresa solvente, evitando otra reestructuración en el corto y mediano plazo; y, con toda probabilidad, habría dado lugar a un aumento significativo de las tarifas para los contribuyentes puertorriqueños en las próximas décadas”, indicó.

Las cinco condiciones que según el CNE deben cumplirse para que un acuerdo resulte exitoso incluyen tener en cuenta el ambiente complicado en el que opera la AEE; que el resultado sea una AEE reestructurada que sea solvente; reducir las obligaciones totales de la AEE en al menos un 44%; el pago de estas debe estar basado en un gravamen de ingresos netos sobre los ingresos de la AEE; y minimizar cualquier aumento de tarifas para pagar la deuda.

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Respecto al ambiente complicado en que opera la AEE, señaló que ésta funciona en una economía que ha mostrado poco o ningún crecimiento durante 15 años; con una población en declive y una base industrial que se encoge.

Altos costos

También instó a reconocer que los altos costos de los combustibles y las presiones inflacionarias generales prevalecerán a corto y mediano plazo debido a las secuelas de la epidemia de covid-19 y la guerra en Ucrania; y que Puerto Rico tiene un sistema de transmisión y distribución frágil que necesita, esencialmente, ser reconstruido en su totalidad.

Finalmente indicó que la AEE está dirigida por un equipo administrativo en gran medida ineficaz, que ha sido manchado por la corrupción en el pasado, y tradicionalmente ha sido dirigido por cuadros políticos.

Sobre la segunda condición expresó una AEE reestructurada debe ser una entidad solvente, al menos técnicamente. “Si la AEE sigue siendo insolvente, incluso después de salir del proceso de negociación, entonces es cuestionable si el plan de ajuste sería confirmado por el Tribunal”, dijo.

Es en ese contexto que se presenta la tercera condición de que la reducción de la deuda, por lo tanto, tiene que ser drástica. Señala que según el Informe Mensual de la AEE a su Junta de Gobierno para el mes de diciembre de 2021, los pasivos de la AEE sumaron $18,100 millones, mientras que sus activos sumaron $10,100 millones, una diferencia de $8,000 millones. “En teoría, entonces, esa es la cantidad mínima - $8,000 millones o 44% de todos los pasivos - por la cual todas las obligaciones de la AEE tendrían que ser reducidas para mantenerla como una empresa mínimamente sostenible después de la reestructuración”.

La propuesta de eliminar la estructura de titularización se basa en que bajo los términos del RSA recientemente rescindido, las partes del acuerdo habrían intercambiado sus bonos existentes por bonos nuevos que serían emitidos por una "corporación pública de propósito especial”, que sería una entidad corporativa y política independiente y separada del Gobierno de Puerto Rico, la AEE y cualquier otra Entidad Gubernamental”.

Entonces el repago de esos bonos nuevos estaba asegurado por un gravamen en el flujo de efectivo futuro generado por la AEE mediante la imposición de un Cargo de Transición. Este, recordó, sería un cargo especial que se añadiría a las facturas de los consumidores de la AEE y fue diseñado para aumentar con el tiempo, desde 2.768 c/kWh durante el primer año fiscal después de la emisión de los Bonos Nuevos hasta alcanzar la cantidad de 4.552 c/kWh durante el año fiscal 2044 y después.

Explicó que los bonos existentes de la AEE son "bonos de ingresos especiales" que son comúnmente emitidos por agencias gubernamentales que proveen servicios básicos como transportación, agua, alcantarillado, electricidad, gas para calefacción, etc. La garantía de repago de estos bonos, al igual que la de los bonos existentes de la AEE, es un gravamen sobre los ingresos netos (después del pago de los costos operacionales) generados por el emisor.

“No vemos ninguna razón para mejorar esta estructura de garantía o para modificar sustancialmente las prioridades relativas de repago actuales de la AEE, a menos que los acreedores proporcionen una infusión de dinero nuevo, algo análogo a un financiamiento de deudor en posesión, o alguna otra consideración similar”, expresó Marxuach.

La quinta condición esbozada es que hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las tarifas para pagar la deuda tendrá consecuencias económicas negativas, ya que los precios de la electricidad afectan la actividad económica y la actividad económica afecta los precios de la electricidad.

Sostuvo que “bajo el RSA de 2019, la AEE habría comenzado a facturar el Cargo de Transición a corto plazo, mientras que cualquier ahorro derivado del cambio a fuentes de combustible más baratas y otras medidas de ahorro probablemente habría tardado varios años en materializarse”.

Cualquier acuerdo que no cumpla con esas recomendaciones, concluyó Marxuach, “probablemente resultará en una reestructuración defectuosa de la deuda, levantando el espectro de una nueva quiebra dentro de los próximos cinco años”.