Cuando comenzó el caso de quiebras en 2017, el Gobierno de Puerto Rico había encontrado varias maneras de burlar el límite de deuda que establece la Constitución del Estado Libre Asociado y habían cavado un hoyo de $70,000 millones en acreencias del cual se pretende comenzar a salir hoy con la ejecución del Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

Y aunque algunos funcionarios públicos y hasta el miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Justin Peterson, ya anticipan el momento en que la isla pueda volver a los mercados financieros para endedudarse otra vez, el plan que confirmó la jueza Laura Taylor Swain tiene un nuevo esquema sobre emisión de deuda que anula a la Constitución en ese tema, por lo menos mientras esté vigente el PAD.

El cambio neurálgico está en el tope de deuda. Mientras que la Constitución dice que no se puede tomar prestado una cantidad que sea mayor al 15% del promedio del monto total de ingresos del gobierno en los dos años previos al préstamo, el PAD reduce ese tope al 7.94% de los ingresos del año anterior. Por decisión del tribunal, el PAD va automáticamente por encima de cualquier ley incompatible, incluyendo la Constitución.

A esta limitación se añade una nueva definición de lo que se considera "deuda". Mientras que la creación de múltiples entidades "autónomas" del gobierno, como COFINA (y el Impuesto sobre las Ventas y Uso), fue el mecanismo favorito para evadir lo que se consideraba deuda del gobierno central, el PAD define "deuda apoyada con impuestos" de una manera que ahora cubre gobierno central (Obligaciones Generales), la deuda reestructurada de COFINA y "cualquier deuda que el gobierno pueda emitir en el futuro que esté apoyada con impuestos". De esta manera hay una limitación en el tope y una ampliación de lo que cae dentro de la definición de deuda para evitar que el tope sea burlado creando vías nuevas de endeudarse que todas acaban en el bolsillo del contribuyente.

Esto es parte de la Política de Manejo de Deuda que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) debe escribir, y la JSF aprobar, para establecer los límites del endeudamiento público a futuro.

Además de los límites mencionados, la política debe especificar que: cualquier deuda nueva de largo plazo es solo para mejoras capitales (no para cubrir gastos recurrentes como ocurría antes de la quiebra), la deuda nueva debe amortizar dentro de los dos a cinco años siguientes a la emisión, la deuda nueva no puede exceder de 30 años de repago y cualquier refinanciamiento de deuda debe proveer ahorros en el flujo de caja en cada año fiscal y producir ahorros positivos a valor presente.

El proceso de desarrollar e implantar la política llega hasta junio de 2023 e incluye revisión y publicación anual que detalle los niveles y tipo de deuda del gobierno así como auditorías anuales de la misma.

Como la política está incluida en el PAD, el tribunal de quiebras mantiene jurisdicción y cualquier parte concernida puede impugnar legalmente cualquier endeudamiento en el que el gobierno incurra sin cumplir con la política.

Aún el desarrollo de la política de por sí no es requisito único para el proceso de emitir deuda. El gobierno tiene también que cubrir con otros requisitos técnicos, como tener al día sus estados financieros auditados, los que actualmente no están al día.

El Plan Fiscal aprobado prevé que el gobierno no tendrá necesidad de endeudamiento por los próximos cinco años. Tras la efectividad del PAD, se indicó que el nivel de endeudamiento del gobierno está en 6.5%, de los 7.94% autorizados.

Esa proyección, y el nuevo esquema para autorizar deuda, abonan a una estadía de largo plazo para la Junta todavía ya que uno de los requisitos para la disolución del ente es que el gobierno de la isla vuelva a acceder exitosamente y en términos favorecedores al mercado financiero.