Con la ejecución este martes del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) correspondiente al gobierno central, el proceso del gobierno entra en un punto de no retorno ya que, aunque el mismo está impugnado en los tribunales, una vez se hagan pagos hoy a distintos acreedores por valor de $10,000 millones, resultaría imposible deshacerlos.

Así se expresó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, en un encuentro con periodistas para explicar la ejecución del PAD, que intentó ser detenida por agrupaciones magisteriales. Sin embargo, el Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó la semana pasada que la ejecución del plan sigue adelante aún cuando se mantengan pendientes las apelaciones que se han presentado contra el PAD.

"Una vez los bonos están emitidos, están emitidos", afirmó el abogado de la JSF, Paul Possinger, a la vez que Jaresko planteó que si el tribunal revocara alguna parte del plan, quedaría el remedio de volver a sentarse con el gobierno para rehacer la asignación de recursos que queda, aunque adelantó que no prevé posible hacer más recortes.

Con la ejecución del PAD, se da un paso a lo desconocido, porque es la reestructuración de deuda pública más grande en la jurisdicción de los Estados Unidos, lo que siempre ha teñido el proceso con un tinte de experimento y de modelo. El martes, el gobierno de Puerto Rico se convierte en una "entidad reestructurada" y que ha salido oficialmente de la quiebra. El primer pago de deuda oficial bajo el PAD ocurre el 1 de julio próximo.

"Ejecutar" el plan significa, primordialmente, los primeros pagos a acreedores del gobierno central desde 2016. La mayor parte del dinero va a ir a bonistas que intercambian sus papeles de deuda viejos por papeles de deuda nuevos, que fue los que autorizó la Asamblea Legislativa con la Ley 53, pero también hay una parte del dinero que se queda en manos de residentes de la isla.

El desglose que proveyó la JSF dispone estos pagos el martes: $8,267 millones para cubrir deudas con los bonistas del gobierno central, la Administración de los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y otros acreedores; $1,491 millones de los cuales $1,376 millones van a las cuentas de los empleados participantes del Sistema 2000 de retiro, $94 millones a las cuentas de ciertos retirados bajo las leyes 1 y 447, $16 millones a empleados de sindicatos que apoyaron el plan y $5 millones que van como fondo semilla para el nuevo fideicomiso de pensiones que se crea en el plan; y $260 millones que van a una reserva para pagar acreedores no asegurados ($200 millones), a centros de medicina alrededor de la isla ($49 millones), a productores de leche Suiza Dairy y Vaquería Tres Monjitas ($10 millones) y para otras reclamaciones ($1 millón).

La cantidad que se considera que se queda en manos locales es unos $1,700 millones (los de empleados, retirados y reclamaciones menores), aunque hay una parte indeterminada de los $8,267 millones a acreedores que también quedan en manos locales porque serían bonistas residentes de Puerto Rico.

"Hay gente que lleva 10 años esperando por resolver estas reclamaciones", dijo Jaresko en referencia a algunos de los acreedores del gobierno.

La directora ejecutiva, que renuncia efectivo el 1 de abril, precisó que la ejecución del plan requirió 170 planes diferentes a cargo de 60 empleados públicos y consultores.

El presidente de la JSF, David Skeel, dijo que han entrevistado candidatos para sustituir a Jaresko pero dejó saber también que se van a tomar su tiempo y que no necesariamente van a tener un sustituto oficial para el 1 de abril.

La salida de Jaresko, y la pérdida de conocimiento institucional y de experiencia en negociaciones que supone, ha sido materia de discusión ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, específicamente por parte de algunos acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en su intento fallido por acelear un proceso de mediación para la reestructuración de esa deuda. Pero Jaresko y Skeel se mostraron confiados en que el equipo de la JSF tiene suficiente profundidad y experiencia para manejar esa reestructuración que, con $9,000 millones, es la que queda de los cinco fuentes de deuda en que se dividió el caso de quiebras.