Sobre 10,200 familias han sido atendidas en el Programa de Títulos.

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, apoyó un proyecto de Ley que persigue crear trámites rápidos para que los solicitantes del Programa de Desarrollo Comunitario para Atender Desastres (CDBG-DR) obtengan con celeridad la titularidad de las propiedades afectadas por los huracanes Irma y María, y los terremotos del 2020.

“Esto es un proyecto que hace justicia social a la gente pobre de Puerto Rico”, expresó Rodríguez al deponer sobre el Proyecto 1063, al que calificó como “un proyecto de vanguardia; un proyecto que trae muchos cambios positivos para Puerto Rico y para las personas de escasos recursos, que son las que buscamos atender”, dijo durante una audiencia pública de la Comisión de Vivienda de la Cámara.

Informó Rodríguez que del universo de un millón de solicitudes, un 60% de las familias no recibieron asistencia a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por algún asunto relacionado con la titularidad de sus residencias.

“Son muchas, pero tenemos una oportunidad increíble en términos de que tenemos los recursos para poder atender esta situación, y lo que necesitamos es esta herramienta adicional que nos permita agilizar los procesos, porque los fondos no van a estar para siempre. Tienen una fecha de caducidad, y debemos utilizarlos en su máximo para poder beneficiar a este sector en particular”, afirmó el funcionario.

El proyecto en cuestión crearía la “Ley para agilizar los procesos bajo el Programa de Autorización de Títulos adscrito al Departamento de la Vivienda, para atender a los damnificados por los huracanes Irma y María y los terremotos del año 2020”; y además de ordenar trámites expeditos para obtener la titularidad de los terrenos y estructuras damnificadas por dichos fenómenos naturales y las respectivas situaciones de emergencia que éstos provocaron, ordena crear procedimientos especiales en el Registro de la Propiedad.

El titular de Vivienda explicó que, desde su implementación, el Programa de Títulos ha visto su progreso restringido por diferentes factores, entre los que mencionó la existencia de partes, como herederos conocidos o desconocidos, cuyo paradero se ignora; la falta de permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que viabilicen las mensuras necesarias y la evolución del proceso dirigido a la obtención del título de la propiedad a uno contencioso.

A pesar de esas dificultades, indicó que hasta la fecha, sobre 10,200 familias fueron atendidas en el Programa de Títulos. Reconoció que, una vez encaminado el proceso bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), uno de los retos con el cual se topa la agencia es que muchas familias muestran resistencia a que sus residencias sean demolidas, pues temen que nunca serán reconstruidas.

“No es fácil llegar a una vivienda y decirle a la familia que le tienen que demoler la casa, y que se la van a reconstruir. Históricamente, cuando eso pasaba, muchas veces no se cumplía al final del día. Nos ha costado crear esa credibilidad y esa confianza”, dijo y aseguró que “sí se está viendo reconstrucción a través de todo Puerto Rico”.

El funcionario se expresó satisfecho con la labor realizada y dijo que, a más de cuatro años de los huracanes Irma y María, unas 3,719 viviendas fueron ya reconstruidas o reparadas, según las estadísticas de la agencia. Agregó que aún quedan pendientes cerca de 10,000 familias elegibles. “El programa está sacando una calidad increíble en términos de vivienda. Veo las terminaciones de lo que nosotros estamos haciendo e incluso son superiores. Estamos haciendo un buen trabajo de calidad que va a ser duradero verdaderamente”, declaró.

Advirtió que todo este panorama lo agudizan las limitaciones de tiempo impuestas por el gobierno federal al uso de los fondos CDBG-DR vinculados con los huracanes de 2017. Informó que el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos (HUD) requiere que el dinero del programa se utilice en un periodo de seis años a partir de la firma del Acuerdo de Subvención.

Deponiendo en la misma audiencia la presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Vanessa de Mari-Monserrate, apoyó también la medida, pero advirtió deben revisarse ciertos requisitos “un poco onerosos” que establece para el notario autorizante.

Igualmente apoyó el proyecto la corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, pero de la misma forma se advirtió en la ponencia de la entidad que la medida no debe confligir con legislaciones especiales vigentes, como la Ley del Registro de la Propiedad Inmueble, o con los derechos de las personas que puedan tener interés propietario.

El presidente de la Comisión de Vivienda, Ange Fourquet Cordero acogió la recomendación y adelantó que, como parte del proceso legislativo, realizará una mesa de trabajo junto a Vivienda y otros componentes con el fin de “armonizar” la iniciativa legislativa con las leyes vigentes de Puerto Rico.

“Quiero atender esto con premura. Yo creo que la próxima semana o dos vamos a tener la primera reunión. Vamos a atender esto de una manera más comprensiva, y creo que el momento es ahora, que tenemos la necesidad y la voluntad de hacerlo”, dijo.

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