Acuerdo interagencial con el gobierno federal sobre reconstrucción resiliente de la red eléctrica depende de consulta extensa con comunidades, pero garantiza fondos pueden ir a soluciones de energía renovable.

El acuerdo federal interagencial firmado ayer garantiza que la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico no será meramente como estaba antes del huracán María, sino en línea con la meta de producir el 100% de energía de fuentes renovables para 2050, pero requerirá participación activa de las comunidades.

De los varios elementos del acuerdo, el más resaltado ha sido la iniciativa PR100, la cual pretende hacer los estudios y modelos necesarios para que el uso de unos $12,000 millones en fondos federales de reconstrucción de la red estén alineados con la política pública de Puerto Rico de lograr que toda su energía venga de fuentes renovables para 2050, según dispuesto en la Ley 17 de 2019.

Según información oficial, el calendario del estudio es: a) para junio de 2022 tener cuatro escenarios iniciales para cumplir con la meta; b) para diciembre de 2022 desarrollar tres de esos escenarios con programas de implementación; y c) para diciembre de 2023 tener esos escenarios modelados extensamente con materiales y talleres desarrollados para su implementación.

No está claro quién decide sobre la implementación real de algunos de esos escenarios pero en Puerto Rico la autoridad legal sobre ese tema es el Negociado de Energía.

Por lo pronto, la movida de ayer del gobierno federal tiene el efecto de aclarar algo que no estaba del todo claro: que los miles de millones en fondos federales disponibles para la reconstrucción no se tienen que usar estrictamente para reconstruir la misma red que María derribó en 2017 sino una red orientada hacia el uso masivo de fuentes de energía renovable.

Para la Administración Biden, el acuerdo encaja con su visión de mover la producción energética hacia alternativas menos dañinas al ambiente y el cambio climático, así como para que los fondos federales sirvan para hacer comunidades más resilientes.

"El lenguaje contenido en el acuerdo permite al gobierno lograr grandes avances en la integración de la energía renovable para asegurar una transformación resiliente, justa y accesible. Ahora queda por ver cómo este acuerdo da forma a los planes de reconstrucción y cómo el gobierno integra de manera directa la inversión federal energía renovable, algo que hasta ahora ha estado ausente en los planes del gobierno ante FEMA", reaccionó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol.

En marzo del año pasado, CAMBIO y Queremos Sol presentaron una propuesta, respaldada por modelos científicos, para que, en espacio de 15 años, la isla pueda generar el 75% de su consumo de energía eléctrica con fuente solar. El plan requiere la instalación de placas fotovoltaicas y baterías en todos los techos residenciales, comerciales y en algunos espacios abiertos como estacionamientos, a la vez que se mantienen una cantidad mínima de plantas generatrices.

Sobre si esta propuesta se viabiliza con el acuerdo, Vila Biaggi argumentó que "entendemos que hace claro que es posible utilizar los fondos federales para la alternativa que proponemos y que establece un compromiso para lograr el objetivo de 100% renovable al 2035, pero no detalla los planes o proyectos específicos".

"El acuerdo hace un llamado importante a la participación pública y a la transparencia y en esto esperamos que se reconozca y adopte el reclamo contundente, sustentado en estudios y hecho realidad en muchas comunidades de que la ruta a seguir para transformar la red es potenciando la energía renovable en techos con almacenamiento", añadió.

"(Los firmantes) reconocen que los esfuerzos de recuperación financiados con fondos federales necesitan ocurrir en el contexto de objetivos energéticos de largo plazo para diseñar sistemas resilientes y sustentables que minimizan las consecuencias adversas de desastres futuros a la vez que se atienden las metas de energía limpia", indica el memorando de entendimiento firmado por el Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Energía federal (DOE en inglés), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), bajo el cual opera la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

La meta es "cumplir con las metas de energía renovable de una manera que acopla metas de recuperación de corto plazo con mitigación a largo plazo contra desastres naturales y los ya evidentes impactos del cambio climático", explicó la secretaria de HUD, Marcia L. Fudge.

Una de las formas en la que el gobierno federal puede influenciar el proceso, como lo está haciendo ya el DOE hace un año, es revisando los parámetros de contratación de proyectos. Bajo esa tutela ya se escogieron los primeros proyectos en la Fase 1 para la adquisición de 1,000 MW de capacidad en recursos de energía renovable y 500 MW de almacenamiento de energía en baterías, incluyendo 150 MW de capacidad a ser provista por plantas de energía virtual compuestas de recursos de generación distribuida, almacenamiento de energía y respuesta en demanda.

Además, y bajo LUMA Energy, se espera que este año se desarrollen 138 proyectos de renovación de la red, que incluyen reparación en subestaciones, reemplazo de luminarias públicas en cinco municipios y la creación de un sistema de alerta temprana para mejorar la seguridad en las represas.

El DOE llevará a cabo una conferencia virtual para la comunidad sobre este acuerdo el 16 de febrero a las 12 del mediodía y el registro se puede hacer a través de este enlace.

Para ver el acuerdo, pulse aquí.

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