Confirmó su secretario Francisco Parés.

Antes de que finalice este año, el Departamento de Hacienda espera tener un cuadro claro sobre el futuro de la polémica Ley 154, que es la que impone el pago de arbitrios a las empresas foráneas, y poder entrar en un nuevo régimen contributivo para éstas en el año fiscal 2023.

“Tenemos que resolver este asunto para este año natural y ojalá se pueda dar en la primera mitad del año 2022 tener el andamiaje legislativo y administrativo del Tesoro (de Estados Unidos) completado y que el Tesoro emita ese reglamento que afectaba la Ley 154, posponiendo sus efectos en Puerto Rico por un año, lo que nos da un espacio para renegociar esos decretos”, dijo ayer el titular de esa agencia, Franciso Paré, ante un foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

Según la proyección del Secretario de Hacienda, antes de que culmine esa primera parte del próximo año se debe aprobar además la legislación que viabilice los procesos de renegociación y consenso entre el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico, y el Departamento de Hacienda, con las empresas concernidas.

“Mi expectativa es que para el 30 de junio de 2022 todo esté cubierto, que ya el gobierno de Puerto Rico tenga el andamiaje para completar todas estas renegociaciones, y poder ya, de una vez y por todas, resolver el asunto de la Ley 154 y eliminar la nube de la quiebra y estar ya listos en el 2023 para implementar ese nuevo régimen contributivo que aplicaría a estas entidades”, dijo.

Parés reconoció la importancia de la aportación que hacen estas empresas al país y a los recaudos del gobierno de Puerto Rico. “Tienen un rendimiento sobre las operaciones del gobierno de Puerto Rico bastante significativo. Hay años en que los recaudos de este arbitrio han superado los $2,000 millones. Este año se estima que debe estar rondanto $1,600 a $1,700 millones”, señaló.

Reiteró que con el propósito de armonizar la visión de Estados Unidos y Puerto Rico y la acreditación de estos taxes, definitivamente hay que mirar una contribuciٔón sobre ingresos sobre las entidades que están haciendo negocios en Puerto Rico y que tengan algún grado de presencia física.

“Eso nos trae a la disyuntiva de que si vamos a migrar a una contribución sobre ingresos, impuesta a la compañía que hace negocios, definitivamente nos coloca en la posicion de tener que renegociar los términos de los decretos (contributivos) suscritos con éstas”, expresó.

Advirtió, por otro lado, que “el gobernador es bien celoso en cuanto a la forma y manera en que se deben abrir estos decretos y nos persuadió al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y a mí de lograr un consenso, para evitar pleitos mayores, y lograr un producto donde las partes podamos llegar a un consenso general y razonable. Hacia ese camino fuimos los primeros meses de este año natural y fuimos desarrollando la relación con el equipo del Tesoro”.

Tras mostrar optimismo por el curso de las negociaciones con el Tesoro y las empresas, levantó la preocupación sobre un elemento que podría impactar negativamente los objetivos de la Isla.

“La transición que vayamos a hacer debe atender unas restricciones a nivel federal sobre pagar taxes voluntariamente. En Estados Unidos, una persona que tiene presencia en el extranjero, si decide pagar voluntariamente contribuciones a esa jurisdicción, viene impedido de acreditar esos impuestos contra las contribuciones federales”, indicó.

Reconoció la contradicción de ello con el hecho de que la tarea de Puerto Rico ha sido lograr un consenso con las empresas para lograr armonizar que los impuestos que se cobren aquí coexistan con los impuestos federales.

Se expresó, sin embargo, confiado de que también ese escollo se podrá superar ante la actitud del Tesoro y del gobierno de Estados Unidos de no afectar adversamente a los territorios con estas medidas. Enumeró incluso varias disposiciones favorables a Puerto Rico que están en el proyecto de Building Back Better, que impulsa el presidente Joe Biden, y que fue aprobado en la Cámara, pero espera acción en el Senado.

“Ya hemos estado en conversaciones con las entidades. Nuestra expectativa es que después de estos cambios se establezca una mayor certeza en Puerto Rico, viendo hasta qué grado podemos llegar con una tasa contributiva. Que se provea un ambiente de mayor certeza en Puerto Rico y podamos salir de esa nube de incertidumbre de la Ley 154, que podamos cobrar un arancel aquí que sea totalmente acreditable en Estados Unidos”, declaró Parés.