La medida fue radicada por el senador y exsecretario de Hacienda , Juan Zaragoza.

Un proyecto que obligaría al gobierno de Puerto Rico a contabilizar y justificar todos los años el costo que tienen los incentivos y exenciones contributivas que se conceden a empresas e individuos y a utilizar esa información para preparar el presupuesto gubernamental, está ante la consideración del Senado.

La medida, el P del S 206, fue radicada por el exsecretario de Hacienda , Juan Zaragoza, que propone que se convierta en la "Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico". La misma dispone la creación del Informe Anual del Gasto Tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Registro Público Oficial de Gastos Tributarios, con el objetivo de “identificar y evaluar todo tipo de privilegio, incentivo contributivo o gasto tributario en el proceso de elaboración del Presupuesto General”.

Ese gasto tributario, dice en su exposición de motivos, “no es otra cosa, que el ingreso que el gobierno deja de recibir como consecuencia de la concesión de créditos contributivos, tasas contributivas preferenciales, exenciones, deducciones, entre otros impuestos condonados mediante legislación”.

Justifica su propuesta Zaragoza en el hecho de que por décadas, tanto la Rama Ejecutiva como la Legislativa han llevado acabo la evaluación y aprobación del Presupuesto sin tomar en consideración uno de los gastos de mayor impacto al erario público, el gasto tributario.

La importancia de este gasto, señala, es tal que duplica los ingresos netos que recibe el Fondo General del gobierno de Puerto Rico.

“Para poner en perspectiva la magnitud de este gasto, en el 2016 el Departamento de Hacienda comisionó el informe a ser utilizado para conocer por primera vez el gasto tributario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para el año contributivo 2017 este gasto representó cerca $20,000 millones. Ese mismo año el Ingreso Neto al Fondo General, rondaba $9,300 millones. En otras palabras, ese año, el gasto tributario era más del doble del Ingreso Neto al Fondo General”, sostiene.

El ex titular de Hacienda reconoce que no todos los gastos tributarios son iguales y que muchos se justifican al incentivar determinadas actividades económicas.

“En cambio, existen actividades cuyo beneficio a la economía, a la sociedad y al fisco no es suficiente como para justificar el otorgamiento de una concesión contributiva que la incentive”, indica.

Asegura Zaragoza que la preparación de este informe anual es de vital importancia para que el Estado y los ciudadanos puedan visualizar el espectro completo de estas concesiones, separando los incentivos que producen un beneficio socio-económico suficiente y necesario de los que no tienen ese impacto.

Al carecer de esa información, el gobierno de Puerto Rico no tiene visibilidad sobre los niveles reales del gasto público, advierte, y resalta que “esta ausencia de datos llama la atención en un País donde la concesión de concesiones y tratos preferenciales son la orden del día. De ordinario, la Asamblea Legislativa presenta y aprueba legislación sin medir como esta aumenta el gasto tributario para los próximos años fiscales. No es sorpresa que esto se traduzca en una falta de control crasa sobre las concesiones y créditos contributivos emitidos, así como en una imposibilidad real de cuantificar con precisión los ingresos a ser recibidos en determinado año”.

El también presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, recalca que este informe anual que propone es lo que permitirá medir los niveles reales del gasto fiscal y evaluar la efectividad o fracaso de los objetivos de estas concesiones.

Aclara el senador que “la medición periódica de las exenciones, deducciones, y tratos preferenciales no parte de una oposición al uso de estas herramientas. En cambio, surge del interés de evitar que estos tratos contributivos se fosilicen, no se cuantifique su costo en el contexto de los beneficios obtenidos, económicos y sociales, y no se revise la vigencia de la política pública que dio origen a su aprobación”.

El proyecto coloca en manos del Departamento de Hacienda preparar este informe anual y establece la fecha del 15 de diciembre de cada año para su entrega al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Le ordena además crear el Registro Público Oficial de Gastos Tributarios en el que se registrarán e identificarán de manera continua todos los gastos tributarios existentes. Establece también que dicha base de datos será de carácter público y estará accesible a través de la página electrónica del Departamento de Hacienda.

Dispone por otra parte que ni el Registro Público Oficial de Gastos Tributarios ni el Informe Anual del Gasto Tributarios podrán contener información que vulnere aspectos de confidencialidad en conformidad con las leyes que regulan los decretos contributivos ni la “Ley de política pública sobre el uso del seguro social para verificar identidad y su restricción”.

La legislación fue referida para evaluación a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, que preside el propio senador Zaragoza.