La aprobación de la reforma contributiva federal tal como está escrita representaría un golpe mortal a la atracción principal de Puerto Rico a la hora de hacer negocios, lo que a su vez se reflejaría en la perdida de miles de empleos, al igual que recaudos ascendientes a $2,000 millones, según alertó el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).

Actualmente, el Congreso de los Estados Unidos discute una reforma contributiva que perjudicaría las finanzas de la Isla ya que: propone un arancel de 20% a todas las importaciones a la nación estadounidense, y un impuesto mínimo global a ciertos ingresos generados por las multinacionales estadounidenses.

'En Puerto Rico, la tasa contributiva es un 4 por ciento, de manera que ese ingreso relacionado a la explotación de intangible con relación a Puerto Rico, si se aprueba esta medida, subiría de un 4 por ciento a un 12.5 por ciento', explicó la CPA Denisse Perez durante una conferencia de prensa junto a otros cuatro peritos.

La contadora pública mencionó que en Irlanda, la tasa contributiva es de 12.5%. Con el estatuto, Puerto Rico estaría a la par, pero no en ventaja.

'Ya no podemos traer esa tasa preferencial como un punto de lanza para hablar de competitividad', añadió.

Mientras, el impuesto del 20% tendría el efecto inmediato de encarecer los productos que salgan del país ya que, bajo el Código de Rentas Internas federal, Puerto Rico está catalogado como una jurisdicción extranjera.'Al día de hoy, una empresa americana podía tener una planta en Puerto Rico con un costo contributivo inferior a la planta que está en República Dominicana, a la planta que está en Irlanda, etcetera. De lo que estamos hablando es de esa ventaja relativa hacia otras operaciones de esta industria', explicó Carlos Serrano, CPA y abogado.

De acuerdo a Serrano, las disposiciones a nivel federal afectarían a unas 35 empresas de manufactura con operaciones en Puerto Rico y los 70,000 empleos que generan, además de los $2,000 millones que representan en recaudos de Hacienda. Es decir, la disminución de su productividad en lo más mínimo, acotó, provocaría un impacto trascendental en las finanzas del país.

'Ante la nueva realidad post huracanes Irma y María, Puerto Rico tiene otra desventaja que es en infraestructura, telecomunicaciones, electricidad. Básicamente, el único atractivo que nos queda ahora mismo es el incentivo contributivo. Si se nos corta o se nos elimina, ese incentivo contributivo, va a ser bien difícil competir contra otros países para poder atraer estas empresas que pagan la mano obra, son compañías que generan empleos directos y mucho empleo indirecto a traves del establecimiento de ellos aquí, lo cual para nosotros es vital para el desarrollo económico en Puerto Rico', subrayó, por su parte, Cecilia Colón.

La casería de competitividad por parte del Gobierno de Puerto Rico no es una novedad, ya que ha sido uno de las motivaciones detrás de la creación y aprobación de varias leyes, como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, tambien conocida como la reforma laboral.

Los CPA's han cabildeado en Washington de manera individual y junto al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. Aunque admitió que los esfuerzos no han tenido frutos, el presidente de CCPA, Ramón Ponte, esbozó las tres propuestas que han presentado a los congresistas para aliviar a Puerto Rico:

Eximir a Puerto Rico de los costos de repatriación con la condición de que las ganancias o esos ingresos sean invertidos en Puerto Rico por un período de ocho años.

Excluir a Puerto Rico del impuesto de 20% a las importaciones.

Separar a Puerto Rico de la disposición de la Cámara federal sobre los 'intangibles' o 'excess gains'.

Además del CCPA, el gobernador Rosselló Nevares, así como la Asociación de Industriales han levantado bandera acerca de las consecuencias nefastas que tendría la aprobación de estas medidas.