Washington - Hoy, a los 100 días de la administración del presidente Donald Trump, Puerto Rico ha quedado, según una representante en el Congreso, como el 'jamón del sándwich' en la gran disputa entre los republicanos y los demócratas sobre posibles cambios a la reforma de salud conocido como 'Obamacare'.

El gobierno de Puerto Rico y representantes de la industria de salud en la isla llevan semanas cabildeando a los congresistas republicanos por unos $560 millones en fondos de Medicaid para evitar el colapso este año del sistema de salud de Puerto Rico. Y, con el endoso del secretario de salud federal Tom Price, se mostraron optimistas de haberlo conseguido.

Y entonces el presidente Trump envió el tuit que convirtió el tema en un balón político, acusando a los demócratas de querer darle a la isla un 'rescate financiero', obailout, a costa de los contribuyentes estadounidenses. En los pasillos del Congreso, tildar a algo como unbailoutes como echarle veneno.

El gobernador Ricardo Rosselló le ripostó a Trump que los fondos de Medicaid no era un 'rescate' y que 'los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico se merecen ser tratados justamente.' Pero el daño estaba hecho. En el gran debate sobre cómo y dónde cortar el presupuesto que sigue en el Congreso la semana entrante, el tema de los fondos para la isla se complicó.

Tanto en Washington, donde vislumbran recortes por todos lados para darle $54 mil millones más al andamiaje militar, como en San Juan, donde se podría declarar a Puerto Rico en bancarrota tan pronto como la semana entrante, encontrar dinero está difícil.

Si sigue como va en los primeros 100 días, varios afirman que parece que lo que viene no pinta nada bien.

El portavoz de la minoría en el Senado, Eduardo Bhatia, expresó que los comentarios más recientes de Trump y de personas en su administración dejan claro que predomina la ignorancia sobre Puerto Rico y su relación política e histórica con los Estados Unidos.

'Va a ser una relación muy atropellada el tener que educarlos. Y esto ejemplifica el argumento de mucha gente, que entre los extremistas de derecha, no hay ningún interés de ellos sobre Puerto Rico,' señaló Bhatia.

Bhatia, quien asistió el viernes a una reunión de legisladores estatales hispanos en la Casa Blanca, explicó que tuvo que aclararle a funcionarios de Trump presentes que asignarle fondos de Medicaid a ciudadanos estadounidenses, como establece la ley, no es un 'rescate financiero' y semejante aseveración era ofensiva.

'Estamos en un vacío total y ese vacío total tiene consecuencias,' advirtió Bhatia, al añadir que ese desconocimiento o actitud de desdén hacia Puerto Rico, y que Trump y la administración han manifestado hacia otros latinos, puede ocasionar a que se pierdan fondos y otros programas.

Por ahora, el cabildeo tendrá que seguir e intensificarse la semana entrante. El congreso tenía hasta ayer viernes para aprobar el presupuesto y evitar un cierre parcial del gobierno. Se aprobó una resolución continua que les otorga hasta el viernes próximo, 5 de mayo, para terminar de negociar el presupuesto que regirá posiblemente por unas semanas o meses más, o que estará vigente hasta el final del año fiscal el 30 de septiembre.

Los congresistas se dieron una semana más para debatir si incluir algunas de las prioridades del presidente Trump que incluye el reformar Obamacare, recortes drásticos en muchos programas para darle $54 mil millones más a la milicia, a servicios para veteranos y patrullas fronterizas, y comenzar la construcción del muro fronterizo con México, una promesa principal de su campaña.

Los avances de esa propuesta para el presupuesto parecen reflejar la filosofía presupuestaria y programática y muy establecida de algunos de los sectores más conservadores, en términos fiscales, del Partido Republicano.

Sugieren recortes sustanciales en por lo menos una docena de agencias. Entre las más grandes: la Agencia federal Protección Ambiental (EPA), el cual, entre otros asuntos, supervisa los esfuerzos de la Marina de los Estados Unidos para limpiar los terrenos que poseían en Vieques, y el Departamento de Estado. El presupuesto de la EPA, blanco constante de los republicanos que se manifiestan en contra de las regulaciones ambientales, se reduciría en un 31 por ciento y Estado en un 28 por ciento.

También habría recortes en los gastos discrecionales en los departamentos de Salud (17.9 por ciento), Trabajo (21 por ciento), Vivienda (13.2 por ciento), Transportación (13 por ciento), Comercio (16 por ciento), Interior (12 por ciento), y Energía (5.6 por ciento), entre otros. Algunas de estas agencias figuran entre las más importantes al proteger los derechos y la calidad de vida de la clase media y trabajadora, como Salud, la EPA, Vivienda, Trabajo, y Transportación.

Trump busca desplazar estos $54 mil millones en fondos discrecionales hacia el Departamento de Defensa – un aumento de 10 por ciento – el Departamento de Seguridad Interna (aumento de 6.8 por ciento), y Asuntos del Veterano (6 por ciento).

Los demócratas en el Congreso se oponen a recortes tan drásticos que afectan desproporcionadamente las clases trabajadora y media del país. Y las divisiones entre los conservadores y los moderados en la mayoría republicana en el Congreso – evidente en el fracaso republicano por revocar la reforma de salud Obamacare – puede haberle dado suficiente influencia a la minoría demócrata para bloquear partes del presupuesto de Trump.

Los detalles precisos de cómo los recortes afectarían a los estados y las localidades no se sabrán hasta mayo. Pero el temor de que se conviertan en realidad es real y es palpable.

Por ejemplo, en cuanto a vivienda federal (HUD), si se aplica la reducción de 13.2 por ciento a todas las jurisdicciones por igual, Puerto Rico perdería $42 millones de los $319 que ahora recibe el Departamento de Vivienda de Puerto Rico para sus operaciones y programas de capital, según lo informara el secretario Fernando Gil Enseñat a la prensa local.

Además, se podría eliminar el Programa de Desarrollo Comunitario de Vivienda (CDBG), uno muy importante para los municipios, y podrían reducirse parte de los $65.3 millones en fondos de Sección 8 que administra el gobierno para subsidiar la renta de personas de bajos recursos.

En medio de su crisis fiscal en que se busca reducir o volver a negociar el pago de unos $70 mil millones en deuda pública, Puerto Rico también vive una crisis de vivienda que obliga a personas a esperar en largas filas infructuosamente para conseguir uno de los 63,000 vales de Sección 8.

Las listas de espera para apartamentos en vivienda pública parecen interminables. Después de Nueva York, Puerto Rico administra la segunda autoridad de vivienda federal pública más grande, así que una reducción sustancial de fondos empeoraría la crisis.

Gil Enseñat explicó que el departamento tiene algunas reservas que podrían subsanar algún recorte, dependiendo de la cantidad. Pero añadió que, igual que fallaron los republicanos para reformar y reducir los fondos dedicados al programa de salud Obamacare, no habrá recortes tan drásticos.

'Estoy confiado que ese recorte no se va a dar de esa forma y que como pasó con el Obamacare Repeal Act se controlará,' puntualizó el secretario.

La propuesta de Trump no solo amenaza con quitarle servicios de salud y vivienda a cientos de miles de puertorriqueños, sino también el acceso a la justicia.

La Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, que atiende de 20,000 a 30,000 casos civiles de personas de bajos recursos en la isla – casos que varían desde violencia doméstica a discriminación en el empleo – recibe dos terceras partes de su presupuesto anual de $11 millones desde Washington. Con una crisis fiscal tan severa en Puerto Rico que requiere recortar pensiones, el gobierno central no va a poder sustituir esos fondos.

'Siempre los que salen impactados son las clases más pobres y las clases vulnerables. En educación, política social y desigualdad, esa indiferencia del gobierno de los republicanos es muy lamentable,' explicó José Caraballo Cueto, presidente electo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

Por otro lado, las nuevas prioridades podrían beneficiar a Puerto Rico en algunos aspectos. La economía puertorriqueña se ha contraído tanto que el producto nacional bruto del $70 mil millones en el 2016 es el mismo del 1999, tomando en cuenta la inflación.

Aunque existen diferencias de opinión de cómo lograrlo y los factores que lo impiden, todos los sectores políticos en Puerto Rico están de acuerdo que el desarrollo económico es apremiante para salir del atolladero fiscal.

En cuanto a políticas de Trump, si le pone coto un poco a la apertura con Cuba, podría dilatar los esfuerzos de la isla vecina para competir más por el mercado de turistas hacia el Caribe. Según algunos economistas, Puerto Rico podría aprovechar la situación para diversificar sus ofrecimientos y mercados turísticos y acrecentar ese sector.

Pero Bhatia teme que las tendencias racistas, 'latinofóbicas' y el desdén hacia los latinos que se palpan en los discursos y comentarios de personas en la administración de Trump y de Trump mismo va a seguir afectando la relación de la Casa Blanca con los latinos y, por ende, afectará a Puerto Rico también.

El representante Luis Gutiérrez, demócrata puertorriqueño de Illinois, hace eco de esa observación en términos más severos.

'Sabíamos que su equipo de multimillonarios oponentes a los derechos civiles, antiimigrantes, misóginos, que niegan que existe el cambio climático, iban a ser malos, pero temo que aún no hemos visto lo peor,' enfatizó Gutiérrez.