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Economía

Vendados y en silencio exigen la auditoría de la deuda

Frente al Tribunal federal en Hato Rey

Una veintena de ciudadanos con los ojos vendados se apostaron en silencio con un largo cartel que exige la auditoría de la deuda pública frente al Tribunal federal en Hato Rey. La manifestación pacífica convocada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Credito Público, denominada 'a ciegas no', buscó visibilizar 'cómo están obligando al pueblo a pagar una deuda a ciegas'.

Así detalló al lente de NotiCel la licenciada Eva Prados, portavoz del grupo, quien resaltó la falta de acceso a la información necesaria 'porque no se ha llevado a cabo una auditoría integral y se siguen tomando decisiones a espaldas del pueblo'.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Roberto Pagán, detalló en declaraciones excritas que, 'Mientras al pueblo de Puerto Rico se le dice que tiene que pagar esta deuda, el pueblo es quien menos acceso tiene a los datos y la información relacionada con esta. Ahora, con el anuncio de la presentación del informe sobre la investigación realizada por la Junta de Control Fiscal y la firma Kobre & Kim, se nos dice que será muy limitado el acceso a la información y a los documentos recopilados. Ni siquiera hay garantía de que el pueblo tenga acceso al informe si la Junta no lo aprueba. Es lamentable que la Junta no sólo se niegue a hacer una auditoría, sino que insista en hacer imposible el acceso a la información sobre esta', al tiempo que puntualizó que la Comisión ha cursado varios requerimientos de información al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), pero el gobierno se ha negado a proveer toda la información solicitada.

La investigación realizada por la firma Kobre y Kim, surge ante el pedido del Comite de Acreedores No Garantizados de realizar una investigación sobre la responsabilidad de los bancos en la deuda de Puerto Rico. Tanto el gobierno como la Junta de Control Fiscal, junto a las instituciones bancarias relacionadas, se han opuesto a que grupos de acreedores puedan hacer su propia investigación. En la alternativa, la firma Kobre & Kim fue contratada por la Junta para realizar una investigación sobre la deuda. Como parte de la misma, la firma entrevistó a cientos de personas, entre ellas funcionarios/as y exfuncionarios/as del gobierno de Puerto Rico, y recopiló miles de documentos, particularmente del BGF y de la banca.

La información del BGF incluye memorandos, comunicaciones electrónicas y documentos que anteriormente han sido identificados como importantes, puesto que arrojan dudas sobre la legalidad de distintas emisiones a lo largo de su existencia. Sin embargo, Kobre & Kim ahora anuncia que ha firmado acuerdos de no divulgación con las instituciones investigadas y que los documentos e información recopilada tampoco estarán disponibles para revisión por el pueblo de Puerto Rico si no es bajo la autorización de la Junta.

'El pueblo no sabe ni siquiera a ciencia cierta cuánto se ha pagado ni cuánto se paga de esta deuda. Este investigador de la Junta esta planteando no divulgar nada de lo que han recopilado, que tiene que ver posiblemente con la responsabilidad de instituciones como el Banco Santander y Popular y el conflicto de interes por las relaciones directas de miembros de la Junta con estas instituciones', dijo Prados a la vez que agregó que el Frente ha pedido información sobre la deuda y ya tienen problemas para acceder a la información.

'Ningún reclamo de confidencialidad puede prevalecer sobre el interes del pueblo en acceder a la información sobre la acumulación de toda esta deuda por más de cuatro decadas. Mientras la deuda es utilizada como pretexto para despedir empleados y eliminar derechos adquiridos, para reducir o eliminar servicios gubernamentales, y para privatizar agencias y vender terrenos de alto valor ecológico o agrícola, se le niega al pueblo su derecho a examinar toda la información sobre la misma. El derecho del pueblo a tener acceso a esta información es indispensable para que puedan examinarse sus causas, pueda determinarse si es legítima y constitucional, y pueda solicitarse la rendición de cuentas a sus responsables, sean estos federales, nacionales, o del sector financiero', expresó por su parte Luis Jose Torres Asencio, tambien integrante de la Comisión y profesor de derecho constitucional.

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La Comisión es una corporación sin fines de lucro recien creada, que tiene como misión realizar una auditoría integral del credito público para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Esta Comisión, de naturaleza estrictamente ciudadana, dará continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Credito Público creada por la Ley 97-2015, que fue eliminada en el 2017.

El Frente Amplio por la Auditoría de la Deuda protesta frente al Tribunal Federal en Hato Rey. (Juan R. Costa / NotiCel)

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