Amigos de la corte abogan por que se extienda a Puerto Rico la aplicación del programa federal del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

Varias entidades y el Gobierno de Puerto Rico acudieron como amigos de la corte al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que ese foro sostenga la decisión de un tribunal apelativo que extendió a los residentes de la isla la aplicación del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI en inglés), en el caso de US v. Vaello Madero, que podría tener implicaciones económicas profundas.

Uno de los escritos es de la AARP, que representa a 38 millones de adultos de sobre 50 años en todo Estados Unidos, la Fundación AARP, Justice in Aging, una entidad que utiliza el Derecho para combatir la pobreza de los adultos mayores y garantizarles acceso a la justicia, y la Organización Nacional de Representantes de Reclamantes ante el Seguro Social, un grupo que aglutina a profesionales que representan a beneficiarios del Seguro Social en distintas controversias.

Estos argumentaron que las realidades de enfermedad y pobreza que azotan a la población general de la isla, pero particularmente la de mayor edad, la hace especialmente merecedora de que la aplique el SSI como residentes de la isla sin estar obligados a mudarse a algún estado para recibir el beneficio. Explicaron que, para 2021, el pago mensual máximo para un individuo bajo el SSI es $794 y $1,191 para parejas casadas que ambos cumplen. El promedio de pagos es de $585 mensual. Añadieron que los criterios de elegibilidad son estrictos e incluyen límites en los ingresos que reciben, los activos que tienen y en las condiciones que padecen.

Expusieron al tribunal que la isla tiene un porcentaje de población adulta mayor más alto que cualquier estado (26.1% en 2017) y que está aumentado. También, que la tasa de pobreza en la población de 65 o más es de 40.2%.

Recordaron que Puerto Rico se ha tenido que endeudar para compensar la forma dispar en la que múltiples programas federales aplican a la isla, un problema que los estados no enfrentan, e, igual que otros amigos de la corte, resaltó que la Junta de Supervisión Fiscal es tanto el mejor ejemplo de que Puerto Rico no tiene la autonomía política que el gobierno federal dice que tiene, así como que la Junta ha sido, y sería en el futuro, un obstáculo para la expansión de programas de beneficencia a los residentes de la isla.

“Los Estados Unidos siempre han interferido con la economía de Puerto Rico y lo sigue haciendo hoy. Cualquier sugerencia de que el gobierno federal quiere (o puede) evitar la disrupción de la economía de la isla no aguanta escrutinio”, dijeron en su escrito de amigos de la corte un grupo de sindicatos que enfocaron en los argumentos del gobierno federal de que el SSI no se debe extender a la isla para no alterar su economía o que la isla tiene suficiente autonomía política y contributiva para, si lo quiere, crear su propio SSI.

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Con énfasis en que ya el esquema contributivo es oneroso en Puerto Rico y de que tenemos el Impuesto sobre las Ventas y Uso más alto de todo Estados Unidos, las uniones le dijeron al tribunal que “no hay contribuciones adicionales significativas que se le puedan sacar a los ya altamente tributados y comparativamente pobres residentes de Puerto Rico y, en todo caso, la Junta Fiscal, no Puerto Rico, controla las políticas de contribuciones y gastos de la isla”.

Los sindicatos, -la Service Employees International Union (SEIU en inglés, con dos millones de miembros que opera en Puerto Rico a través del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras y de la Unión General de Trabajadores); la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME en inglés, con 1.4 millones de miembros y con su filial en la isla, Servidores Públicos Unidos); la American Federation of Teachers (AFT en inglés y con 1.7 millones de miembros); y la International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW en inglés y con 400,000 miembros)- concluyeron que “acabar con el discrimen en la aplicación del SSI podría por lo menos, en alguna forma pequeña, aportar a remediar los varios desastres económicos causados en Puerto Rico por las intervenciones (económicas) fallidas de los Estados Unidos en el pasado”.

Los sindicatos recordaron múltiples instancias en las que el gobierno de Puerto Rico legisló para programas de beneficencia, pero la Junta los revocó y el tribunal sostuvo su poder para hacerlo.

En junio pasado, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, provocó críticas cuando dijo que el ente aboga en el Congreso porque a Puerto Rico se le conceda “trato justo” en vez de “trato igual” en las asignaciones de Medicaid.

También sometió escrito de amigo de la corte el Gobierno de Puerto Rico para, como ha hecho sin éxito en otros casos, atacar la jurisprudencia del Supremo federal que valida el trato discriminatorio del Congreso a Puerto Rico y los demás territorios, conocidos como los “Casos Insulares”.

Ante el argumento del Congreso de que el SSI no debe aplicar en la isla porque sus residentes no pagan contribuciones federales, el escrito cita estudios sobre que, en 2009, corporaciones de Estados Unidos con sede en la isla pagaron $4,300 millones en impuestos federales, lo que compara con el estimado anual de $1,800 millones en pagos a beneficiarios si el SSI aplicara a la isla.

El gobierno federal, añade el escrito, presenta una relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos muy “idílica”. “Al aprobar PROMESA, el Congreso efectivamente revocó la Constitución de Puerto Rico y la remplazó con un régimen que ha limitado grandemente la capacidad de Puerto Rico para gobernarse a sí mismo”, dijo el gobierno de Puerto Rico al refutar las alegaciones del gobierno federal de que extender la aplicación del SSI es de alguna forma alterar la autonomía política de la isla.

“Aunque Puerto Rico todavía tiene la autoridad para gobernar, regular y legislar en materias no fiscales, la realidad cruda es que, sin control sobre asuntos fiscales y presupuesto, la habilidad del gobierno de Puerto Rico para formular e implantar política pública para el beneficio de los puertorriqueños está limitada severamente”, subrayaron.

En marzo pasado, el Tribunal Supremo acogió la solicitud del Procurador General de los Estados Unidos para revisar la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que extendió a la isla la aplicación del SSI. El máximo foro podría dejar la decisión del Circuito como está, o alterarla, y de eso dependen un puñado de otros casos que retan la disparidad en la aplicación del SSI y otros programas federales. Los casos que alegan trato discriminatorio no son solo relacionados a Puerto Rico porque hay residentes de otros territorios con reclamos similares que de igual forma se afectarían con la decisión en Vaello Madero.