Tanto la Junta de Supervisión Fiscal como el Negociado de Energía pueden hacer más para desenredar el sector energético y acelerar proyectos que reduzcan la dependencia del petróleo, plantean expertos.

Es hora de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que en 2025 cumple nueve años de inaugurada, use sus poderes bajo la Ley PROMESA para acelerar proyectos críticos de energía que ayuden a adelantar algo de ese tema en la isla, mientras la reconstrucción y gerencia de la red está empantanada por incompetencia y exceso de caciques.

Esta fue una de las exhortaciones principales de un conversatorio que el Centro para una Nueva Economía (CNE) llevó a cabo el viernes con secciones sobre el análisis de la complejidad económica de Puerto Rico, los elementos para el diseño e implantación de una política industrial moderna y sobre el sistema energético.

La Junta tiene un “botón rojo” que nunca ha apretado, enfatizó el expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Luis A. Avilés. La afirmación la hizo en presencia del segundo coordinador de revitalización que la JSF designa bajo el Título V de PROMESA, el exsecretario de Desarrollo Económico, José R. Pérez Riera, quien llegó al cargo en agosto de 2023.

El Título V es el que responsabiliza al ente fiscal con promover el desarrollo económico facultándolo a designar “proyectos críticos” que puede pastorear para que tengan permisos en unos 90 días, aún si el gobierno de Puerto Rico falla en intervenir a tiempo en la evaluación de los mismos.

En estos nueve años, no se ha completado un solo proyecto bajo ese proceso expedito. La Junta tampoco ha sido transparente sobre cuáles proyectos, si alguno, ha tenido bajo evaluación como candidatos a “críticos”. Lo más reciente es que estaban promoviendo para ser “proyectos críticos” tres obras de generación de energía solar a gran escala que propone Clean Flexible Energy LLC, una subsidiaria de la carbonera AES Puerto Rico. Pero no hay certeza sobre el progreso de esa designación.

Avilés recordó que PROMESA dice literalmente que habrá prioridad para los “proyectos críticos” que “reduzcan la dependencia del petróleo, diversifiquen con gas o renovables y mejoren la eficiencia”. Esto abarca, precisamente, los proyectos de generación con energía solar, almacenamiento en baterías y microredes que el sector privado ha propuesto para Puerto Rico. Los proyectos están atascados entre la AEE, el Negociado de Energía (NE) y la propia Junta, aunque podrían aumentar la generación con energía renovable y reducir la dependencia del petróleo y otros combustibles fósiles contaminantes y volátiles en su precio.

Precisó que la Junta debe colocar todos estos proyectos pendientes en el carril de los “proyectos críticos”, aplicarles el reloj de 90 días para completar el proceso de permiso, y suspender su litigio con el gobierno por la medición neta hasta que por lo menos el 50% de esos proyectos estén en construcción. El estimado es que los proyectos pendientes podrían estar construidos en unos dos años, aumentando así la capacidad de generación con energía limpia y permitiendo que se hable de una mezcla verdadera de fuentes de generación en la que se combinen el gas natural y la renovable, en vez de seguir amarrándola red solamente al gas natural.

Por su parte, el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, caló en que el NE “tiene que tomar un rol más proactivo”. “La Junta no tiene obligación de planificar el sistema (eléctrico) a largo plazo, el negociado sí”, añadió al recordar que la antecesora del NE, la Comisión de Energía, está mencionada en el Título V reconociendo su responsabilidad de regular el sector de energía.

El jueves pasado, un día antes del conversatorio, el negociado emitió una orden a la AEE y al operador privado de la red, LUMA Energy LLC, para que “den prioridad a los proyectos de energía renovable y almacenamiento (incluyendo finalizar enmiendas a sus acuerdos de ingresos e interconexión) que estén más avanzados en su desarrollo y más listos para construcción”.

Esto, porque hay una “necesidad crítica para apoyar el sistema eléctrico de Puerto Rico, y en consideración al terreno de política pública federal cambiante en Washington DC y en la urgencia de capitalizar en lo que puede ser una ventana estrecha de oportunidad para inversiones nuevas”.

Como ha indicado en otras ocasiones, Marxuach expuso la dificultad inherente que hay en que el sector de energía tiene unos 15 participantes entre reguladores, compañías privadas, gobierno local, tribunal y la propia Junta. No hay claridad de dónde está la autoridad para establecer planes y dar seguimiento.

Y dentro de esa mezcla de jugadores, ya hay unos que han demostrado que deben salir de la cancha y volver al banco por bajo rendimiento. Principalmente LUMA que, según Avilés, ha demostrado ser un “operador principiante” al que “le queda grande” manejar los miles de millones de dólares a su disposición en fondos federales de reconstrucción.

El exfuncionario criticó que LUMA esté pidiendo aumentos cuando sus métricas de desempeño están empeorando con relación a cuando el sistema estaba bajo la AEE y apuntó que están pidiendo dinero para pagar arreglos para los que hay dinero federal asignado, pero que el operador no ha tenido la capacidad de liberar.

La alternativa no es volver a la AEE porque “ya esa gente se jubiló y están viviendo en Florida”, sino traer a un operador experimentado que, además de saber qué es lo que tienen que hacer con una red como la de Puerto Rico, tengan también suficiente inventario de equipo para poder suplir sus obras en la isla.

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