La Junta de Supervisión Fiscal abre espacio para que el gobierno proponga de dónde pagar la deuda de la corporación pública y lanza base de negociación nueva para acreedores.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó un plan fiscal nuevo para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que implica un aumento en la tarifa para financiar mantenimiento de la red y también cambia la base de negociación con los bonistas al abrir espacio para que el gobierno de Puerto Rico encuentre una forma de pagar la deuda de la corporación pública, que no sea mediante la tarifa.

El acercamiento nuevo a la deuda dejaría fuera el “cargo heredado” (“legacy charge”) que la Junta primero ofreció a los bonistas en febrero de 2023. El que la deuda no se pague en la tarifa no quiere decir que los residentes de la isla no tienen que pagarla, ya que lo que se busca es que venga de otra fuente de dinero público que el ente fiscal no quiso precisar, pero que va a discutirlo con el gobierno.

Lo que no sería posible, adelantó el director ejecutivo Robert F. Mujica, es que sea simplemente un pago que saliera directamente de las reservas del gobierno porque la mayoría de ese dinero no es dinero libre, sino dinero que tiene que ser separado para distintos propósitos. Ese pago único de fondos del gobierno para acabar con la deuda fue la propuesta de campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón. “El gobierno no tiene con qué subsidiar a una entidad fallida (como la AEE). Si quieren que el gobierno vuelva a fallar, que comience a subsidiar esta entidad”, comentó en una mesa redonda sobre los lineamientos del nuevo plan fiscal.

El plan nuevo aumenta entre 10% y 62% la cantidad de gastos anuales que proyecta para la red eléctrica hasta 2040, basándose en las proyecciones de costos que le sometieron la AEE, Genera PR y LUMA Energy para cumplir con la responsabilidad de cada cual en la reparación y mantenimiento de la red.

Esta movida de adjudicar más costos va directamente también a la determinación de un tribunal de apelaciones federal de que, por un lado, los bonistas tienen derecho a recobrar la totalidad de su deuda pero, por otro lado, su fuente de pago está limitada al dinero que sobre de la operación de la red, o los llamados “ingresos netos”. A mayor proyección de gastos, menor probabilidad de que sobre dinero para la deuda. Además, los bonistas solo tienen derecho a fondos de la AEE, no a fondos del gobierno, por lo que abrirles la posibilidad de asegurarles un pago con fondos que no están sujetos a la operación de la AEE es una nueva base de negociación.

La Ley PROMESA le adjudica a la JSF el poder para certificar planes fiscales para el gobierno y sus entidades que, en la práctica, son camisas de fuerza que dictan operaciones financieras, estrategias administrativas y reformas gerenciales con las que las entidades tienen que cumplir. El documento no es revisable por un tribunal, o por nadie, excepto por la propia Junta que puede enmendarlo. De esta forma, aunque el repago de la deuda es decisión final de un tribunal y los aumentos de tarifa son responsabilidad última del Negociado de Energía (NE), las disposiciones del plan son altamente influyentes en esos procesos porque es el dictamen de la Junta sobre cuál es la ‘realidad’ de la entidad de gobierno.

Según lo que explicó Mujica, esencialmente, lo que no cambia es la postura de que lo más que se podría repagar son $2,600 millones (dividido eso entre el 44% de acreedores que ya pactaron con la Junta y el resto que sigue litigando). Los bonistas buscan recobrar hasta $12,000 millones ($8,500 de deuda original y el resto en intereses).

Para cubrir la exigencia máxima de los bonistas hay que añadir ocho centavos el kilovatio hora, más otros dos centavos para cubrir pensiones, para un total de 10 centavos que no van a nada de la operación y mejoramiento del sistema, sino solo para deuda vieja y pensiones. Como ejemplo, este trimestre la tarifa está a 26 centavos el kilovatio hora por ajustes que el NE autorizó. Si se aplicaran los 10 centavos, aumentaría a 36 centavos el kilovatio hora. “Puerto Rico paga más (en electricidad), basado en los ingresos (de los ciudadanos) que en cualquier otro lugar (de Estados Unidos)”, apuntó Mujica.

La postura de la Junta es que llegar a un nivel de fondos apropiados para reparar y mantener la red eléctrica va a requerir un aumento de tarifa considerable y, por tanto, a esa tarifa no se le puede añadir más nada, ni repago de deuda ni pago de pensiones. El origen de fondos para ambas cosas, por tanto, tendría que ser discutido con el gobierno. Esto pone sobre los hombros de la Administración González Colón decidir cómo se va a pagar la deuda de la AEE “de la manera menos dolorosa posible”, en palabras del funcionario. “Tienen que asegurarse de que hay un fuente fiable de fondos”, añadió.

La Junta aceptó los estimados para desarrollar su nueva propuesta a los bonistas, pero no asume responsabilidad sobre la corrección de los mismos. El plan indica que los someterán a revisión independiente, pero queda claro que los aceptan para efectos del caso de quiebra y que confían en que las conclusiones del NE en su revisión de la tarifa influenciarán también la discusión ya que los operadores también sometieron sus proyecciones al negociado. Mujica enfatizó que la tarifa que se adoptó en 2017 era, de entrada, insuficiente para cubrir las necesidades del sistema y que por eso, en parte, es que el servicio eléctrico sigue fallando.

La oferta de la Junta en la quiebra es, entonces, un máximo de repago de $2,600 millones que no vendrá de la operación financiera de la AEE, sino de alguna otra fuente no identificada todavía. Los jubilados están en el mismo bote, sus pensiones se ajustarán como se han ajustado las pensiones de los empleados del gobierno central y la fuente de pago es, en este momento, desconocida. Recientemente, los bonistas recurrieron al NE para decirle que, al revisar la tarifa, tuvieran en cuenta el máximo de su reclamación.

Al certificar el plan, la Junta parte de varior supuestos, incluyendo que los fondos federales asignados a la reconstrucción de la red se mantienen, que el consumo sigue descendiendo por la migración de los abonados a la energía renovable y que se mantiene la política pública de transición hacia la energía renovable. Esto último podría cambiar, de acuerdo a expresiones de la gobernadora, que quiere enfatizar en el gas natural, en vez de en la energía renovable. Aunque proyectan reducción en consumo, Mujica también argumentó que su convencimiento es que la gente no migra a renovables por costos, sino principalmente para asegurarse de tener energía todo el tiempo y no estar sujetos a apagones. Por tanto, una mejora en la confiabilidad del sistema también podría reducir esa migración.

El nuevo plan de la corporación pública llega después de que la jueza que atiende la quiebra de la AEE, Laura Taylor Swain, ordenara el viernes pasado que para el 28 de febrero la JSF sometiera el plan o informara por qué no estaba listo y también una propuesta sobre enmendar el Plan de Ajuste de Deuda para la corporación pública.

De no llegar a un acuerdo con los bonistas, la alternativa puede ser que la jueza desestime la quiebra y acceda a la petición de estos de nombrar a un síndico que opere la AEE con miras a maximizar su repago de deuda. En ese escenario, Mujica todavía no tiene claro cuál sería el rol de la Junta.

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