Pagarle a los dueños de sistemas solares por la energía que pasan a la red eléctrica es un mecanismo para incentivar que se adquieran esos sistemas, pero encierra peligros operacionales.

Tras más de un año de discusión legislativa, tres meses después de que el gobernador la firmara y el día antes de que pudiera tener efecto real, la movida súbita de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de ordenar la suspensión de la Ley 10 de 2024 dejó a la industria solar, y a 100,000 abonados, en ascuas y apunta a discusiones más profundas y abarcadoras sobre por dónde se moverá la transición hacia energía renovable como fuente de generación en la isla.

Con esa ley, se atrasa al 2030 un estudio que se supone que el Negociado de Energía de Pueto Rico (NEPR) hiciera para el 11 de abril y tras el cual se podían modificar los términos de la medición neta en la isla. Todos los sistemas instalados hasta la nueva revisión, probablemente hasta 2031, de quedarían con los términos de medición neta que hubiera vigentes cuando se instalaron, por lo que no les aplicarían los cambios.

La medición neta es el concepto con que los abonados que tienen sistemas de generación distribuida (placas solares) le venden a la compañía eléctrica el exceso de energía que producen, pero que no consumen. De ordinario, estos sistemas de generación están diseñados para cubrir la necesidad específica del hogar en el que están instalados, por lo que no deben estar produciendo mucho exceso de energía. Típicamente, lo que sucede es que estos abonados reciben un descuento de un kilovatio hora consumido por cada kilovatio hora producido para que, al final del mes, uno cancele el otro y paguen nada o muy poco a la utilidad eléctrica.

A nivel mundial, ese arreglo que conlleva un pago mínimo a la utilidad, se reconoce como el ideal para cuando se quiere incentivar la adquisición de estos sistemas. Pero, económicamente, no es viable en la medida en que la tarifa que hoy día los llamados prosumidores pagan a la utilidad provocaría, según expertos, que una inmensa parte de la poblacióntenga sistemas de generación distribuida para cubrir sus necesidades y nadie pague a la utilidad. Por lo tanto, no habría dinero para mantener esa utilidad y no hay un sistema central que supla generación a gran escala para emergencias o para los que no pueden tener las placas.

Cómo se va a ejercer ese balance en Puerto Rico, de acuerdo al mandato de tener energía eléctrica 100% de fuentes renovables para 2050, es lo que está al centro de la controversia sobre la Ley 10.

Por un lado, la Asociación de Energía y Almacenamiento Solar (SESA, en inglés) está llamando la atención a que dejar en suspenso la Ley 10 pone en peligro el único factor que realmente ha adelantado la energía renovable en la isla porque la adopción de sistemas en los hogares ha sido más rápida y consistente que los esfuerzos por construir e integrar plantas de generación con energía renovable a gran escala.

En una serie de charlas virtuales recientes, SESA resaltó que la isla reflejó el año pasado 68% de crecimiento en la instalación de estos sistemas, cuando a nivel de todo Estados Unidos hubo una reducción de 13%. La isla tiene 7.7% de penetración de sistemas de generación distribuidos, por encima del 5% que muestra todo Estados Unidos, aunque detrás del 29% de Hawai y 20% de California.

Bernadette del Chiaro, directora de la organización hermana de SESA en California, llamada California Solar and Storage Association, aseguró en una de las charlas que la decisión del regulador eléctrico en ese estado de revisar los términos de medición neta para reducir el beneficio de los abonados provocó una caída de entre 65 a 85% en las ventas el año pasado y la pérdida de 17,000 empleos, o lo mismo que el 20% de la fuerza trabajadora del sector. Advirtió que reducir la generación en los hogares no es algo que se puede sustituir directamente con proyectos a gran escala como las fincas solares o eólicas.

Pero, distinto a Puerto Rico, California va por su tercera revisión de la medición neta, siendo la anterior en 2013. En esta tercera revisión, no se está compensando a los abonados uno a uno, sino con otro concepto que es el de los costos evitados, o lo mismo que distintos tipo de cálculo sobre cuánto se ahorró la utilidad en energía que no tuvo que generar porque usó la que le vendieron los abonados. En promedio, esa forma de comprar energía puede reducir hasta 75% lo que se paga bajo el uno a uno. Además, la nueva versión busca incentivar la instalación de baterías, algo que ya en la isla ocurre porque la mayoría de los sistemas instalados está unido a baterías.

Otra diferencia es que Puerto Rico apenas está comenzando a implantar programas pilotos de compra de energía a los consumidores, como el que probaría coordinar las baterías para que formen una planta de generación virtual que se puede activar según las necesidades del sistema. En otras jurisdicciones, hay más experiencia con distintos programas de compra de energía a los abonados.

En otra charla, SESA presentó un estudio del perito Steven Gabel que concluye que los beneficios que el sistema obtiene por la energía generada en los sistemas distribuidos es de 33 centavos el kilovatio hora, mientras que lo que se le paga a estos abonados es 24 centavos el kilovatio hora. Por tanto, argumenta, los abonados con placas y baterías en sus hogares realmente no le cuestan al sistema, sino que aportan al sistema. A esto añadió un estimado de 70 centavos el kilovatio hora que representarían los beneficios sociales de estos sistemas, entendiendo por esto cosas como la preservación del ambiente y la actividad económica alrededor de la instalación y mantenimiento de los sistemas en los hogares.

Javier Rúa Jovet, jefe de política pública de SESA, añadió que los sistemas de generación distribuida están evitando apagones diarios en la isla porque esa energía generada en el hogar es la misma que las plantas frágiles de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tienen que producir. Abogó porque la medición neta permanezca inalterada hasta el 2030 cuando se estima que los sistemas de placas y baterías hayan alcanzado un 20 a 30% de penetración aquí.

Por otro lado, en su carta de 11 páginas para ordenar la suspensión y revocación o enmienda de la Ley 10, la JSF proyectó que mantener la medición neta como está hasta el 2030 va a provocar “una distribución desigual de costos en el sistema” porque va a mantener a esos abonados bajo el esquema de uno a uno hasta por lo menos 2051. Quitarle al NEPR la capacidad de modificar la medición neta antes de 2030 afectará las decisiones que hay que tomar de cara a la integración de energía renovable a la red, le resta independencia a ese ente regulador y afecta el mandato que se le dio bajo el plan fiscal de la AEE, añadió la Junta en una carta dirigida al gobierno.

“Los costos fijos de mantener una red eléctrica, como las líneas de transmisión que siguen sirviendo a estos consumidores (que tienen placas y baterías), están integrados en las tarifas volumétricas de la AEE. Como tal, los costos de operación y mantenimiento de la AEE recaen desproporcionalmente en los abonados que no quieren, o no pueden, participar en el programa de medición neta por su situación económica, por las características de su vivienda (alquiler o apartamento) o por alguna otra razón”, planteó el ente fiscal en su carta.

De esta manera, la medición neta cae en medio de la disyuntiva que se ha creado en la isla por la rapidez con la que los abonados han adoptado estos sistemas, sea para bajar sus costos mensuales, para protegerse de los apagones frecuentes o para enfrentar los estragos de un huracán. Esa disyuntiva ya afectó los cálculos del repago de la deuda de la AEE y también puede alterar la planificación de cuántos recursos se van a dedicar al desarrollo de plantas de generación a gran escala que usen fuentes renovables. Esto porque las plantas a gran escala tienen costos considerables y su viabilidad depende de cómo esos costos se van a recuperar mediante la factura mensual de los abonados.

El gobierno pidió más tiempo para contestar la carta. La Ley 10 fue introducida por el senador, y precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza Gómez, y tuvo votos a favor de parte de todas las delegaciones políticas en la Asamblea Legislativa.

Vea:

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