Las propuestas relacionadas con el Plan de Ajuste de Deuda de la AEE van a discusión hoy en el tribunal, incluyendo el cargo por repago de la deuda que eleva la factura a niveles que el economista de la Junta dijo en 2017 afectaban el desarrollo económico.

El cargo fijo nuevo que aplicaría a la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) propone para repagar cerca del 50% de la deuda de la corporación pública eleva el costo de energía bastante por encima de lo que el propio economista de la Junta dijo en 2017 que era el máximo aceptable para no afectar el crecimiento económico en la isla.

En 2017, cuando el costo eran 19.8 centavos kilovatio hora (ckv/h), el economista de la Junta, Andrew Wolfe, dijo que cualquier cantidad por encima de los 21.4 ckv/h, afectaría las posibilidades de viabilizar desarrollo económico en la isla. Desde septiembre de 2022, el ckv/h está en 27.5 y a eso se añadirían los nuevos cargos que propone el ente fiscal.

La jueza de quiebras Laura Taylor Swain comienza hoy el camino hacia la aprobación de un PAD para la AEE con una vista en la que evaluará la Declaración Informativa (DI) que sometió la JSF para su propuesta de reestructuración de la deuda de la corporación pública.

En una orden el lunes, la jueza dirigió a las partes a que se preparen para discutir dos de los varios puntos que ya se han levantado en mociones. Primero, si, como dice el banco custodio de la deuda de la AEE, U.S. Bank National Association, el plan propuesto es inconfirmable porque el Acuerdo de Fideicomiso entre la AEE y sus bonistas prohíbe que se hagan negociaciones de compensación individualizadas. Esto, relacionado a que el PAD que propuso la AEE ya incluye un acuerdo con la aseguradora de bonos National que, por sus términos, implica un recobro mayor al que se está ofreciendo a otros bonistas. Y, segundo, definir si las objeciones de las partes a la DI están resueltas y, si no, definir lo que queda en disputa.

La jueza adelantó su criterio preliminar de que las revisiones a la DI responden la mayoría, si no todas, las objeciones levantadas hasta ahora, aunque reconoce que se han levantado impugnaciones a la DI por no tener la “información adecuada” necesaria para la confirmación del plan. La jueza espera confirmar el plan para fines de verano y, a la vez, tiene a las partes en la expectativa de una sentencia que podría alterar los derechos que tienen los bonistas ya que las opciones son limitarle el recobro a solo un fondo específico dentro del presupuesto que ya tiene una cantidad delimitada o recobrar de toda la facturación futura.

Para los residentes de la isla, el elemento de mayor impacto directo en el plan propuesto es un cargo nuevo para cubrir la oferta que la Junta hace a los bonistas de repagar $5,650 millones en deuda. El cargo, llamado en inglés “legacy charge” y en español “cargo heredado”, está compuesto de tres partes. Una fija de $13 mensuales y dos que se activan según el nivel de consumo del abonado. Además, está sobre la mesa un aumento adicional de dos ckv/h para atender las deudas del Plan de Retiro de la AEE y que sería aparte de este “cargo heredado”.

Al anunciar la propuesta a principios de mes, el presidente de la JSF, David Skeel, dijo que el cargo “es doloroso y desafortunado, pero es inevitable, debido a los derechos que tienen los acreedores”. El ente fiscal añadió que se habían asegurado que, aún con el cargo nuevo, los costos de energía para los puertorriqueños se mantenían por debajo del 6% de los ingresos de los abonados. Este parámetro se ha adoptado en otras jurisdicciones para establecer un límite de cuándo es que los costos de energía llegan a niveles insostenibles.

Según datos del Negociado de Energía (NE), el costo de energía para abonados residenciales no subsidiados es de 27.5 ckv/h. Ese número puede fluctuar de acuerdo al mercado y, desde el paso del huracán María en septiembre de 2017, se ha movido entre 17 y 33 centavos.

En su DI, la Junta no calcula cuál es el aumento en kilovatio hora que representa el cargo fijo mensual de $13 para el abonado promedio. Pero, para el abonado residencial, los otros dos componentes del “cargo heredado” que se activan según el consumo, implican 0.7 ckv/h para cualquier consumo por debajo de los 500 kilovatios hora y tres centavos kilovatio hora para cualquier consumo por encima de 500 kilovatios hora mensuales.

Aunque el costo final para cada abonado va a variar, el “cargo heredado” con todas sus partes choca con la opinión que proveyó el economista de la Junta. En verano de 2017, antes del paso del huracán María y de factores económicos como la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania, Wolfe concluyó en una declaración sometida al tribunal que aumentar el costo de energía “en cualquier cantidad por encima de los 21.4 centavos kilovatio hora… incrementaría grandemente el riesgo de reducir el crecimiento económico por debajo de la cantidad mínima de crecimiento económico real necesario para que Puerto Rico alcance la sostenibilidad fiscal y de deuda”.

Wolfe ofreció su conclusión al inicio del caso que Swain está por decidir en el que los acreedores de la AEE pidieron que se levantara la quiebra y se les permitiera nombrar a un síndico para administrar la corporación pública y asegurar el repago de su deuda.

El economista articuló también la necesidad de que todo aumento se mantenga a la par con los costos de electricidad de jurisdicciones con las que Puerto Rico compite directamente en turismo e inversión industrial. Por ejemplo, en el momento de su declaración, cuando el kilovatio hora estaba en 19.8 ckv/h centavos kilovatio hora y ya esa cantidad era 11% más que en República Dominicana.

Cualquier cosa por encima de 21.4 ckv/h “eventualmente contribuiría a un espiral económico descendente que resultaría en que Puerto Rico vuelva a un camino de actividad económica en declive, lo que, a su vez, impactaría adversamente la demanda por electricidad y, al final, llevaría a otra crisis de pago de deuda para la AEE”. “Puesto de otra manera, mientras que los acreedores de la AEE podrían beneficiarse en el corto plazo de un aumento en la tarifa de la AEE, a o largo del plazo medio y largo sus acreencias volverían a estar expuestas a una crisis de pago y valorización”, añadió.

A preguntas de NotiCel sobre cómo su propuesta de 2023 choca con la opinión de su economista de 2017, la JSF dijo a través de un portavoz que “Puerto Rico se encuentra en una realidad bien diferente a la de julio de 2017”.

“Los fondos de recuperación y de estímulo federal levantaron el crecimiento económico de Puerto Rico, mientras que los precios de combustible, el componente mayor de la factura de electricidad han aumentado considerablemente. Significativamente, los precios de combustible pueden afectar a los abonados considerablemente más que la porción del cargo que se necesita para pagar la altamente reducida deuda en el propuesto plan de ajuste”, expuso.

De ser aprobado, sin embargo, el “cargo heredado” se convertiría en un elemento constante en la factura por al menos 35 años, lo que evitaría que los abonados recibieran alivio completo cuando los costos por combustible bajen en el mercado y provocaría una carga mayor cuando esos costos suban.

La Junta abunda que, desde la declaración de Wolfe, han aprendido más sobre el impacto de la factura eléctrica en la isla y han “analizado cuidadosamente cuánto los hogares y negocios de Puerto Rico pueden pagar para sus necesidades energéticas”. Sus propósitos con la propuesta del “cargo heredado”, dijeron, son proteger hogares de bajo ingreso (que tienen subsidio ahora y que no pagarán la parte fija del nuevo cargo), hacer más atractiva la isla para inversión, evitar que acelere la cantidad de clientes que abandonan la red con sus propios sistemas de energía renovable, repagar acreedores y proveer para “inversión nueva adecuada” para mejorar la AEE.

La migración de abonados a sistemas de energía renovable sigue a galope con un total de 42,000 abonados ya recibiendo su energía primordialmente del sol y un promedio de 3,400 abonados mensuales uniéndoseles. Pero estos abonados no se escapan totalmente del repago de la deuda porque, mientras mantengan una conexión a la AEE, tienen que pagar los $13 fijos del nuevo cargo.

Para Javier Rúa Jovet, Primer Oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA en inglés), no hay un “cargo específico” que afecte la generación solar porque los $13 propuestos significan un aumento de los $4 que hay ahora por reglamento como tarifa mínima básica. Aunque entiende que la nueva propuesta es una “leve mejoría” con los acuerdos previos que hubo con los bonistas, Rúa Jovet espera que la intervención del NE en cualquier proceso de cargos nuevos resulte en “cargos fijos más bajos para todo el mundo” y que se especifique que las partes del “cargo heredado” que dependen de consumo se detalle que son sobre el “consumo neto”. Sobre la posibilidad de diseñar un cargo que evite la migración a solar, lo disputó planteando que los abonados se mueven a solar no solo por bajar costo sino por ganar resiliencia, por asegurarse que, cuando la red falla en tormentas o en otros escenarios, ellos tienen la posibilidad de tener energía propia.

Por su parte, Saúl González, vicepresidente de la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable (Aconer), declaró la oposición de su organización a “cualquier aumento en la energía eléctrica”. “El cargo se ha tratado de vender como un cargo pequeño, fácil de asumir, pero la población general no está en posición de asumir un cargo adicional por pequeño que pueda parecer y la realidad es que no es tan pequeño”, explicó a afirmar que el consumo promedio va a llevar a que la mayoría de los abonados entren en los niveles más altos de la parte del nuevo cargo que depende del consumo. La factura promedio a la que su grupo ha tenido acceso “por mucho excede los 500 kilovatios hora al mes”.

El profesor Agustín Irizarry Rivera, exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE y portavoz de Queremos Sol, opinó en un comunicado que la propuesta de la Junta es realmente un impuesto a la energía solar porque está diseñado para “poder cobrar a las personas incluso que ya tienen placas solares y desincentivar que más se muevan hacia la energía solar en techos”. Calculó también que el “cargo heredado” resulta en un aumento de 13% en la factura para el abonado residencial promedio y 12% en la del pequeño comerciante promedio. “Una familia que consume 900 kWh mensuales estaría viendo un aumento mensual en su factura de $29 ($350 anual), que incluye un cargo fijo mensual de $13 y dos cargos distintos por su nivel de consumo”, afirmó.

Los abonados pueden ver cómo les afectan los cargos mediante una calculadora digital en la que informan su consumo actual y se les devuelve el costo que les representa la propuesta de la Junta en el portal No más aumentos.