La Junta de Supervisión Fiscal quiere cambios en la ley para darle más independencia al sector cooperativista, a la vez que las cooperativas denuncian en el tribunal usurpación por parte del gobierno.

En medio de una lucha legal por el nombramiento del gobierno en la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros (COSSEC) y de su mayor nivel de crecimiento en una década, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó un plan fiscal para el ente regulador de las cooperativas que presiona por legislación para una nueva composición en el liderato en aras de darle mayor independencia del gobierno.

La Junta de Directores de COSSEC está compuesta actualmente por nueve miembros: el Administrador de Fomento Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras, el Secretario de Hacienda, el Inspector de Cooperativas, cuatro personas en representación de las Cooperativas aseguradas y un ciudadano particular en representación del interés público. La división es cuatro miembros asociados al gobierno, cuatro del sector cooperativista y uno que debe ser independiente.

El Plan Fiscal aprobado ayer reitera su meta de cambiar la composición de la Junta y establece enero de 2022 como el plazo para presentar legislación a esos efectos. La nueva junta tendría de miembros a: el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Comisionado de Instituciones Financieras, un académico en el tema de regulación financiera o contabilidad y dos miembros con “trasfondo extenso en servicios financieros del sector privado”. Ningún miembro “debe tener afiliación alguna o lazos financieros a una cooperativa regulada por COSSEC o al movimiento cooperativista” con la intención, según la JSF de crear más independencia en ese cuerpo.

COSSEC es la entidad de gobierno que regula a las cooperativas, de manera similar a como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) regula a la banca privada. Tiene poder de establecer métricas de desempeño y de intervenir, a la manera de un síndico, para evitar el colapso de una cooperativa y para cerrar ordenadamente aquellas que no tienen viabilidad económica.

La certificación del nuevo Plan Fiscal de COSSEC ayer llegó en medio de una lucha legal por la presidencia ejecutiva de esa corporación pública.

Esto después de que el gobernador Pedro Pierluisi impusiera como presidenta ejecutiva a Mabel Jiménez Miranda, aún cuando COSSEC ya tenía un presidente ejecutivo designado en la Administración Vázquez Garced que contaba con el consenso del sector cooperativista. En el esquema legal actual, dicha designación requiere no solo de la votación a favor de la Junta de COSSEC, sino también de la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CD-COOP). En la Junta Rectora no tuvo el voto, pero en la Junta de Directores se decidió dejarla como “interina”, un cargo que la ley no contempla, por lo que los miembros de la Liga de Cooperativas en ambas entidades recurrieron al tribunal para obtener la destitución de Jiménez Miranda. COSSEC contestó recientemente levantando argumentos técnicos que supuestamente hacen inviable el pleito de la Liga, pero sin atender lo sustantivo de que la votación para dejar a Jiménez Miranda no tiene fundamento en ley. Lo que argumentaron sobre esto es que queda la potestad de designar a un nuevo presidente ejecutivo en propiedad, pero nadie lo ha hecho.

El Plan Fiscal no alude a cambios en la Junta Rectora, pero justifica los cambios propuestos a la Junta de COSSEC exponiendo que “la estructura actual usualmente inhibe la fiscalización colaborativa y las intervenciones (en cooperativas) cuando surgen conflictos de interés dentro de la Junta”.

El nuevo Plan Fiscal llega también cuando el sector cooperativista experimentó en 2020, según constatado en el propio plan, su mayor nivel de crecimiento en una década. En 2019, el total de activos en el sector cooperativista sumó $8,800 millones, pero en 2020 sumó $10,400 millones. Desde 2012 hasta 2020, el crecimiento total es de 28%. La medición de depósitos y acciones de los alrededor de un millón de cooperativistas en la isla está en $8,300 millones.

“El aumento en los depósitos de las cooperativas se asocia con las tres rondas de pagos en el programa de estímulo del gobierno federal incluyendo la Ley Cares ($1,200 por adulto), una ley de asignaciones presupuestarias consolidadas ($600 por adulto) y el American Rescue Plan ($1,400 por adulto), así como las transferencias federales para desempleo en respuesta a la pandemia de Covid-19. El aumento en los depósitos provee a las cooperativas con la oportunidad de aumentar fondos que pueden ser prestados o invertidos, tomando en consideración su tolerancia de riesgo, requisitos de reserva y necesidades futuras de financiamiento”, plantea el Plan Fiscal.

Otros cambios que requiere el Plan Fiscal incluyen: derogar mecanismos de protección que se legislaron para evitar el colapso de las cooperativas después de que muchas quedaran comprometidas financieramente cuando la Administración Fortuño las presionó a comprar bonos del gobierno que poco después cayeron en impago; empuje prioritario hacia la implantación de procesos y productos de banca digital; dotar a COSSEC de más examinadores y revertir movimientos de personal que resultaron en que sus abogados y otros profesionales fueran a otras agencias de gobierno; y establecer un plazo de 24 meses máximo para completar la intervención con una cooperativa en riesgo.

“Más aún, se requiere una visión clara para el futuro del sistema cooperativista con un entendimiento de cómo modernizar el sistema y asegurar que no se queda detrás de otros sistemas financieros en Puerto Rico y en Estados Unidos”, concluye la JSF en el Plan Fiscal.

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