Plan de Ajuste de Deuda propone pagar más dinero adelantado, pero menos en pagos anuales.

Sin aclarar cómo se va a sortear su propia proyección de que el Gobierno de Puerto Rico comienza a tener déficits tan pronto como 2029, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció los acuerdos del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el gobierno central el cual se puede resumir en que se está pagando más efectivo a los acreedores de forma adelantada, para obtener una reducción en la cantidad de deuda total que se va a pagar y en la cantidad de servicio a la deuda que se pagaría anualmente.

La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, adelantó también que el acuerdo con los pensioandos tuvo una modificación porque el descuento de 8.5% en las pensiones ahora comenzará en las pensiones de $1,500 mensuales en adelante, en vez de $1,200 en adelante. Con ese corte, la Junta está confiada en que el impacto cae principalmente sobre lo que se llaman comúnmente pensiones “Cadillac”.

El detalle del cambio estaría incluido en los documentos del acuerdo que esperan radicar para el 8 de marzo ante la jueza Laura Taylor Swain, pero la intención del cambio parece ser beneficiar a empleados como los policías y maestros, que no tienen el beneficio de Seguro Social.

El sábado pasado, la JCF advirtió a la Legislatura y el Gobierno que podían buscar sanciones contra los que aprueben y ejecuten la Ley de Retiro Digno que se discute a nivel legislativo que el ente entiende no cumple con la Ley PROMESA y que no es necesaria porque aseguran que han podido preservar a los pensionados como una clase privilegiada en el PAD. La Junta no detalló a qué sanciones se refiere.

En comparación con los términos que tenía el acuerdo hace un año, antes de la pandemia, la cantidad de deuda a repagar baja de $18,757 millones a $14,438 millones; el efectivo que se paga por adelantado aumenta de $5,861 millones a $7,024 millones; y el pago anual al que se compromete Puerto Rico por los próximos 22 años baja de $1,472 millones a $1,150 millones. La Junta propone la comparación de que, si no hubiera proceso ordenado de quiebra, Puerto Rico tendría que pagar $4,200 millones anuales en deuda y eso ahora quedaría fijado en $1,150 millones anuales.

Otra comparación es el plan anunciado ayer con la primera versión del plan presentado en 2019. Visto de esa forma, el pago en efectivo aumentó de $2,900 millones a $7,024 millones; y el pago anual se redujo solo de $1,472 millones en 2019 a $1,150 millones ahora, aunque la duración bajo de 30 a 22 años. En toda discusión de la duración de este plan hay que añadir que el PAD de la deuda de COFINA, que es separado y ya es final, añade pagos por $993 millones desde que termine el plan del gobierno central hasta el 2058.

“Sin PROMESA, 30 centavos de cada dólar de impuestos que el gobierno recauda del pueblo de Puerto Rico irían a acreedores. Este nuevo acuerdo reduce los pagos anuales a menos de ocho centavos de cada dólar que el gobierno recauda”, sostuvo el ente que representa al gobierno en el proceso de quiebras y controla el fisco. La reducción en la deuda de Obligaciones Generales (GO, por sus siglas en inglés) y de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) baja de $18,800 millones a $7,400 millones, mientras que el nivel de deuda total baja de $90,400 millones a $34,100 millones, o un 62%. Estudios independientes han establecido que el recorte a la deuda debe ser de entre 80% a 90% para ser realmente sustentable y evitar una segunda ronda de quiebra.

El elemento de negociación que parece haber sido determinante para llegar a los términos anunciados, además del dinero en efectivo, es el Instrumento de Valor Contingente (CVI, por sus siglas en inglés), que es un bono con el cual los acreedores pueden cobrar hasta $400 millones anuales, o hasta $3,500 millones por la duración del acuerdo. La fórmula es que el Plan Fiscal tiene una proyección de cuánto debería recaudar el gobierno por el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los próximos años y el CVI dice que el 45% de lo que se recaude por encima de la proyección va a los acreedores. Si recauda lo mismo que está proyectado, o menos, no cobran.

En el recaudo del IVU primero hay que sacar los 5.5% que están comprometidos con el plan de ajuste de COFINA, y lo que recaude por encima de eso es lo que se puede repartir. El IVU es el mecanismo de ingresos que consistentemente ha generado más dinero del proyectado y elementos como las asignaciones federales para la reconstrucción y los cheques de estímulo directo por la pandemia impactan positivamente las proyecciones porque aumentan el consumo de bienes y servicios.

Los términos más recientes del PAD, que fueron suscritos unánimemente por los miembros de la nueva JCF, cuentan con el respaldo del Comité Oficial de Retirados, algunas uniones, acreedores de GO, de AEP y las aseguradoras Assured Guaranty Corp., Syncora Guarantee Inc., y National Public Finance Guarantee Corp. El apoyo de las aseguradoras resulta un adelanto para la negociación debido a que estas han sido de los litigantes más activos en contra de la Junta y de PROMESA. Ese apoyo preliminar tiene que someterse a una ronda de votación bajo la supervisión del tribunal de quiebras en el que cada miembro de las clases de acreedores puede decir si apoya o no el acuerdo y ahí es que se cuenta en realidad el nivel de respaldo que tiene el plan.

La Junta sigue en mediación con acreedores de la Administración de los Sistemas de Retiro, deuda no asegurada, aseguradoras de deuda con reclamaciones relacioanadas a las acciones de retención de pago, o “clawback”, que hizo el gobierno y otros acreedores, como los de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Según los materiales oficiales, hay ocho clases de acreedores de GO y AEP a quienes el PAD garantiza un repago de su deuda de entre 67.7% y 80.3% y cinco de ellos han dicho tener al menos 66% de apoyo entre sus miembros, mientras que en el resto el apoyo es de menos de 50%. En una declaración, la JCF estableció que se alcanzó la aprobación del 70% de todos los tenedores de bonos del principal de la deuda de GO y AEP, aunque reconocen que en el proceso de votación, ese nivel de aprobación puede resultar distinto.

Al presentar los términos, la JCF rehusó contestar qué harían si el gobierno o la legislatura no realizan las acciones que se les requiere bajo el acuerdo como, por ejemplo, la emisión de los nuevos bonos, prefiriendo esperar a ver cómo queda el acuerdo después del proceso que incluye votación y vista de confirmación. Pero la realidad es que el documento incluye representaciones de que el gobierno se compromete a realizar las acciones necesarias para implantarlo y, más aún, a no impugnarlo o entorpecerlo. Esas representaciones se van a convertir en formales cuando el acuerdo sea radicado para el 8 de marzo.

El presidente de la JCF, David Skeel, opinó que el acuerdo representa “lo más lejos a lo que se puede llegar legalmente” y que con el apoyo que acumuló ahora, sumado al que ya tenía de retirados y uniones, representa una solución “de una sola vez”, o lo mismo que es una propuesta que podría conseguir la confirmación del tribunal y que no provocaría sucesivas rondas de quiebra. La confirmación se proyecta que ocurra a fines de este año.

El acuerdo “no patea la lata para adelante”, expresó Jaresko, quien fue parca en cuanto a las acciones que el gobierno debe tomar bajo el acuerdo, pero enfatizó que todos quieren que la Junta deje de existir y “la única ruta” comienza con la reestructuración de la deuda.

Ante la insistencia del gobernador Pedro Pierluisi y otros sectores de realizar una auditoría a la deuda, el ente dijo que mucho de lo que se podría hacer en una auditoría ya lo hizo la Junta con el estudio de Kobre & Kim y el trabajo de un bufete del cual salió la impugnación que hicieron a $6,000 millones de bonos de la AEP. Esa impugnación, sin embargo, quedaría revertida en el PAD ya que esos acreedores aceptaron preliminarmente un acuerdo menor que otros acreedores, con lo cual la Junta retiraría la impugnación, explicó Jaresko.

Vea:

Presentar el Plan de Ajuste es solo el comienzo, queda pelea

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