De los más de $4,800 millones en fondos federales asignados a contratos para la recuperación y reconstrucción de la Isla tras el paso del huracán María, más de $4,300 millones se han destinado a compañías estadounidenses mientras que $493 millones -o 10.8% del monto total- han ido a empresas puertorriqueñas.

El hallazgo lo reveló un estudio del Centro para una Nueva Economía (CNE) en aras de dilucidar el tracto de estos fondos federales en el proceso de recuperación, que ya entró en su primer año. Sin embargo, más allá de postular el impacto que esta dinámica tiene sobre Puerto Rico -y que refleja lo que se experimentó en Nueva Orleans tras el huracán Katrina- el desfase en la otorgación de fondos implica un incumplimiento de la propia ley habilitadora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles), la ley Stafford.

Ese estatuto federal expone que cualquier gasto de fondos federales para contrataciones relacionadas al desastre debe dar prioridad a compañías y firmas de la zona afectada en la medida que sea posible. Sin embargo, la realidad suele ser que hay un patrón recurrente por parte de las agencias federales en priorizar contrataciones fuera de la zona afectada.

Como muestra de esta conducta sistemica, el CNE analizó las contrataciones federales hasta la fecha del huracán María y contrataciones durante el periodo de recuperación en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina. En ambos casos, un 90% de las contrataciones de compañías para atender la recuperación fueron a empresas del exterior, mientras un 10% fueron a compañías locales.

'El problema no necesariamente se resuelve desde Puerto Rico, sino que a nivel federal con respecto a hacer cumplir la política publica imperante, que ya de por si habla de darle prioridad a las jurisdicciones donde sucedió el desastre', explicó el economista de CNE, Deepak Lamba Nieves.

En esa línea, el director de política pública del CNE, Sergio Marxuach, destacó que a nivel congresional se han hecho movimientos para revisitar la ley Stafford.

El otro renglón de las contrataciones externas es la subcontratación de compañías locales para apoyar a las empresas foráneas averiguar las regulaciones locales aplicables. Sin embargo, el impacto económico local que producen las subcontrataciones es sustancialmente menor al de una contratación directa y se reduce aún más mientras más capas de subcontratos se desarrollen.

Las subcontrataciones, sin embargo, no tienen la misma visibilidad que las contrataciones directas, pues a pesar que la ley Stafford impide que el contratista invierta más del 65% del costo del contrato en subcontratos, las empresas suelen incumplir con la identificación de sus subcontratados.

Por otra parte, Lamba Nieves destacó que otro factor que influye en el impacto que producen las contrataciones federales a entidades locales supone ser la asignación de fondos a actividades con mayor valor añadido. El economista explicó que en la medida que se contrate compañías locales para servicios profesionales que puedan generar mayor actividad en el camino, sería mas efectivo que servicios con una finalidad que no genera actividad económica alguna, tal como el recogido de escombros.

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