Pese a las pocas diferencias, el presupuesto que propone el Gobierno es $169 millones mayor al de la Junta de Control Fiscal, lo que pone a la Legislatura en posición de cuestionar los cambios y negociar con el ente financiero.

El presupuesto de Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021 que presentó la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y el documento elaborado por la Junta de Control Fiscal (JCF) son escritos idénticos, salvo por seis puntos que representan una diferencia de $169 millones.

En las demás instancias, las propuestas contienen lo mismo, una similitud señalada por la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, y que demuestra cuán estrecha ha sido la colaboración entre la Administración Vázquez Garced y el ente fiscal.

Esto pone a la Legislatura, específicamente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, en posición de evaluar, negociar y aprobar una versión aceptada por la JCF en menos de siete días, lo que fue criticado por el presidente de la Comisión, Antonio Soto Torres, un día después del Mensaje de Situación de Estado y Presupuesto de la gobernadora.

Ante la falta de consenso entre ambos entes —que ninguno ha mostrado interés en ceder—, la JCF informaría a la Administración que están en incumplimiento con la Ley PROMESA y luego impondría su versión.

La diferencia suma unos $169 millones en exceso en la propuesta de la gobernadora y la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), porque el gobierno estatal busca retomar la compensación del Bono de Navidad para empleados públicos, implementar un seguro por desastres y catástrofes, así como otorgar recursos adicionales a los comicios electorales de este año.

El gobierno también solicitó fondos para aumentarle el sueldo a los empleados públicos, realizar la transición de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y ofrecer mayores incentivos a los médicos.

Es decir, la JCF propuso un presupuesto $10,045 millones, mientras que el gobierno propuso uno de $10,214 millones.

Seguro paramétrico. Ante la Comisión de Hacienda, el director ejecutivo de AAFAF, Omar J. Marrero Díaz, explicó que el seguro paramétrico permitiría el desembolso automático de cierta cantidad de dinero a las agencias o dependencias afectadas por un huracán o una catástrofe.

“Aunque [la JCF] entiende el concepto, lo que nos están requiriendo es unas eficiencias a través de las pólizas del gobierno central para con ese dinero pagar esta póliza”, aseguró Marrero Díaz, quien justificó que este tipo de seguro se utiliza en estados como Florida y Texas.

El director ejecutivo de AAFAF adelantó que varias compañías han mostrado interés en liderar ese programa en Puerto Rico, para el cual el gobierno ha solicitado unos $82 millones, pero les han informado que el proceso será por subasta.

“Entendemos que la competencia puede bajar el número”, según Marrero Díaz.

Aumento salarial. En su Mensaje de Situación de Estado y Presupuesto, la gobernadora definió el Plan de Retribución Uniforme como una medida de justicia para los empleados públicos, al proveer un aumento de sueldo a los trabajadores para equiparar los salarios a la realidad.

“Este plan no consiste, ni tampoco representa, un mero aumento de sueldo para los empleados. Esta es la reforma laboral más importante en los pasados 30 años, ya aprobada la legislación del Empleado Único y trabajado el Plan de Clasificación, llego el momento de atender ahora el Plan de Retribución”, exclamó Vázquez Garced, al acotar que la propuesta no había sido acogida por la JCF.

Durante su comparecencia a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, subrayó que le parecía vergonzoso que empleados de su agencia fueran trabajadores excepcionales, pero que pasaran hambre porque el sueldo no ha sido ajustado desde hace más de dos décadas y no les alcanza para sus necesidades actuales.

El representante Soto Torres le aclaró que la Legislatura está de acuerdo con aprobar una medida de ese tipo, pero necesitaban documentación para sustentar la petición a la hora de discutirlo con la JCF y exigir su aprobación.

“Tenemos que invertir en nuestra gobernanza. No podemos seguir insistiendo en reformas y como son números, pensamos que va a cuadrar”, expresó Parés Alicea, al añadir que la JCF condicionaría esos aumentos a una evaluación de rendimiento de estos empleados.

Respecto a WIPR, el gobierno ha pedido alrededor de $10 millones para impulsar una “transformación” que dista de la solicitud de la JCF de transferirla a manos privadas.

“Yo me he mantenido y me mantendré firme en defensa de la WIPR, pero la Junta exige su privatización. En cambio, nuestros esfuerzos no están dirigidos a entregar y mucho menos de regalar, uno de nuestros activos más valiosos. Yo vengo a promover su transformación”, declaró Vázquez Garced en su mensaje.

Las demás medidas en que la JCF no está de acuerdo son otorgar un Bono de Navidad —el cual siempre han objetado— y asignarle $15 millones adicionales a la Comisión Estatal Elecciones.

Para ver los documentos de presupuesto del gobierno, presione aquí.

Para ver los documentos de presupuesto de la JCF, presione aquí.

“Tuvieron tiempo para negociar”

Durante la primera vista pública para evaluar el presupuesto, el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes le cuestionó al equipo fiscal de Vázquez Garced por qué no habían alcanzado un acuerdo con la JCF en relación a estas medidas.

“Ustedes han tenido más tiempo que nosotros para llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos mucho menos tiempo para convencer a la Junta y negociar con la Junta. Tuvieron dos meses y no lo lograron. Nosotros tenemos siete días para tratar de convencerlos. Pudimos haberlos tratado de convencer juntos. De eso es lo que se trata esto”, lamentó Soto Torres.

Como es la Legislatura quien debe aprobar el proyecto de ley que dispone el presupuesto, Soto Torres le insistió al componente fiscal de la Gobernadora para que justificara cómo y por qué razón los ingresos proyectados para el año fiscal 2020-2021 son menores a sus gastos.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) también cuestionó promesas realizadas por la Gobernadora en su mensaje que están lejos de concretarse, como extenderle la cobertura del plan de salud pública, Plan Vital, a 200,000 personas más.

“Esto es una cuestión de semántica. Una cosa es decir que se van a incluir 200,000 vidas en Vital y otra es consultar al Congreso federal para ver si se pueden incluir. Si hay ya la constancia del gobierno federal de que podemos cubrir las 200,000 vidas, pues se puede hacer el anuncio de que se van a cubrir las 200,000, porque para eso fue el anuncio de ayer. [Lo que no quiero] es que entonces se haga la proyección de que fue la Cámara de Representantes la que no lo permitió”, argumentó Soto Torres.