José Caraballo Cueto y Heriberto Martínez Otero analizan el Plan Fiscal 2020 certificado por la Junta Fiscal y señalan que las soluciones tienen que surgir a través de un diálogo social.

El nuevo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico asume que el panorama económico a largo plazo en la Isla es más incierto que nunca luego de dos huracanes, terremotos y una pandemia de coronavirus, toda vez que insiste en la necesidad de implementar las mismas medidas de austeridad que el documento reconoce que no han funcionado en los pasados cuatro años.

El plan —certificado ayer de manera unánime por la Junta de Control Fiscal (JCF)— pinta un panorama tétrico, al aceptar que aun cuando se empleen todas las propuestas contenidas entre sus 271 páginas al pie de la letra, Puerto Rico y sus residentes no entrarían a un nivel de prosperidad comparable con los estados más pobres de los Estados Unidos.

Sin embargo, ante los ojos de dos economistas puertorriqueños, el problema no recae en el tiempo requerido para poner en marcha las reformas, sino en el tipo de transformaciones que se han solicitado. Es decir, la cura ha sido igual o peor que la enfermedad y para resolverlo, buscan administrar la misma dosis.

“Nunca es tarde para implementar las medidas que son correctas. Lo que pasa es que el diagnóstico que hacen es incorrecto. Piensan que en Puerto Rico hay muchas protecciones laborales, mucha reglamentación, un programa de asistencia social muy generoso, según ellos, y hay que reformarlo y cuando se haga eso la economía va a crecer. Eso, ni en Puerto Rico, ni en otras partes del mundo ha funcionado. Las reformas de mercado no han ayudado al crecimiento económico. Puerto Rico todavía está a tiempo”, exclamó el economista y profesor José Caraballo Cueto.

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El economista cuestionó que el Plan Fiscal aún se sostiene en medidas que no han tenido el efecto esperado, como la llegada de $80 billones en fondos para la reconstrucción tras el huracán María por parte del Gobierno de los Estados Unidos o como el interés en una reforma energética basada en el uso de combustibles fósiles, en lugar de energía renovable.

A esa lista se le suma la “fe”, según describió, en las reformas de mercado, que son regulaciones como la Reforma laboral de 2017 —cuyos componentes han sido discretamente revertidos por la legislatura— y la transición a gas natural, entre otras medidas que no han redundado en crecimiento económico permanente.

“Aún así dicen que la economía va a crecer el año próximo, aunque Aafaf [Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal] y la Junta de Planificación dicen que va a decrecer”, argumentó Caraballo Cueto.

El profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey señaló que el Plan Fiscal no cuenta con un plan de estímulo local para contrarrestar la crisis económica, sino un plan de bonificación a ciertos servidores públicos, cuyo uso no redundará en beneficios a largo plazo. En esa línea, sugirió cultivar una cultura de exportación.

En declaraciones a NotiCel, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, y el integrante José R. González subrayaron que las razones del fracaso son también las motivaciones para, con mayor ímpetu, implementar las medidas nuevamente porque la habilidad de recuperación del gobierno está en mayor peligro.

“Los ajustes estructurales o de eficiencia que son requeridos en este Plan Fiscal como en otros son críticos para mantener los servicios críticos en el futuro. El margen de error se ha ido estrechado al punto que ya no lo hay, que las necesidades de ajuste son requeridas”, argumentó González.

Una Junta pensando en lo político

Pese a que en su reunión pública y en conferencia de prensa los integrantes de la JCF subrayaron la importancia de las reformas inmediatas, el Plan Fiscal certificado pone en pausa por un año la obligación de despedir empleados públicos durante el próximo año fiscal, así como los recortes a los pensionados en un 8.5 por ciento, la reducción a los subsidios de la UPR y a los municipios.

“Pienso que ya la Junta de Control Fiscal se percata que es año electoral y se nota en dos direcciones. Cuando uno analiza procesos electorales en el mundo, se percata que partido que aplique políticas de austeridad, partido que no repite. En Puerto Rico, de un año para acá, hemos tenido solo partidos de un término. Creo que para no ser influencia externa, la Junta dice que las van a detener”, explicó Heriberto Martínez Otero, presidente de la Asociación de Economistas.

A esto le añadió que “cuando tienes una crisis económica como la que tenemos, no recortas gasto público porque eso te puede aumentar la conflictividad social. Esto, pensado a un año de la salida de Ricardo Rosselló. Por otro lado, dicen que se van a encargar de la política pública de cómo reorganizar el gobierno que permita superávit para asegurar el pago de la deuda”.

En el plan, la JCF reitera que continúa el “apetito político insuficiente” para impulsar las reformas estructurales necesarias para el crecimiento de la economía.

Martínez Otero abundó que el aspecto político también incide en las decisiones de la JCF en la medida en que en los Estados Unidos —gobierno que los nombra y fiscaliza cuando interesa— también es año electoral en ambos niveles Legislativo y Ejecutivo. Esto, sumado al hecho que el tribunal federal declaró los nombramientos de los integrantes del ente como inconstitucionales, podría dar paso a un cambio en los miembros que componen el grupo.

Según Martínez Otero, lo único que procura la JCF es asegurar el pago a sus acreedores, por lo que adopta argumentos basados de forma ideológica, como la visión de que no hay más opción para alcanzar la prosperidad económica que no sea la presentada por el ente.

Es por eso que exclamó que las soluciones para Puerto Rico tienen que salir de las instituciones de la Isla a través de un diálogo social, pues son los economistas del patio, independientemente de su línea ideológica, los que están “enunciando desde Puerto Rico, aunque con diferentes matices. La JCF y Natalie Jaresko representan el privilegio absoluto, estas personas no saben lo que es ser una maestra o un policía, ser estudiante universitario cargado con préstamos estudiantiles. Sin embargo, quieren hacer las recomendaciones de que vamos a tener un Puerto Rico más próspero”.

Tres soluciones sugeridas a la Junta de Control Fiscal

-Discriminar en el presupuesto entre el gasto político y gasto social para no invertir en contratos inoficiosos.

-Reconocer que hay que renegociar la deuda en su totalidad. “Huracanes, terremotos, corrupción y ahora el COVID-19 lo hicieron insostenible”, declaró Martínez Otero.

-Definir cuál es el modelo de desarrollo para Puerto Rico.

Organizaciones rechazan el plan

En declaraciones escritas separadas, la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA) y la organización Espacios Abiertos manifestaron su oposición al Plan Fiscal certificado al coincidir en que las soluciones propuestas no atienden de forma correcta el problema de crecimiento económico.

“Es inconcebible que en medio de la pandemia la Junta mantiene su compromiso de recortar las pensiones. Esto demuestra cómo harán lo que sea para pagar a bonistas no importa las consecuencias que eso tenga para el pueblo. Por ello, es tiempo de aprobar la Ley Para Un Retiro Digno que no solo protege nuestros pensionados, pero se asegura que ningún acuerdo con bonistas sea en detrimento de nuestro pueblo y tengamos una oportunidad de futuro para las próximas generaciones”, expresó Sonia Palacios, pensionada y portavoz de la campaña.

El documento apunta a que la tasa de participación laboral no ha mejorado, los esfuerzos para facilitar el hacer negocios en la Isla no han sido productivos, no se han optimizado los servicios de salud, ni se ha achicado el gobierno lo suficiente.

COA insistió en la inviabilidad de las políticas de austeridad y la necesidad de cancelar la deuda como la única manera de asegurar que se cuenten con los recursos necesarios para proteger la vida ante la pandemia y cualquier otro desastre natural.

“La Junta y el Gobierno admiten que su plan es un fracaso. Lo próximo, inevitablemente, es la cancelación de la deuda para asegurar la recuperación que necesitamos hoy más que nunca.” añadió Palacios.

Mientras, en el análisis de Espacios Abiertos, se puntualizó que el plan en cuestión es el séptimo aprobado por la JCF y los anteriores no han logrado cumplir las proyecciones, éxito que se agrava con la incidencia de una pandemia cuyos efectos y eventual recuperación están todavía por determinarse.

“Para poder estar mejor preparados para atender a nuestra gente en la crisis que actualmente enfrentamos, instamos a la Junta a abandonar para siempre las medidas de austeridad como uno de los ejes principales de la política pública del país. La austeridad no es sinónimo de eficiencia ni el tamaño más grande o pequeño del gobierno implica un mejor servicio al pueblo. Lo que se necesita es un gobierno que funcione", esbozó el economista Daniel Santamaría Ots, analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos.

Entre sus propuestas se encontraron una moratoria al pago de la deuda para el año 2021 y actualizar el Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central propuesto el pasado febrero y que, a raíz de la emergencia, se ha tornado inviable.

La organización también resaltó la prontitud en certificar un plan voluminoso en pocas horas, redactado en inglés, idioma que no domina la mayoría de la población, y sin garantizar vías mínimas de participación ciudadana.