La Administración Biden-Harris anunció una agenda de acciones, no todas de inyección de fondos, para ayudar a la economía de PR, pero sin articular una apuesta de desarrollo a largo plazo.

La administración del presidente Joseph Biden anunció casi un medio centenar de gestiones a realizarse durante el 2023 con el propósito de ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico mediante impactar distintos renglones. El anuncio no incluye una propuesta definida de desarrollo económico sustentable para la isla, sino múltiples acciones con la intención de no perder las oportunidades de crecimiento que el futuro puede traer.

El martes en la tarde, la Casa Blanca realizó el Primer Diálogo Económico de Puerto Rico, lo que presentaron como un evento "histórico", y que tenía en un lado de la mesa al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y varios jefes de agencia, y al otro, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre Puerto Rico encabezado por la directora de Asuntos Intergubernamentales, Julie Rodríguez, y el subsecretario de Comercio federal, también coordinador de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Don Graves.

En una conferencia de prensa ayer, Graves aseguró que el propósito de la iniciativa es "prosperidad a largo plazo" para la isla. Sin embargo, a preguntas de NotiCel, no definió cuál es el plan de desarrollo económico al que responde el conjunto de medidas que deben estar desplegadas durante el 2023.

"Sabemos que no hay una sola solución mágica para resolver los retos que enfrenta el pueblo de Puerto Rico, así que lo que estamos haciendo es trabajar de cerca con el gobierno y el secretario (de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel) Cidre en el plan que su administración tiene, como PRopósito", dijo Graves, en referencia al marco de acción que presentó Cidre en mayo pasado. En esa presentación, el funcionario mismo declinó calificar su iniciativa como un plan porque quería mantenerlo flexible.

El marco de Cidre llama a que se concentren esfuerzos alrededor de cinco ejes: integración local y mundial, emprendimiento, ciudadanos competitivos, infraestructura avanzada y bienestar social. Lograr que el gobierno federal ancle sus prioridades en PRopósito supone un logro político importante para el funcionario, quien basó su marco de acción en la plataforma económica que desarrolló cuando se postuló sin éxito para la gobernación en 2016.

Graves añadió que la agenda de trabajo federal para Puerto Rico está también basada en "el tipo de cosas que hemos visto que ha trabajado en el pasado", como las medidas de activación económica implantadas en Detroit después de su quiebra. El subsecretario de Comercio aseguró que la intención es que la agenda responda a las necesidades de la comunidad sin fomentar el desplazamiento, que provoque el retorno de los que hayan podido emigrar por motivos económicos y que esté a prueba de cambios en las tendencias. "Que no se pierdan oportunidades para probar cosas nuevas", enfatizó.

"Más de $100,000 millones (100 billones) en fondos federales fluirán a Puerto Rico en los próximos años... queremos estar seguros de que estamos en la misma página (con el gobierno local), que nuestros procesos no son un obstáculo", al mencionar la otorgación de fondos y los requisitos de pareo de fondos como dos de las cosas que hay que alinear.

La historia económica de Puerto Rico se divide, a grandes rasgos, en la primacia de la agricultura en los primeros 50 años del siglo pasado y un predominio de la manufactura en la segunda mitad de ese siglo. Pero, desde la entrada al siglo 21, no hay una apuesta económica definida más allá de tratar de preservar el cada vez más pequeño y frágil sector manufacturero y la creación de incentivos a negocios e inversionistas para que se establezcan en la isla con la creencia de que esto ampliará de alguna manera la actividad económica. Esos años de indefinición han coincidido con recesión económica, desastres naturales sucesivos y una emigración marcada. El procurar, recibir y distribuir fondos federales ha sido la gestión económica primordial de los gobiernos en este periodo.

Entre los anuncios no se incluyó ninguno sobre peticiones específicas de ayuda para Puerto Rico que se le han hecho a la Administración Biden-Harris y que quedaron relegadas a la dinámica congresional, que ahora se podría dificultar para la isla porque los demócratas retuvieron el control del Senado, pero perdieron el de la Cámara a un liderato republicano que ha expresado su posición de que la la isla recibe ya demasiados fondos federales. Entre esas peticiones están la extensión a los residentes de Puerto Rico del programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), transicionar al programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y eliminar los topes de financiamiento en Medicaid.

Las iniciativas del próximo año incluyen:

-En el sector de energía, ya se conocían la designación de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm para coordinar el lado federal de la reconstrucción de la red y el que la la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y otras van a instalar capacidad temporera de generación para añadir entre 600 y 700 megavatios y aminorar la frecuencia y duración de apagones. Pero se añade que FEMA adoptará "un nuevo enfoque para aprobar proyectos de mitigación de daños en la red eléctrica, acelerará el desarrollo de proyectos y culminación de trabajos de resiliencia relacionados al huracán María y dará prioridad a las propuestas para aumentar la resiliencia a lo largo de toda la red". No se menciona el esfuerzo por conseguir una aprobación de $5,000 millones para dotar de placas solares y baterías a los hogares que todavía no las tienen.

-En acceso a capital, no hay indicaciones sobre lo que el gobierno federal podría hacer para ampliar las alternativas de instituciones financieras comerciales en la isla. Las alternativas son darle adiestramiento a las instituciones crediticias locales para que amplíen su participación en el programa de préstamos de la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA); usar $100 millones para dar financiamiento a pequeños negocios a través del Banco de Desarrollo Económico; atraer $1,000 millones en "financiamiento privado adicional" para esos mismos propósitos, pero sin detalle de a qué se refieren con ese capital privado; realizar una "cumbre de inversionistas"; y reforzar la contratación de negocios locales a nivel del gobierno federal y el local.

-En lo que la Casa Blanca resalta propiamente como "desarrollo económico" en su anuncio, resalta una inversión conjunta local y federal de $4 millones para traer a la isla la organización LIFT que, según su portal, es una alianza público privada entre el gobierno federal y la American Lightweight Materials Manufacturing Innovation Institute (ALMMII) que utiliza adiestramiento e investigación para potenciar esfuerzos manufactureros que aporten a la economía y seguridad nacional de los Estados Unidos. Además, la agenda incluye establecer la Red de Socios Rurales del Departamento de Agricultura federal en 15 pueblos para "identificar proyectos prioritarios de desarrollo económico"; desplegar un programa nuevo de conservación de emergencia para las comunidades agrícolas afectadas por el huracán Fiona; establecer un programa de guaguas para mejorar el acceso a El Yunque y las oportunidades de economía turística en las comunidades circundantes; designar el sur de la isla como el primer Distrito de Desarrollo Económico certificado para apoyar a emprendedores y planificar la economía sureña; y una inversión de $7.5 millones para que educación marina y mejor manejo de costas a través de la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA).

-Para adiestramiento de la fuerza laboral y oportunidades de empleo, habrá esfuerzos para que más empleados lleguen el sector de la salud pública; para que beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) puedan conectarse a oportunidades de empleo; crear capacidad laboral en temas de energía renovable (como microredes y vehículos eléctricos); ayudar al Departamento de la Familia a retener trabajadores sociales, mejorar su compensación y aminorar su carga de trabajo; expandir el concepto de "aprendices registrados" en construcción, manufactura avanzada, transportación, turismo y salud; adiestramiento laboral en aviación; y adiestramiento en el Sistema Universitario Ana G. Méndez para empleos ambientales relacionados con hongo, asbestos y plomo.

-En educación, la iniciativa que surge como la principal es una inversión de $50 millones del gobierno de Puerto Rico para "construir infraestructura de adiestramiento laboral a lo largo de los sistemas de educación superior y colegios vocacionales", así como que Educación federal intervendrá para actualizar el currículo de educación técnica en el Departamento de Educación local "para que esté más cercanamente alineado a las necesidades laborales de la isla".

-En infraestructura, la meta principal en 2023 parece ser llevar a toda la isla la capacidad para conexión a internet de banda ancha. Hay $5.7 millones en fondos federales para hacer un plan de ampliación de internet de alta velocidad; hay $158 millones en fondos federales para poner en vigor ese plan con énfasis en comunidades económicamente desventajadas y sectores remotos con servicio deficiente; hay una inversión de $1.5 millones para proyectos en la antigua base naval Roosevelt Roads; una promesa de facilitar el financiamiento para proyectos prioritarios de transportación alrededor de la isla; la creación del consorcio ConSur para proyectos de recuperación en los municipios impactados por los terremotos de 2020; arrancar un plan de acción para el uso de sobre $200 millones en fondos de vivienda; desarrollar un Plan Estatal de Vivienda abarcados; y el compromiso de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército adjudicará los contratos para comenzar el dragado del Caño Martín Peña y para manejo de inundaciones en los ríos Puerto Nuevo, Grande de Arecibo y La Plata.

-Los problemas de capacidad administrativa en el gobierno de Puerto Rico también están incluidos en la agenda federal de 2023 con iniciativas para levantar capacidad en el Departamento de Hacienda sobre "funciones financieras gubernamentales técnicas y complejas"; comenzar a levantar capacidad para una futura transición hacia el programa SNAP; el compromiso de Educación de que adelantará "mejoras sistémicas de largo plazo para la gerencia y administración del sistema escolar"; y el compromiso federal de que, al menos en transportación, se traducirá al español lo relacionado a las asignaciones y financiamiento federal y que todas las iniciativas del Diálogo Económico sean inclusivas y accesibles a personas con discapacidades.

-En el área de transparencia, el gobierno de Puerto Rico se comprometió a, con guía federal, crear un portal de información sobre el avance de los trabajos en la red eléctrica; expandir el Portal Informativo del Ciudadano (PIC) para incluir los proyectos de la agenda del Diálogo Económico; anunciar las tasas de adopción del Crédito Contributivo por Menores (CTC) y continuar apoyando el esfuerzo de organizaciones sin fines de lucro para que más familias elegibles accedan a esa ayuda.

-En ambiente, el gobierno federal y el local designarán tres síndicos al Fideicomiso de Conservación; habrá inversiones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre en Cabo Rojo; habrá intervención federal para maximizar los $78.4 millones anuales asignados a acueductos comunitarios; $1.6 millones para un inventario de terrenos contaminados sujetos a redesarrollo (brownfields) en Aibonito, Aguas Buenas, Corozal y Las Piedras; y $40 millones para un nuevo plan de manejo de desperdicios sólidos, así como incentivos para cerrar vertederos y convertirlos en granjas de paneles solares.

Para ver una presentación del DDEC sobre PRopósito, pulse aquí.