Secretario de Vivienda admite que la falta de mano de obra es uno de los retos para la reconstrucción, pero no explica cómo se va a conseguir la cantidad y calidad de trabajadores diestros necesarios.

Con el cambio de administración en el gobierno federal, el dinero asignado a la reconstrucción de la isla por el paso de los huracanes Irma y María comenzó a fluir, pero ahora se van haciendo más imponentes dos retos para lograr completar las obras: la necesidad de entre 20 a 25,000 obreros y un aumento en materiales y procesos de construcción que se estima en 40%.

En entrevista con NotiCel, el secretario de la Vivienda, William O. Rodríguez Rodríguez, definió estos retos, pero no fue preciso sobre cómo se atenderán, aunque reiteró que la meta de la Administración Pierluisi es cerrar para 2026 todos los proyectos de reconstrucción con dinero canalizado a través de Vivienda. El 2026 es, a su vez, la fecha límite de vigencia que tienen las asignaciones federales a este momento, por lo que lo que no esté gastado en ese momento, se pierde.

A cuatro años del paso de los huracanes, este conjunto de retos, que ya no tiene que ver con conseguir las asignaciones federales sino de qué hacer una vez se tienen, también es objeto de análisis a nivel del gobierno federal con un informe del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD en inglés) que puntualiza la necesidad de que Vivienda aumente la capacidad técnica de su personal para manejar la cantidad de fondos federales que recibirán y con otro de la Oficina Federal de Responsabilidad Fiscal (GAO en inglés) que subraya la necesidad de tener en cuenta la escasez de mano de obra y el aumento de costos en la fiscalización de trabajos en la isla.

“[A]ún después de que los fondos estén disponibles, oficiales del Gobierno de Puerto Rico y de la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) indicaron que Puerto Rico probablemente enfrente riesgos encontrando capacidad para atender la gran cantidad de proyectos que necesitan obras de construcción. De acuerdo a oficiales de FEMA, esto es porque miles de proyectos estarán realizándose simultáneamente y probablemente pongan presión en la capacidad para conseguir mano de obra, equipo y materiales”, consigna el informe de la GAO.

“Conseguir mano de obra suficiente, eso siempre es una preocupación, el aumento en los costos de construcción es una preocupación también significativa”, aceptó Rodríguez Rodríguez al añadir que otro asunto prioritario que maneja de cara a los próximos años de la reconstrucción es “darle certeza a la gente de que los fondos están disponibles y que los trabajos se están ejecutando y se van a ejecutar”.

Aunque la meta es tener todos los proyectos listos para 2026, en el calendario de trabajo del Secretario “el año que viene es el momento para la mano de obra… todavía estamos en buena posición en términos de tiempo (para conseguirla)”. Añadió que han invertido una cantidad de dinero que no precisó en organizaciones sin fines de lucro, que no enumeró, para acelerar la obtención de electricistas, plomeros, soldadores, albañiles y otra mano diestra de construcción.

El abogado, quien fue también administrador de Vivienda Pública en la gobernación de Wanda Vázquez, fijó la necesidad en tres veces lo que normalmente requiere la industria de la construcción, o lo mismo que entre 20 a 25,000 personas.

En cuanto a costos, fijó el aumento de los mismos en 40%, pero recordó que no es un problema exclusivo de Puerto Rico porque está afectado por la inflación y los atrasos en la cadena de distribución por la pandemia y también subrayó que hay proyectos de residencias que ya están adjudicados con sus costos establecidos. En todo caso, en esos proyectos el aumento afectaría al contratista. El aumento en costos tiene potencial de afectar las obras ya que el dinero asignado a la isla es fijo, no va a aumentar con la inflación o con los costos.

Sobre el aumento en la capacidad del personal interno del Departamento, Rodríguez Rodríguez tomó excepción del informe de HUD porque fue un periodo temprano después de la emergencia y “ninguna jurisdicción tenía un programa que tuviera capacidad para trabajar de forma inmediata con $20,000 millones”. Aseguró que el personal técnico actual “se acerca a 200 empleados” y que tienen autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para llegar a 600.

El reclutamiento está enfocado en candidatos con bachillerato o más con preparación en áreas como ingeniería, agrimensura, planificación, y leyes. También dijo que han realizado “varias Ferias de Empleo en modos presenciales y virtuales”, siendo las más recientes en mayo y junio de 2021, en las que se han registrado más de 1,000 personas pero no dejó claro cuántas de esas 1,000 personas se convirtieron realmente en reclutamientos para la agencia.

Rodríguez Rodríguez también cuenta con suplir las necesidades gerenciales, y transferir luego esas capacidades a personal interno, mediante la contratación de un grupo de asesores externos. Los principales contratos de gerencia externa son Horne LLP ($122.5 millones), Aecom Technical Services ($22.3 millones), Alliance for the Recovery of Puerto Rico ($22.6 millones), ICF Incorporated, LLC ($25 millones) e Innovative Emergency Management (IEM, con $22.2 millones). Esta última empresa es una de las que también manejará proyectos para LUMA Energy, operador privado de la red eléctrica.

El Secretario tomó excepción, tanto de algunos informes federales como de la evaluación que hizo recientemente la organización Ayuda Legal Puerto Rico en los que se documenta y resalta la lentitud del Departamento en el flujo de la ayuda porque “no podemos juzgar por lo que pasó en los dos años anteriores debido a las restricciones federales”. “Cuando yo llegué (en enero de 2021) habían $1,000 millones obligados y ya estamos en los $4,000 millones”, comentó.

Rodríguez Rodríguez desglosó de la siguiente manera las asignaciones federales que atiende Vivienda con relación a la reconstrucción:

9 de febrero de 2018 - $1,507 millones que ya tienen firmado su acuerdo para transferencia.

14 de agosto de 2018 - $8,200 millones del programa CDBG-DR que tenía acuerdo firmado pero estaba sujeto a restricciones de la Administración Trump que se liberaron en mayo de este año.

27 de enero de 2020 – Otros $278 millones bajo CDBG-DR.

6 de enero 2021 - $8,300 millones bajo el programa CDBG-MIT que está enfocado en obras de mitigación y que para fin de este año la agencia debe tener un plan de acción listo.

22 de junio de 2021 - $1,900 millones bajo CDBG-DR para reparar y mejorar la red eléctrica.

El gobierno federal desembolsa estos fondos bajo mecanismo de reembolso, lo que añade la exigencia de que los contratistas (o recipientes públicos como pueden ser municipios) tengan suficiente capacidad económica, o de financiamiento, para primero realizar las obras y luego obtener el pago mediante reembolso.

En cuanto a los $1,900 millones para la red eléctrica, el uso de los fondos tiene que responder a la política pública de la Administración Biden de priorizar la energía renovable (microredes, placas solares y otros instrumentos similares) y la asignación final de los mismos se va a hacer a nivel de HUD, no en Vivienda local.

Rodríguez Rodríguez indicó, sin embargo, que la mayor parte de esa asignación es para pareo de proyectos en la red eléctrica que ejecutaría LUMA.

“En gran medida, estos fondos los debemos utilizar en ese sector (de renovables), siempre y cuando vaya a cubrir las necesidades que tiene Puerto Rico”, comentó.