Radican demanda contra el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para conocer exactamente cuántas personas siguen sin recibir ayudas a las que tienen derecho y otros procesos.

La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPT) demandó al secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el procurador de menores Carlos J. Rivera Santiago, para tener acceso a información de cómo se han manejado los casos de la Asistencia Pandémica de Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés) y otras ayudas, especialmente los de aquellas personas que todavía, ya cuando el beneficio está a punto de expirar, nunca lo pudieron recibir o los recibieron de manera incompleta y su reclamación se quedó atrapada en la burocracia de la agencia.

"No podemos hablar de recuperación, regreso a la ‘normalidad’ o criminalizar a quienes reciben el desempleo o el PUA, si todavía tenemos familias sin recibir la asistencia a la que tienen derecho esperando a que la agencia atienda un punto controvertible", dijo la licenciada Ariadna Godreau-Aubert, fundadora y directora de ALPR.

ALPR está solicitando la información desde el pasado 20 de enero sin que, igual que otros requerimientos en marzo, mayo y julio, no recibieron respuesta del DTRH.

De hecho, en la comunicación de mayo, al Secretario se le pidió información de 36 casos específicos de personas que habían pedido la ayuda de ALPR para poder atender situaciones como: apelaciones de determinaciones de inelegibilidad que nunca fueron contestadas; falta de acceso a FASTPUA o contraseñas incorrectas; apelaciones a cartas de sobrepago que nunca fueron contestadas; falta de acceso a la internet o necesidad de usar un método alterno al FASTPUA para hacer una reclamación; apelaciones sobre determinaciones de beneficios del desempleo regular; puntos controvertibles sin resolver en reclamaciones de desempleo regular; y otras circunstancias excepcionales sobre las que lo que se pide es orientación.

A NotiCel llegó el relato de una profesional que decidió solicitar el beneficio de desempleo este año y enfrentó todo un laberinto burocrático al final del cual todavía no ha recibido la ayuda. Según explicó, primero hizo una solicitud por computadora que le tomó cuatro días completar porque la plataforma constantemente le hacía “logout” y tenía que volver a empezar.

Recibió por correo una determinación de elegibilidad que la dirigía a la plataforma digital para hacer las reclamaciones correspondientes. Pero la plataforma no la dejaba porque tenía un asunto que resolver y la obligaba a sacar citas mediante un enlace que no tenía citas sino hasta el 2022 y para ese año no mostraba fechas disponibles. Luego llenó documentos que le llegaron por correo y los entregó personalmente en la sede del DTRH en Hato Rey donde la instruyeron a dejarlos en un buzón que no provee para confirmación o un ponche. Prosiguió explicando que le llegaron por correo hojas para reclamar las primeras dos semanas, pero no pudo hacer el trámite por internet. Un contacto en la agencia la instruyó a que ‘escaneara’ los documentos, pero no los pudo enviar todos por la plataforma digital, solo algunas. Un mes después, todavía no recibía los beneficios ni tenía confirmación del status de ninguna de sus gestiones.

ALPR informó que entre los meses de junio del 2020 y junio del 2021, orientó a 1,400 solicitantes del desempleo regular y el PUA. Indicaron que mayormente eran mujeres, adultas mayores y personas que residen fuera del área metropolitana que ofrecían un cuadro de experiencias similar: falta de respuesta de los funcionarios del Departamento, falta de atención al proceso de apelaciones, recobros injustificados y el carácter inservible de las plataformas tecnológicas.

"Llevamos un año exigiendo al Departamento que publique guías relacionadas a las madres sin cuido de menores, a las apelaciones y demás procesos. En relación a la información pública, van seis meses reiterando la misma petición: queremos saber cuántas solicitudes y procesos apelativos están atrapados en la burocracia de la agencia. El derecho a un proceso justo y claro cuando se está solicitando asistencia no es opcional, mucho menos cuando se trata de fondos altamente regulados", recalcó Godreau-Aubert.

"De cara al fin de la asistencia, queremos saber cuál es el saldo pendiente con las familias afectadas y así poder exigirle al gobierno un plan para atender las reclamaciones pendientes. Nos preocupa estar ante un panorama similar al de los toldos azules, donde las familias han quedado relegadas ante un proceso de ‘normalidad’ o ‘recuperación’ que las olvidó", expuso la licenciada Pamela Bernard Boigues, abogada comunitaria de la organización.

El reclamo al tribunal es que para cada una de las ayudas que maneja el DTRH durante la pandemia (seguro por desempleo, PUA, Beneficios Extendidos y Compensación por Desempleo para Trabajadores con Ingresos Mixtos), así como para apelaciones y cartas de cobro, se entregue un registro con identificadores generales de la persona, las acciones de la agencia y las etapas en las que está en el proceso, entre otros detalles. Además, piden copia de toda la reglamentación que aplica el DTRH a estos casos. Hay renglones de información solicitada que tiene que ver directamente con los casos de beneficiarias o solicitantes que tuvieron dificultad en obtener cuido para sus hijos menores de edad.

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