Nuevo operador de la red eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal coinciden en no enfocarse en la energía renovable.

LUMA Energy LLC, la empresa que tomaría control de la red eléctrica de Puerto Rico a partir del 1 de junio, no se comprometió con utilizar recursos federales de reconstrucción para impulsar los sistemas solares y mostró escepticismo con estudios científicos recientes que evidencia cómo la red se puede basar en energía solar hasta en un 75% dentro de 15 años.

La empresa reaccionó al estudio que presentó el grupo comunitario Queremos Sol tanto en una moción ante el Negociado de Energía (NE) como a preguntas de NotiCel en una conferencia de prensa reciente. Precisamente, el marco de 15 años que cubre el estudio coincide con los 15 años de vigencia del contrato mediante el que LUMA sustituiría a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como operador de la red. Por ley, se supone que la generación de energía en Puerto Rico se mueva a fuentes renovables, como el sol, a razón de 40% para 2025, 60% para 2040 y 100% para 2050. Hoy está en 2.5%.

La propuesta de Queremos Sol es algo que “no se ha intentado a esa escala en ningún lugar del mundo”, planteó LUMA al NE. La reticencia de los operadores privados encontró eco también en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), cuya directora ejecutiva, Natalie Jaresko, dijo en un encuentro con la prensa la semana pasada que el Plan Fiscal no incorpora la adopción de la energía renovable. “Más adopción de renovables es una meta, pero no cambia las proyecciones económicas (en el Plan)”, dijo Jaresko al afirmar que tampoco hay “nada estadísticamente incorporado” en el Plan sobre el impacto de la emergencia climática en la isla.

Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol publicaron ayer la postura de LUMA oficializada en una moción ante el NE el 14 de abril al tiempo que protestaron la misma con una manifestación en la sede de la AEE.

“LUMA confirma que la combinación de sistemas fotovoltaicos distribuidos y almacenamiento de energía es una herramienta para alcanzar las metas y que los costos generales de estos sistemas bajarán, pero descarta de plano esta ruta hacia la seguridad y justicia energética”, sostuvo la abogada Ruth Santiago del Comité Diálogo Ambiental, integrante de Queremos Sol. LUMA trae una “visión conformista e inmovilista en cuanto a modelos energéticos”, añadió.

LUMA es un consorcio compuesto en partes iguales por las empresas ATCO Ltd. y Quanta Services. En su único encuentro con la prensa hasta ahora a principios de mes, el presidente de Quanta, Earl C. “Duke” Austin, Jr., aseguró que “lo que estamos haciendo alrededor del mundo es habilitando la infraestructura para renovables… somos bien agnósticos sobre el tipo de combustible que se usa, pero la red en sí tiene que ser moderna y redundante si no quieres tener apagones”.

Para ver la respuesta de LUMA a la propuesta de Queremos Sol, pulse aquí.

“No pueden ser agnósticos a la tecnología porque aquí existe una política pública que establece objetivos de energía renovable que se alcanzan en el término de lo que sería (su) contrato. Además, ya se pasó por un proceso de evaluación y planificación ante el Negociado que mandata una integración clara y agresiva de renovables. De hecho, la propia respuesta ofrecida por LUMA muestra que no son agnósticos a la tecnología, pues insistir en el sistema de transmisión como hacen es perpetuar el sistema centralizado y vulnerable. Además, quién puede creerles que son imparciales cuando lo que están esperando es que lleguen los fondos federales para contratar a sus empresas matrices, que de lo que conocen es de sistemas centralizados a base de fósiles y no de energía renovable distribuida”, argumentó Ingrid M. Vila-Biaggi, cofundadora de Cambio e integrante de Queremos Sol.

“Nunca ha sido nuestra intención venir a esta isla a saquear los fondos de FEMA (Administración Federal para el Manejo de Emergencias), de hecho, es lo opuesto”, comentó también Austin en la conferencia de prensa al afirmar además que “yo apuesto mi legado en esta compañía en esta transición y transformación (de la red de Puerto Rico)”.

La disponibilidad de fondos federales para la restauración de la red eléctrica de la isla ha sido un incentivo primario para Quanta desde que el gobierno de Puerto Rico firmaron el contrato en agosto de 2020. El mismo día de la firma, Quanta emitió un comunicado resaltando que “hay oportunidades para competir por trabajo asociado con los esfuerzos de modernización de la red eléctrica de Puerto Ruco aparte del interés propietario que tiene (como parte de) LUMA”.

Aunque Austin ripostó en la conferencia que Quanta “va a competir y ganar por nuestros méritos, nada se le va a regalar a esta compañía”, la realidad es que la moción que LUMA sometió el 14 de abril destaca también que el operador de la red, que ahora es la AEE, pero a partir del 1 de junio sería LUMA, “está en la mejor posición de analizar (la integración de energías renovables) debido a sus responsabilidades de operar una red confiable”. De esta manera, la empresa admite la ventaja que tienen sus accionistas, ATCO y Quanta, para participar en proyectos con dinero de reconstrucción.

Una vez asuman la operación de la red, sus capacidades de dictar la reconstrucción no solo aumentan porque estarán trabajándola día a día sino que, como alegó la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en su demanda federal de la semana pasada en contra de la implantación del contrato, “la formulación e implementación de la política pública energética estará en manos de LUMA Energy, pero el público no será parte del proceso”. “(LUMA) asume las responsabilidades de la AEE en los procesos del Plan de Recursos Integrados (PRI), incluyendo las metas de energía renovable. Pero el contrato no provee mecanismos de fiscalización pública o rendición de cuentas con respecto a la formulación de estos asuntos de política pública en las manos del operador privado”, abundó el sindicato en su demanda.

El PRI actual dicta que $853 millones de los fondos de FEMA se usan para nueva infraestructura de gas natural, lo cual no es una fuente de energía renovable, y $11 mil millones para fortalecer el sistema de transmisión y distribución, pero no para energía renovable. Esto ha provocado varias expresiones congresionales, la más reciente en febrero pasado cuando el senador Charles Schumer, las representantes Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y otros 11 congresistas pidieron a FEMA que se asegurara de que el dinero de reconstrucción fuera a infraestructura y fuentes de energía renovable.

Ese es el dinero que Queremos Sol sostiene que se puede usar para adquirir sistemas de placas y baterías que cubran todos los techos de la isla, privados o públicos, así como lotes vacantes para convertir el sol en la fuente del 75% del consumo de energía. La meta es reducir costos y tener una red menos vulnerable a huracanes y desastres naturales.

En su moción, LUMA contrastó el estudio de Queremos Sol con las experiencias de conversión a energía renovable en Alemania, Hawaii y California concluyendo que “estas jurisdicciones, con redes bien mantenidas y funcionales y con niveles de penetración de renovables muy por debajo de los que propone (Queremos Sol), experimentaron impacto significativo a su red y a los abonados debido a la integración acelerada”. Al afirmar que su plan es “fortalecer la red para apoyar la integración de renovables” subrayaron que la propuesta “tiene riesgos significativos y solo debe ser considerada después de análisis cuidadoso y completo, y desplegada de manera medida y deliberada”.

“Claramente, en LUMA no están comprometidos con impulsar renovables en techos, aunque es lo que más beneficio traería a la gente, que es a quien el sistema eléctrico sirve. LUMA nos quiere dejar en el siglo pasado y no podemos aceptar esto. Por esta y tantas otras razones no se puede permitir que este contrato proceda y tiene que cancelarse”, ripostó Vila-Biaggi.

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