El informe es parte del foco que el Departamento del Tesoro ha puesto sobre los incentivos contributivos en PR por órdenes del Congreso.

El Gobierno de Puerto Rico no cooperó completamente con un informe congresional sobre la aplicación de las leyes de incentivos contributivos 20 y 22 que concluyó que las mismas no requieren cambios significativos y que son posibles debido a que a Puerto Rico, y otros territorios, se les reconoce la posibilidad de tener un sistema contributivo separado del sistema contributivo federal.

Así consta de copia del informe que obtuvo NotiCel y que había sido un requerimiento del Comité de Asignaciones Presupuestarias del Congreso en junio del año pasado y que también había sido una solicitud de los congresistas demócratas José E. Serrano, Nydia M. Velázquez, Raúl M. Grijalva y Alexandria Ocasio Cortez en diciembre.

El informe, preparado por el Servicio de Rentas Internas federal (IRS), consigna que fue emitido con datos incompletos porque los departamentos de Hacienda y Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no sometieron toda la información sobre los beneficiarios de las Leyes 20 y 22 y que, la qre recibieron, les llegó en marzo de 2020. El DDEC le dijo al IRS que no iba a compartirles la información a menos que le presentaran una orden judicial de producción de documentos, por lo que el informe sugiere que el Congreso tramite esa orden o que instruya a la Junta de Control Fiscal (JCF) a usar sus poderes para conseguir la misma.

El IRS hace la salvedad también de que no proveyeron al Congreso todo su análisis sobre el cumplimiento contributivo de beneficiarios específicos porque aplican restricciones de divulgación y por “sensibilidades relacionados a investigaciones”. El 21 de octubre pasado, agentes del IRS arrestaron al socio de BDO Puerto Rico, Gabriel Federico Hernández Colón, tras una operación encubierta en la que se alega que el contable ayudó a un beneficiario de estos incentivos a cometer fraude contributivo.

Con la información a la mano y el análisis que pueden compartir, la conclusión del IRS al Congreso es que lo que se requiere para minimizar el impacto de los incentivos de las leyes 20 y 22 en el fisco federal es: 1) requerirle a Hacienda compartir regularmente con el IRS la lista de los contribuyentes que están reclamando residencia en Puerto Rico para acogerse a los incentivos y 2) buscar que Hacienda ejecute campañas para que se entiendan mejor los requerimientos y regulaciones federales para que la interpretación de los incentivos resulte en que tanto los Estados Unidos como Puerto Rico puedan recibir los impuestos apropiados.

Un elemento que parece haber pesado en el análisis del IRS es la automomía fiscal que se le reconoce a Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado. Las exclusiones federales que permiten que los beneficiarios de las leyes 20 y 22 tengan un tratamiento contributivo distinto en Puerto Rico al que tendrían en los Estados Unidos “no son inconsistentes con el antiguo reconocimiento del Congreso a la autonomía de Puerto Rico en materias de gobernanza interna, incluyendo política pública y leyes territoriales contributivas”. Además de esta expresión, el informe consigna que también hay reconocimientos de tratamientos contributivos distintos para otros territorios de los Estados Unidos. Una de las fuentes académicas que el informe usa para este elemento de la autonomía fiscal es un artículo coescrito por el propio Hernández Colón.

En cuanto a la información que sí pudieron obtener, el informe comparte sobre la Ley 20 (que es la que pueden aprovechar las entidades que se establecen en Puerto Rico y que proveen servicios al exterior) que hay 1,924 entidades beneficiarias. Hacienda proveyó los Números de Identificación Patronal (EIN, por sus siglas en inglés) para 1,541 de ellas y, cuando el IRS cotejó, encontró que 1,482 de estas no tenían historial contributivo antes de convertirse en beneficiarias de la ley, por lo que concluye que no serían fuente de pérdidas contributivas para el gobierno federal y que son entidades creadas para hacer negocio desde Puerto Rico.

En cuanto a la Ley 22, que es el incentivo al que se pueden acoger individuos de alto volumen de ingresos que hagan de Puerto Rico su residencia para efectos contributivos, el informe contabiliza 2,331 beneficiarios desde 2012. IRS recibió de Hacienda información de 647 de estos beneficiarios, pero Hacienda no explicó cómo los escogió. El IRS buscó cuántos impuestos habían pagado en los cinco años anteriores a convertirse en beneficiarios así como los estados en los que habían reportado esos ingresos. Pudieron precisar esas circunstancias para 647 de los beneficiarios y desglosaron que estos habían pagado colectivamente $557,978,112 en impuestos federales en los cinco años anteriores.

Sus lugares de origen son:

-34 de California que habían pagado $14,095,068

-51 de Florida que habían pagado $55,542,376

-13 de Nueva Jersey que habían pagado $11,394,710

-10 de Nevada que habían pagado $2,942,857

-32 de Nueva York que habían pagado $27,907,020

-23 de Texas que habían pagado $86,837,955

-223 casos en los que no se pudo establecer la jurisdicción contributiva anterior, pero que pagaron $29,317,344

-95 que vienen de 31 estados que no son desglosados porque tienen menos de 10 beneficiarios cada uno y que pagaron $77,684,604

-Y un grupo de 166 puertorriqueños que se relocalizaron a la Isla con el beneficio contributivo y cuyo historial refleja que vienen de California (35), Florida (26), Nevada (10), Nueva York (13), Texas (14) y 68 de otros 24 estados que cada uno tiene menos de 10 beneficiarios. Colectivamente, pagaron $252,256,178 en impuestos federales.

La licenciada Jeanelle Alemar Escabí, presidenta de la junta de la Tax Incentive Association (TIA) estuvo de acuerdo con las recomendaciones del IRS al Congreso.

La entidad se formó este año para educar sobre las “mejores prácticas” del programa de incentivos porque “el programa es importante para el desarrollo económico de Puerto Rico y queremos que las cosas se hagan bien”. La organización enfatiza también en que los incentivos de la Ley 20 no se limitan a personas que se relocalicen en la isla sino que está disponible para cualquier empresa que se forme aquí y que cumpla con el propósito del incentivo, sin importar de dónde son sus dueños.

Alemar Escabí no abordó directamente el arresto de Hernández Colón pero subrayó que “uno de los principios de TIA es educar y fomentar sobre las buenas prácticas dentro del programa tanto de parte de los contribuyentes como de los practicantes. La fiscalización del programa de parte de entes federales es consistente con ese principio.”

Para ver el informe congresional, pulse aquí.

Vea:

Acusación federal contra Hernández, contraataca el Tesoro federal