La exgobernadora Wanda Vázquez Garced estampó su firma sobre el proyecto, que se aprobó al final del cuatrienio pasado.

El 7 de diciembre pasado, la delegación del Partido Nuevo Progresista presentó una medida para enmendar el Código de Incentivos. Veintitrés días después, la saliente gobernadora Wanda Vázquez Garced estampó su firma sobre la legislación, que se convirtió en la Ley 172.

Este estatuto estableció una tasa preferencial de un 12% en el pago de impuestos por ingresos de regalías, rentas, cánones y derechos de licencia, que realice un negocio exento con un decreto de exportación de bienes y servicios. También creó incentivos para la industria del reciclaje de aluminio y estableció que los jóvenes empresarios deberán comenzar su operación principal comercial en o luego de la presentación de la solicitud de decreto y adelantó el momento en que se puede transferir o vender un crédito contributivo por inversión turística.

Hace tres días, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al Gobierno frenar la implementación de dicho estatuto porque no cuenta con una fuente de financiamiento y, por tanto, choca con el Plan Fiscal del Gobierno.

Pero ya la ley entró en vigor.

“La ley 172 del 2020 fue aprobada el pasado 30 de diciembre de dicho año. En el día de ayer (jueves) la JCF acorde con su política de evaluar leyes relacionadas a incentivos notificó su postura sobre la aludida ley. El DDEC se encuentra evaluando la misma para establecer los pasos a seguir”, indicó el designado secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre Miranda, en declaraciones escritas.

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“AAFAF esta analizando el contenido de la carta de la JSF y discutiendo con nuestros asesores legales externos. En ocasiones anteriores, JSF ha enviado este tipo de cartas, y luego de recibir información adicional, desiste de su intención de paralizar la implementación de leyes. Oportunamente, la AAFAF estará contestando la carta de la JSF”, agregó Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

También, en declaraciones escritas, apuntó que la ley es válida hasta que un tribunal diga lo contrario.

En la misiva que la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, envió a Marrero Díaz detalló que la Junta recibió el acta de certificación de la medida el 9 de febrero.

“En la certificación, el Gobernador indica que las Secciones 2 y 3 de la Ley 172 son ‘significativamente inconsistentes’ con el Plan Fiscal certificado del Estado Libre Asociado, pero que el resto de la ley no plantea tal problema”, afirmó Jaresko.

“Si bien la Junta de Supervisión está de acuerdo con el Gobernador en que las Secciones 2 y 3 de la Ley 172 son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal, otras disposiciones de dicha Ley también plantean problemas bajo Promesa como se describe a continuación. En consecuencia, no podemos avalar la implementación de la Ley 172”, agregó.

Jaresko mencionó que la recién aprobada redujo de un 29% a un 12% la tasa preferencial de pago de impuestos para las personas o negocios que exportan bienes y servicios. Ese cambio, según su cálculo, acarrearía una reducción de ingresos anual al Gobierno que oscilaría entre $11.6 millones a $41.3 millones.

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“En ninguna parte de la certificación, el Gobernador aborda cómo el Gobierno compensará los ingresos perdidos. Además, como se indica en la certificación, el Gobierno no puede "estimar con suficiente confianza que el beneficio económico [de la Ley 172] supera su impacto en los ingresos del Fondo General”, apuntó Jaresko.

Desde que el Gobierno de Puerto Rico opera bajo el régimen impuesto por la ley federal Promesa, las leyes aprobadas requieren el visto bueno de la Junta. Bajo esa premisa y “estado de derecho”, las leyes aprobadas no deberían entran en vigor hasta que se complete ese trámite, explicó a NotiCel Germán Ojeda, gerente de política tributaria de la Junta.

Además, las medidas que tienen un impacto fiscal tienen que venir con una fuente de ingreso o repago identificada, un requisito que esta enmienda aprobada en las postrimerías del cuatrienio pasado no cumplió.

“Yo entiendo que la medida no ha sido implementada”, indicó Ojeda.

A tenor con ese supuesto, Jaresko pidió a Marrero Díaz que informe prontamente si acatará la decisión de la Junta.

“Por favor, tenga en cuenta que la Junta de Supervisión se reserva el derecho a tomar las acciones que considere necesarias de conformidad con las Secciones 104 (k), 108 (a) y 204 de Promesa, incluida la búsqueda de remedios para evitar la implementación y ejecución de la Ley 172. Esperamos que una acción como esa sea innecesaria”, concluyó.

Al cierre de esta edición, quedaba pendiente una reacción de la Junta ante el hallazgo de que la medida entró en vigor sin su conocimiento.

Mira aquí la carta de la JSF.