El organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico advirtió sobre el impacto fiscal de la normativa, de la cual no se han aprobado aún los reglamentos de implementación requeridos conforme a la Ley PROMESA y que dependen de la Junta.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionó al gobierno sobre el impacto fiscal que podría tener la implementación de la Ley 119, que pretende aumentar las licencias por vacaciones y enfermedad de los empleados públicos (24 días contra 15 antes de la aprobación de la normativa).

La JSF, en una carta enviada el pasado 16 de junio, al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, también advierte que la Ley 119 aún no entra en vigor "porque la Junta de Supervisión no ha aprobado los reglamentos de implementación requeridos por las Reglas, Política de Revisión de Reglamentos y Órdenes establecidos conforme a la Ley PROMESA".

Al respecto, pide que se mantenga el "enfoque" de la AAFAF, que ha dado instrucciones a todas las agencias para que no implementen la Ley 119 o los reglamentos relacionados "a menos y hasta que la Junta de Supervisión revise y apruebe tales medidas conforme a su política.

La Junta plantea "inquietudes" en torno a la normativa y sostiene que "en la medida en que el Gobierno no esté de acuerdo con esta posición, o haya iniciado la implementación de la ley, ordenamos al Gobierno que notifique a la Junta de Supervisión inmediatamente".

Para el organismo, "es evidente que el Gobierno no ha realizado el análisis requerido por la Ley PROMESA (ya sea antes o después de la aprobación de la Ley 119) y no ha proporcionado la certificación y el presupuesto formal requerido por la Ley PROMESA".

Entre los cuestionamientos de la JSF, se establece que en la presentación del Gobierno sobre la Ley 119 no se incluye "una estimación formal" del "impacto" que tendrá el estatuto "sobre los gastos y los ingresos.

La Junta admite además que el Gobierno entregó unos estimados financieros, pero asegura que son "deficientes" y también consigna que los documentos (entre ellos uno de Hacienda) establecen que la medida no exhibe impacto fiscal

Al respecto, la entidad indica que "ninguno de los documentos explica cómo las agencias llegaron a sus conclusiones y qué problemas consideraron en el proceso. Esta deficiencia hace que ambas estimaciones sean insuficientes".

Insiste en que "las estimaciones presentadas son deficientes" y no proporcionan "un análisis completo del impacto fiscal de la ley" y plantea "serias preocupaciones" por la implementación de la normativa.