La organización Espacios Abiertos ofreció sus recomendaciones ante el panorama que vive Puerto Rico tras varias crisis, incluyendo la del COVID-19.

La posibilidad de una moratoria temporal en el pago de la deuda, un análisis de sostenibilidad de esta, y la eliminación de medidas de austeridad son acciones contundentes que deberían tomarse por parte del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal para lidiar con la situación económica que enfrenta el país después de la pandemia del COVID-19, a juicio de Daniel Santamaría Ots, economista y analista senior de Política Pública de la organización Espacios Abiertos.

La organización, dedicada a promover la transparencia, la rendición de cuentas gubernamental, y la participación ciudadana en en el marco de la crisis económica que atraviesa Puerto Rico, hizo un análisis a raíz de las proyecciones económicas en el plan fiscal más reciente, que fue publicado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) el pasado 3 de mayo, y ofreció sus recomendaciones en un intento por paliar el crítico panorama que se vive en medio de la pandemia por coronavirus.

“Es evidente que las políticas de austeridad propuestas en todos los planes fiscales certificados hasta la fecha contribuyen a empeorar el estado de la actual crisis y ayudan en última instancia  a la insostenibilidad de la deuda pública”, expresó Santamaría Ots durante una mesa redonda en la que se discutió el tema.

La situación del COVID-19 ha provocado intervenciones de emergencia en la mayoría de economías del mundo, tanto en el área de política fiscal, con grandes paquetes de estímulo en el gasto público, como en el área de política monetaria, con intervenciones coordinadas en los mercados financieros de la mayoría de los bancos centrales.

“Como ejemplo del área de política fiscal está el mayor estímulo fiscal de la historia de los Estados Unidos, el CARES Act, por un valor de $2.3 millones. Y en cuanto a la política monetaria está la intervención de la Reserva Federal en la compra de activos financieros por valor de hasta $4.0 trillones. A estas se sumaría la solicitud por parte del G20 de realizar una moratoria en el pago de la deuda pública e intereses por valor de $20 billones de por lo menos doce meses, afectando a 76 países de economías emergentes”, se explicó.

Santamaría Ots recomendó que, en el año fiscal 2020-2021, todos los recursos del presupuesto del Fondo General del gobierno, además de todos los fondos federales destinados a atender la crisis, se inviertan en robustecer la economía del país y atender las necesidades más apremiantes de la gente.

Además, propuso que se solicite de inmediato una moratoria de no menos de un año a los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico, lo que supondría una suspensión de los pagos actuales. Dijo que esa acción es necesaria hasta que se tenga un panorama más certero sobre la situación económica a nivel local y mundial.

También se recomendó que se realice y publique un análisis de sostenibilidad de la deuda pública que incluya los efectos de la pandemia a largo plazo; la eliminación, de una vez, de las medidas de austeridad como principio rector de las políticas públicas del país; la culminación de los estados financieros auditados para los años 2017, 2018 y 2019; y el desarrollo de un plan económico realista y ajustado a esta nueva realidad.

El plan fiscal presente interpreta esta nueva situación como un escenario de riesgos sin precedentes para Puerto Rico.

“El nuevo plan fiscal presenta unas proyecciones de caída del Producto Nacional Bruto real del -3.8% para el año fiscal 2020 y del -7.8% para el año fiscal 2021”, destacó Santamaría Ots.

Asimismo, explicó que, de acuerdo al nuevo plan fiscal, una vez se implementen las medidas de austeridad, Puerto Rico enfrentaría un déficit fiscal nueve años antes de lo previsto, es decir, para 2030. De acuerdo al plan fiscal previo, presentado en febrero de 2020, estos déficit no se presentarían antes del 2039.

“La proyección más optimista sugiere un menor impacto de la crisis que implicaría un superávit promedio de $502 millones en cada año fiscal. En el escenario base, se asume que habrá un mayor impacto de la crisis que generaría un promedio anual de superávits fiscales primarios de cerca de $32 millones. La proyección pesimista supondría un promedio anual de déficits fiscales primarios de -$578 millones cada año fiscal hasta el 2025”, explicó.

El plan fiscal del gobierno propone tres proyecciones diferentes sobre posibles superávits o déficits fiscales primarios entre los años 2020 y 2025, lo que permitió a la organización Espacios Abietors estimar los recortes necesarios de los $35,000 millones de la deuda de los bonos de obligación general (GOs) según los números y supuestos del propio plan.

En el escenario optimista “se propone un recorte del 90% en el que el valor presente de los pagos de la deuda del gobierno central después de reestructurarse oscilaría entre $3,588 y $3,993 millones. En el escenario base se propone un recorte del 99% en el que el valor presente de los pagos de la deuda del Gobierno Central después de reestructurarse oscilaría entre $229 millones y $254 millones, y en el escenario pesimista se propone un recorte del 100% en el que el valor presente de los pagos de la deuda del gobierno central después de reestructurarse sería $0”, estimó la organización.

“Recomendamos que el próximo paso sea un reconocimiento tácito de la imposibilidad del pago de la deuda ante la situación de la pandemia mediante una moratoria de al menos un año, la eliminación de las políticas de austeridad, encaminar una reestructuración con un análisis de sostenibilidad de la deuda que incluya los efectos del COVID-19, impulsar un plan macroeconómico y actualizar los estados financieros auditados”, concluyó el economista.