Piden compensación porque acapararon el mercado ilegalmente durante la pandemia.

Seis comercios locales sometieron una demanda de clase con la que pretenden representar a todos los negocios que se abstuvieron de vender artículos que no fueran de primera necesidad durante las prohibiciones a dicha actividad que estableció el gobierno mediante las órdenes ejecutivas de toque de queda y restricción comercial por la pandemia. Los demandados son Walmart, Costco, Walgreens y CVS, contra quienes se imputa competencia injusta, desleal y enriquecimiento injusto y a quienes se pide pagar una compensación de $1,500,000 millones para los comercios locales.

La demanda fue presentada hoy en el Tribunal de Primera Instancia y representa una acción civil y privada para vindicar el mercado justo que se supone que proteja el Departamento de Justicia mediante su Oficina de Asuntos Monopolísticos y su Reglamento sobre Competencia Justa. Los demandantes advierten también que puede haber reclamos relacionados que se presenten en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico dependiendo del resultado del descubrimiento de prueba que se haga en este pleito.

Los demandantes puntualizan que sus tiendas obedecieron el lenguaje de las órdenes ejecutivas y dejaron de vender artículos que no fueran de primera necesidad y en otras instancias cerraron por completo debido a que sus artículos no son de primera necesidad. Sin embargo, las farmacias y megatiendas demandadas siguieron vendiendo artículos que no son de primer necesidad, monopolizando así la actividad comercial en detrimento de las tiendas que obedecieron las órdenes ejecutivas desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo, mientras el 95% de los negocios en la Isla no podían operar por dictamen de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Subrayan que las megatiendas tuvieron a un representante en el “Task Force” Económico de la Gobernadora, el director de Asuntos Públicos y de Gobierno de Walmart, Iván Báez, quien hizo expresiones públicas reconociendo que la orden ejecutiva “ solo permitía la venta de alimentos y ningún artículo que no fuera de naturaleza esencial”, por lo que sostienen que dichas expresiones son evidencia de que Walmart actuó en contra de lo que uno de sus mismos ejecutivos había dicho, creando una situación de competencia desleal.

“La actuación intencional y violatoria de la Orden Ejecutiva por parte de las Demandadas, perjudicó la competencia y los negocios que no podían abrir al público ni vender artículos vedados por la Orden Ejecutiva. Esta situación colocó en una desventaja indebida a los Comerciantes Locales, los cuales sí acataron la Orden Ejecutiva ya que se dedican a la venta de artículos que no estaban autorizados a venderse bajo la Orden Ejecutiva, tales como ropa al detal para mujeres y niños, zapatos, televisores y artículos misceláneos que no son de primera necesidad. Las megatiendas y cadenas Demandadas, bajo el pretexto de vender alimentos, medicamentos y/o artículos de primera necesidad, se aprovecharon de la situación para efectuar ventas al detal de artículos excluidos de la Orden Ejecutiva, tales como ropa, zapatos, enseres eléctricos y televisores y cientos de productos no esenciales, en detrimento de los negocios no autorizadas a abrir y a vender, abusando desleal e ilegalmente de los Comerciantes Locales”, se alega en el documento.

“El efecto neto de estas actuaciones fue el secuestro ilegal del mercado por parte de las Demandadas, en detrimento de la competencia y los Comerciantes Locales demandantes por un período de once (11) semanas en las que el consumidor puertorriqueño tuvo que patrocinar exclusivamente aquellos comercios que, como las megatiendas y cadenas Demandadas, so color de estar autorizados a vender porque dentro de su inventario ofrecen ciertos productos de alimentos y otros autorizados, realizaron toda clase de ventas desmedidas de productos al detal, incluyendo ropa, zapatos, televisores, entre otros”, anadieron.

Los demandantes pretenden representar en una clase a todos los comercios locales que estuvieron en su misma situación durante las semanas en que no se podían vender artículos que no fueran de primera necesidad, pero los demandantes que comparecen en el pleito hasta ahora son:

- Kress Stores of Puerto Rico, Inc., fundada en 1963, con 38 tiendas alrededor de la Isla y que estima que sufrió pérdidas de $8,221,000 por las actuaciones de los demandados.

- Antonio Bayón y Elba Casiano, dueños de las tiendas Junelba en Lajas y Peñuelas, con pérdidas estimadas en $50,000

- J. Pica y Cía., Inc., dueños de las Tiendas Capri, fundada en 1963 con 16 tiendas alrededor de la Isla y pérdidas estimadas en $25,000,000

- J.M.J. Appliances Corp., fundada en 1971 con tres tiendas de muebles y pérdidas estimadas en $400,000

- Valija Gitana, Inc., fundada en 1994, con 12 tiendas y pérdidas estimadas en $2,000,000

- Humberto Vidal, Inc., fundada en 1971 con 41 tiendas y pérdidas estimadas en $3,100,000

Los demandantes solicitan compensación de $500,000,000 por competencia injusta y desleal, otros $500,000,000 por enriquecimiento injusto y otros $500,000,000 por concepto de daños punitivos, según la demanda presentada hoy en el Tribunal de Primera Instancia por el bufete Saldaña, Carvajal & Vélez-Rivé, P.S.C.