Según un extenso análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Durante los primeros 15 años del presente siglo, del 2000 al 2014, el gobierno de Puerto Rico acumuló un exceso de gastos sobre sus ingresos $25,785 millones, que financió mediante préstamos, tomando dinero de COFINA y transferencias de otros fondos, según el análisis que del periodo hizo la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Esa fue la ruta que llevó eventualmente a la quiebra al gobierno y a muchas de sus corporaciones públicas.

Sostiene el Informe Especial de Ingresos y Gastos del Fondo General que cubre los años del 2000 al 2022 de la OPAL que durante esos primeros quince años del siglo los Ingresos Netos del Fondo General totalizaron $118,788 millones, mientras que los gastos alcanzaron los $144,573 millones.

Detalla el mencionado informe que el promedio de ingresos anuales durante esos 15 años fue de $7,919 millones y el gasto promedio (incluyendo pago de deuda y transferencias a otros fondos) fue de $9,638 millones.

“Esto significa que en promedio los gastos del Fondo General superaron los ingresos por $1,719 millones. En el año fiscal 2006 y en los años fiscales del 2009 al 2012 los gastos y erogaciones superaron los $10,000 millones, alcanzando su punto máximo en el año fiscal 2012 con casi $12,000 millones”, indican.

Ese déficit acumulado del Fondo General, agregan, se cubrió con $9,524 millones en préstamos, $8,980 millones en préstamos de COFINA y transferencias de otros fondos por la cantidad de $5,678 millones. A pesar de estas transacciones de otras fuentes de financiamiento el déficit neto fue aún de $1,603 millones.

Sostiene el documento que fue a partir del año fiscal 2015, que se implementaron medidas significativas para controlar el gasto, destacando la Ley 66-2014, que fue la que congeló las fórmulas de asignación presupuestaria a la Universidad de Puerto Rico, los municipios y la Rama Judicial, entre otras iniciativas para reducir el gasto gubernamental.

Agregan que “la llegada de la Ley PROMESA en 2016 marcó un cambio significativo en la administración de la política fiscal, y dio inicio al proceso de reestructuración de la deuda pública. En los años fiscales más recientes, el impacto de eventos como los huracanes Irma y María en septiembre de 2017; el terremoto en el suroeste de la Isla en enero de 2020 y la pandemia de covid-19, también en el 2020 ha influenciado notablemente en los ingresos y gastos del gobierno”.

La distribución de recaudos durante ese periodo de 15 años la encabezó la partida de contribución sobre ingresos, que incluye los impuestos a individuos, corporaciones, sociedades, retenida a no residentes, intereses y dividendos, y “tollgate tax”, que representó el 65 por ciento del total de recaudos con $76,704 millones;

Le siguió la partida de arbitrios, que totalizó $26,932 millones, y el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) $5,109 millones, para un 23 y 4 por ciento, respectivamente.Los restantes $10,044 millones, u 8% de los ingresos recaudados, se componen de impuestos sobre la propiedad, cargos por servicios, ingresos y transacciones de unidades gubernamentales, intereses y otras partidas.

La Ley 66-2014

Sostiene el informe que esta Ley se aprobó con la intención de atemperar el nivel de gastos y obligaciones con los recursos recurrentes disponibles, ya que la existencia de asignaciones presupuestarias que aumentaban automáticamente, como las fórmulas de la Universidad de Puerto Rico, los municipios y la Rama Judicial, convenios colectivos, servicio a la deuda y aportaciones a los planes de retiro, entre otros, causaban que los gastos excedieran considerablemente los ingresos del Fondo General.

Con su aprobación se dio paso a la congelación de las fórmulas de la UPR, municipios y la Rama Judicial; la no concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria; y la reducción en el gasto de nómina de empleados de confianza; la reducción en la contratación de servicios profesionales y comprados; el ahorro en los gastos de transportación escolar; la reducción del gasto y contratos de arrendamiento; y planes de pago para las sentencias finales y firmes pendientes de pago, entre otras medidas.

“El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2015, tomando en consideración el efecto de la Ley 66- 2014, fue de $9,565 millones. De esta cantidad se asignaron $745 millones para el servicio de la deuda. El segundo hecho importante es que en el presupuesto del Año Fiscal 2015 no se utilizó el mecanismo de refinanciamiento de la deuda por primera vez desde el Año Fiscal 2000”, señala el Informe.

“Si bien es cierto que de los años fiscales 2001 al 2014 Puerto Rico cumplió con el servicio de la deuda, esto se logró refinanciando la misma parcialmente o en su totalidad. El Año Fiscal 2015 fue la última vez que se pagaron los bonos de obligaciones generales (GO, en inglés) antes de la renegociación de la deuda en el Año Fiscal 2022”, resaltan.

A pesar de ello el año fiscal 2015 terminó con un déficit neto de $621 millones ya que los ingresos y otras transferencias totalizaron $8,893 millones, mientras que los gastos fueron de $9,514 millones.

El año fiscal 2016 fue el primero en este periodo en cerrar con más ingresos que gastos. Se informa que los ingresos reales del Fondo General para ese año fueron $9,144 millones mientras que los gastos totalizaron $8,580 millones. “Esto representa que los ingresos excedieron los gastos por la cantidad de $564, pero se debe aclarar que ese año fiscal solo se pagaron $287 millones de servicio a la deuda”, apuntan.

Ley federal PROMESA

Nos recuerda el informe que el 30 de junio de 2016 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la ley "Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act" (Promesa, en inglés) para permitir que Puerto Rico reestructurara su deuda pública. En la Sección 8 (2), indican, establece que el gobierno de Puerto Rico no puede adoptar, implementar o hacer cumplir cualquier estatuto, resolución, política o regla que pueda menoscabar o anular los propósitos de Promesa.

“Previo a Promesa, Puerto Rico tenía una deuda de más de $72 mil millones y más de $55 mil millones de déficit actuarial en los sistemas de retiro. En ese momento no existía un mecanismo legal de reestructurar la deuda. El gobierno de Puerto Rico había declarado que la deuda pública no se podía pagar”.

El año fiscal 2018 también resultó con un ingreso superior a los gastos, pero se aclara que ello se debió a otra legislación que “recortó” gastos. Se informa que los ingresos reales totalizaron $9,643 millones y los gastos $9,092 millones, lo que refleja un exceso de ingresos sobre gastos de $551 millones.

“Es importante destacar, aclaran, que en el Año Fiscal 2018 hubo un cambio significativo en las partidas de presupuesto ya que mediante la Ley 106 del 23 de agosto de 2017 se aprobó una reforma de los sistemas de retiro de los empleados del Gobierno Central, maestros y de la judicatura. Esta reforma modificó sustancialmente el sistema de retiro eliminando las aportaciones patronales, creando el marco legal para implementar un sistema de “pay-as-you-go” (Paygo) y liquidando los activos del sistema y transfiriendo el producto de la liquidación al estado para el pago de beneficios de pensión”.

Bajo el sistema de Paygo, explican, el Fondo General es responsable directamente del pago a los pensionados y la cantidad asignada para ese propósito fue de alrededor de $2,000 millones.

La combinación de varios factores económicos, que incluyen la inyección extraordinaria de fondos estatales, federales y pagos de seguros que financiaron la actividad económica asociada a las tareas de recuperación y reconstrucción luego del paso de los huracanes Irma y María en el 2017, llevaron a un exceso de ingresos sobre gastos de $3,171 millones en el Año Fiscal 2019.

Ello, precisan, tuvo un efecto fiscal positivo en la contribución sobre ingresos de individuos y negocios y en los distintos impuestos al consumo. Ejemplo de esto son las empresas que participaron en labores de reconstrucción, empleos que se generaron, renovación de flotas de vehículos de motor e inversión en materiales.

Además, en febrero de 2019, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos aprobó el Plan de Ajuste para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA). Esta fue la primera reestructuración de la deuda completada bajo el Título III de PROMESA y el Plan de Ajuste redujo $6 mil millones a la deuda de COFINA, de $18 mil millones a $12 mil millones. Redujo los pagos del servicio de la deuda en un 32 por ciento, lo que le ahorró al pueblo de Puerto Rico aproximadamente $17.5 mil millones, sostienen.

Como resultado de ese acuerdo ingresaron al Fondo General $368.2 millones del IVU correspondiente a este año fiscal, lo cual representó un ahorro de 47 por ciento de lo que debió haber sido el pago de COFINA. Además, se recibieron $44.2 millones del año anterior para cubrir los costos de la transacción. El total recibido por el Fondo General en el Año Fiscal 2019 relacionado con el Acuerdo de COFINA fue de $412.4 millones, cantidad que es una base recurrente para los próximos años.

Todo lo antes expuesto, combinado con nuevas leyes contributivas que impactaron los recaudos, llevó a excedentes de ingresos sobre gastos para los años fiscales 2020 y 2021.

Esa situación cambió drásticamente en Año Fiscal 2022. En este los ingresos reales fueron de $12,813 millones y los gastos reales fueron $22,923 millones, lo que representa un exceso de gastos sobre ingresos de $10,110 millones.

Eso lo atribuyen a que esos gastos incluyen alrededor de $10,010 millones, no recurrentes, relacionados al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). Los fondos para la implementación del PAD, explican, provienen de ingresos del Año Fiscal 2022, sobrantes acumulados de años fiscales anteriores y transferencias de otras entidades gubernamentales.

Sin ese impacto, se aclara, los ingresos reales para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2022 excedieron el presupuesto enmendado de $11,327 millones por $1,486 millones.

Ley 53 del 26 de octubre de 2021 ¨Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico¨.

Otro cambio importante para el fisco local fue esta ley, cuyo Capítulo 5 enmienda y deroga ciertas leyes para allegar ingresos de fondos especiales al Fondo General y garantizar que toda legislación cumpla con la disponibilidad de fondos establecidos en el plan fiscal.

Esos nuevos ingresos que ahora van al Fondo General son los arbitrios a combustibles de productos derivados del petróleo ¨crudita¨, los derechos de licencias de vehículos de motor y los depósitos correspondientes al Fondo de Redención relacionados con la contribución sobre la propiedad.

“Esta Ley y el Plan de Ajuste de la Deuda se aprobó en el Año Fiscal 2022, sin embargo, la efectividad de los nuevos ingresos afectó al Fondo General a partir del Año Fiscal 2023 y la parte de los gastos a partir del Año Fiscal 2022”, aclaran.

El informe, que incluye también un extenso análisis de las áreas programáticas que más asignaciones reciben, concluye que las áreas de Educación, Seguridad Pública y Salud representaron una porción significativa del gasto total del Fondo General.

“En los años fiscales más recientes, se ha observado un aumento significativo en los recaudos del Fondo General, lo que ha resultado en un exceso de ingresos sobre gastos en los últimos años fiscales. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal a largo plazo sigue siendo un reto, dependiendo en gran medida de los fondos federales relacionados a la reconstrucción y a la tarjeta de salud”, advierten.