Acuerdo entre LUMA Energy y la AEE requiere cambios y mayor intervención del Negociado de Energía, concluyó el CNE
Si las fallas no se pueden corregir de manera oportuna, según el think tank, "solo podemos recomendar a las partes que regresen a la mesa de negociaciones e intenten nuevamente”.
El acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy para la transmisión y distribución de la electricidad está lejos de mejorar las deficiencias críticas que han marcado la corporación pública por años, por lo que esa negociación amerita una revisión, de acuerdo al Centro para la Nueva Economía (CNE).
Entre más de una docena de preocupaciones, el CNE fue insistente en recomendar una mayor intervención por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para cumplir su rol de regulador y fiscalizador independiente, aunque reiteró que si las fallas no se pueden corregir “de manera oportuna, solo podemos recomendar a las partes que regresen a la mesa de negociaciones e intenten nuevamente”.
El CNE analizó el pacto que se extenderá por 15 años y que dejaría en manos de LUMA Energy la operación, administración, el mantenimiento, las reparaciones y restauraciones del sistema de transmisión y distribución de la AEE.
A partir del 2021, la AEE retendrá la titularidad de los activos del sistema de transmisión y distribución, así como la generación, pero será LUMA Energy quien se encargará de las operaciones del sistema, incluyendo el servicio al cliente y la facturación. LUMA Energy recibirá una cuota de mantenimiento, una cuota de incentivos estructurados y también estará a cargo de la facturación y del acceso a fondos federales.
Desde su anuncio a finales de junio, varios integrantes de la clase política y del liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) han mostrado su oposición al contrato, que por el primer año se espera que LUMA Energy reciba una compensación de unos $70 millones, que anualmente se elevaría hasta $105 millones. A esto se le suman $20 millones en bonificaciones si la empresa cumple con objetivos de eficiencia.
Mientras, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Junta de Control Fiscal han aplaudido el acuerdo y lo han catalogado como lo mejor para Puerto Rico.
LUMA Energy es un consorcio formado por ATCO Ltd., que es un operador canadiense de sistemas eléctricos y Quanta Services, Inc., un proveedor de “soluciones de infraestructura” para la industria de energía eléctrica con sede en Texas.
Múltiples recomendaciones al NEPR
Parte del acuerdo se basa en que LUMA Energy tendrá acceso a los $21,000 millones en fondos federales que necesita la AEE para invertirlos en mejorar el sistema eléctrico a estándares competitivos en la industria.
Sin embargo, el CNE recomendó a la corporación pública y al NEPR a desarrollar un “Plan B” que defina cuáles son las prioridades de gasto de capital para el sistema en caso de que los fondos federales se demoren en ser desembolsados como ha sido la práctica, no sean suficientes o simplemente no sean asignados.
En términos de evaluación de labores, el análisis concluye que el NEPR y las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico —desde donde se origina el pacto— deben desarrollar parámetros de rendimiento con mejores estándares, basado en compañías en otras jurisdicciones. Como está escrito, el documento establece que el trabajo de LUMA Energy será medido a base del desempeño previo de la AEE en Puerto Rico, el cual está muy por debajo del sector privado.
Por otra parte, el CNE entiende que el acuerdo ofrece exenciones de responsabilidad demasiado amplias a la empresa operadora, que consisten de negligencia grave o mala conducta intencional del propietario, ManagementCo o ServCo, o sus respectivos empleados, agentes o contratistas. A su juicio, el NEPR debe ser más estricto y “proveer una exención limitada consistente con la peligrosidad intrínseca de la operación y administración de un sistema eléctrico grande”.
El director de Política Pública del CNE, Sergio M. Marxuach, advirtió que otros contratos y documentos relacionados que todavía no se han negociado también deben estar entre los asuntos a evaluarse. Igual, añadió que deben solicitarse los planes alternos en caso de que no se cumplan las suposiciones sobre las cuales está cimentado el acuerdo, como la llegada de fondos federales.
Otras recomendaciones son:
- Determinar que el Acuerdo Suplementario va en contra de la política publica establecida en Puerto Rico: que la energía eléctrica debe estar disponible al menor costo posible.
El llamado Acuerdo Suplementario entraría en vigor si se cumplen todas las condiciones del acuerdo con LUMA Energy previo a su llegada en el 2021 y permite que la empresa cobre una tarifa fija más alta que la establecida en el acuerdo original.
El CNE teme que ese acuerdo alterno pudiera utilizarse para obligar al Gobierno de Puerto Rico a aceptar un Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA, por sus siglas en inglés) insostenible y un Plan de Ajuste con los acreedores que produciría rendimientos similares a las rentas para algunos bonistas y un aumento significativo en las tarifas de electricidad.
- Es el NEPR quien debe aprobar todos los acuerdos de compra de energía entre LUMA Energy y los generadores de energía, así como utilizar sus poderes de reglamentación para exigir que GridCo compre energía de GenCo o de cualquier productor de energía independiente al menor del costo promedio o marginal, consistente con la estabilidad del sistema.
Este señalamiento se debe a que, como parte del acuerdo, la AEE se dividirá en dos compañías operativas: GridCo, que conserva la titularidad del sistema de transmisión y distribución y GenCo, que conserva la titularidad de los activos de generación.
- Que el NEPR desarrolle un proceso de investigación a las acusaciones de fijación de precios o colusión en el mercado.
El acuerdo establece que LUMA Energy debe utilizar un "despacho económico" para sus operaciones, pero la definición de ese termino es ambigua en el documento. A esto, se le sumó una recomendación al Departamento de Justicia para que capacite a abogados de la división antimonopolio para investigar estos casos.
Marxuach añadió una lista de preguntas que interesa ver contestadas antes de que finalice la transición a LUMA Energy, que supone tardar cerca de un año:
- ¿Cuál es la cantidad de ahorros estimada que producirá este acuerdo? ¿Cómo se determinó esa cifra? ¿Qué entidad estará a cargo de velar que se logren esos ahorros?
- Muchos de los parámetros para medir el desempeño de LUMA no se han determinado aún. ¿Cuál va a ser la base para definirlos? ¿El desempeño previo de la AEE? ¿Las mejores prácticas de la industria u otros?
- ¿Cómo nos aseguramos que los generadores de electricidad se la vendan a LUMA al costo más bajo posible? ¿Qué entidad estará a cargo de velar para que no se manipule el mercado de electricidad para aumentar los precios irrazonablemente?
- ¿Cuál es el “Plan B” si los fondos federales para la modernización del sistema de transmisión y distribución no se desembolsan en la cantidad esperada o simplemente no se materializan? ¿Cuáles serían entonces las prioridades para modernizar el sistema?
- ¿Qué sucede si no se llega a un acuerdo satisfactorio con los bonistas y otros acreedores en el proceso que se lleva a cabo bajo el Título III de PROMESA? ¿Cómo se afecta el proceso de modernización del sistema de transmisión y distribución?