Asociación de Alcaldes dice que sean los tribunales los que decidan

La Asociación de Alcaldes exhortó al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a no acatar la exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) de cobrar $66 millones relacionado al PayGo y que sean los tribunales los que decidan.

“Nuestra posición es que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no acate la orden de la Junta de Control Fiscal (JCF). Nuestra petición es que no la pongan en función, que la desacaten y vayamos a los tribunales. Que los tribunales sean los que decidan”, aseguró el primer vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández.

“Esa ha sido nuestra posición siempre, en todos los procesos, cada vez que la Junta ha tratado de inducir a los municipios a la crisis. En lugar de sentarse y ayudarnos, la Junta no ha traído una sola idea para beneficiar a los municipios. Sus proyecciones han sido totalmente erróneas y todavía no conocen cómo funcionan los municipios luego de todo este tiempo. Recordemos que los municipios no somos los culpables de la crisis, la culpa la tiene el gobierno central que dejó de pagar su deuda", agregó.

Hernández, alcalde de Villalba y Nelson Torres Yordán, de Guayanilla trabajan en conjunto con el director ejecutivo, José A. Rivera, exalcalde de Gurabo, en la dirección de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico mientras el presidente José 'Joe' Román Abreu recibe tratamiento contra el cáncer.

La Cámara de Representantes también lo rechaza

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto al representante Víctor Parés Otero, rechazaron tajantemente la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de descontarle a los municipios, mediante retención de remesas emitidas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), alegadas deudas con los sistemas de retiro y de salud.

“Los municipios son la primera línea de ayuda que tiene la gente y este cuatrienio han sido abatidos por fenómenos históricos jamás visto. En menos de cuatro años nuestros municipios han tenido que lidiar con la devastación causada por el sexto peor huracán en la historia, María, los más devastadores terremotos en sobre 100 años y la peor pandemia en la historia moderna del mundo. A pesar de todo esto, los municipios continúan dando servicio a la gente. No vamos a permitir que se les castigue y los tiren a la insolvencia, eso no va a suceder. Esta Cámara de Representantes va a luchar en contra de esta, o cualquier otra retención injusta, innecesaria y abusiva que se pretenda hacerles”, señaló el Presidente de la Cámara mediante un comunicado de prensa.

Las expresiones del líder legislativo surgen luego de que la Junta indicara que planifica, a partir del 1 de noviembre, iniciar un programa de deducciones de una doceava parte del pago, a través de las remesas mensuales a los municipios para, según el ente fiscal federal, cubrir las obligaciones con los sistemas de retiro y salud, las cuales, de acuerdo a sus estimados, ascienden a unos $66 millones.

“Estamos del lado de los alcaldes en sus reclamos justos y válidos. No hay manera de administrar efectivamente los municipios si se materializan estas retenciones obligadas por parte de la Junta. La economía local se encuentra en picada debido a todo lo que ha pasado, principalmente la pandemia, y esta congelación de fondos de remesas equivaldría a un golpe mortal a los municipios. Además, no es necesario hacerlas, pues en el asunto de la salud, gracias a las gestiones de una de las mejores Comisionadas Residentes en nuestra historia, Jenniffer González, logramos tener un 100 por ciento de reembolso por Medicaid, que se usa para sufragar los costos de la Reforma de Salud, hasta el 30 de septiembre de 2021. Estamos hablando que tenemos $5,800 millones para cubrir esos gastos, por ende no es necesario obligar a los municipios hacer ese pago”, añadió Méndez Núñez, quien adelantó que estará llamando a múltiples alcaldes para establecer un frente común en defensa de los municipios que podría incluir el solicitar ayuda al Congreso.