Estudio pone de manifiesto la quiebra de los municipios
Villalba es el municipio con mayores problemas financieros
Un estudio publicado recientemente por el Dr. Moisés Cortés Rosado revela que el 43% de los municipios de Puerto Rico presentó una situación fiscal similar a la de una entidad en quiebra entre los años 2013 al 2020.
El estudio también identificó que desde el 2020 hasta el 2023, los municipios han fallado en publicar sus estados financieros auditados, lo que pudiera apuntar a que la situación fiscal en los ayuntamientos se ha agravado.
El informe recoge hallazgos que demuestran que para el año fiscal 2015, el 43% de los municipios presentaron serios problemas financieros consistente con entidades insolventes, en el 2016 el número de municipios en dificultades se redujo a 40%, para luego volver a aumentar en el 2017 al 43%.
Recientemente, el también profesor Cortés Rosado, modificó un modelo financiero creado por el eminente profesor en economía y riesgo de negocios, Edward Altman, para predecir el nivel bancarrota de una compañía. El modelo financiero modificado por Cortés Rosado permite proyectar la insolvencia de las operaciones municipales, lo que facilitaría poder ejecutar medidas correctivas de manera pertinente en los municipios de Puerto Rico. El análisis principal se fundamenta en la investigación de la aplicabilidad del modelo de Altman como un indicador para determinar cuáles municipios se encuentran en una zona de riesgo a quiebra.
Desde el punto de vista técnico, el Dr. Cortés Rosado modificó el modelo estadístico utilizado de ordinario en estos análisis, para realizar una predicción de quiebra para los municipios y así medir el desempeño financiero, las estrategias aplicables para su solvencia y el manejo adecuado de las deudas. “Este estudio aporta un adelanto al conocimiento y literatura en el área de económica, administración pública y finanzas. Con este modelo podemos identificar si el Municipio se encuentra con problemas financieros y si lleva una dirección a la quiebra” detalló Cortés Rosado.
El estudio pronostica la bancarrota de los municipios
Las conclusiones del estudio prevén que la situación fiscal de los municipios se vaya agravando, por lo que Cortés Rosado recomienda que el Gobierno atienda esta “con sentido de urgencia en protección de la diversidad de servicios que se proveen a nivel local”. El estudio demuestra de manera clara que los municipios que no realicen ajustes significativos de manera inmediata, y continúen aumentando su déficit, tendrán que enfrentar un proceso de quiebra similar al de otras ciudades.
En el caso de insolvencia de los gobiernos municipales, ciudades o condados, la Ley de Quiebras Federal provee a los gobiernos municipales, ciudades y condados dos tipos de beneficios, estos podrán peticionar la presentación y declaración de quiebra ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos bajo el Capítulo 7 y el Capítulo 9. El Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal permite que los gobiernos municipales, ciudades y condados puedan acogerse a la reorganización financiera, esto contrario a la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico.
Villalba, Patillas y Ponce al borde de la quiebra
El modelo estadístico determinó que el año 2020, el Municipio de Villalba representa la entidad clasificada con mayores problemas financieros, la cual obtuvo la calificación más alta cuando se relaciona con déficit con su presupuesto anual. Villalba es seguido por el Municipio de Patillas, como la segunda entidad con mayores problemas financieros con un déficit de $50,214,901. El Municipio de Ponce es la tercera entidad municipal con mayores problemas financieros con déficit operacional de $509,719,921. Un dato impactante es que el Municipio de Villalba se mantuvo entre los 10 municipios clasificados con mayores problemas financieros desde el 2017 al 2020.
Las conclusiones del estudio coinciden con las conclusiones de las auditoria publicadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. El más reciente de estos informes identificado como el Informe de Auditoría M-23-14 establece que los déficits acumulados en el fondo operacional del Municipio de Villalba ascienden al del 66% en el 2015, 74% en el 2016, 91% en el 2017, 67% en el 2018 y 61% en el 2019. A pesar de esta situación deficitaria, el municipio falló en no consignar los créditos necesarios para liquidar los déficits corrientes, lo que apunta a serios problemas fiscales y administrativos.
Tomando como ejemplo la crítica situación financiera de Villalba, Cortés Rosado, hace un llamado a los administradores municipales y a los alcaldes, a “utilizar herramientas financieras confiables y eficientes para medir la predicción del nivel de riesgo a quiebra. Es importante que estos funcionarios incluyan dentro de sus estrategias el realizar estudios modelo financiero que les permitan visualizar correctamente su situación fiscal, definir sus riesgos y detectar la posibilidad de riesgo de quebrar. Parte del problema es que algunos alcaldes administran los municipios sin tomar en cuenta estas consideraciones”.
Los municipios en mayores dificultades financieras y que el modelo predice que se encaminar a una quiebra requieren acciones inmediatas para cambiar su curso financiero. Además de Villalba, los municipios de Patillas, Ponce, San Juan, Cidra, Florida, Loíza, Adjuntas, Yauco y Guayanilla, presentas una condición de alto riesgo.
Los municipios en total dependencia del Estado
Los alcaldes de la isla mantienen una narrativa sobre la relevancia de las funciones de los municipios a pesar de su terrible situación financiera. Por años, los argumentos financieros han estado subordinados a la importancia de los recursos que dedican los municipios en las áreas de seguridad pública, salud, recogido de basura, obras públicas, educación, cultura, recreación y, protección del medio ambiente, entre otros. Para asegurar la continuidad de estos servicios, la mayoría de los municipios han determinado depender de fondos estatales, en vez de desarrollar estrategias de sostenibilidad fiscal y promover el desarrollo económico a nivel local.
Es un hecho, que el modelo operacional y financiero que arrastran los municipios es de dependencia a las trasferencias presupuestarias del Gobierno de Puerto Rico a los municipios, la distribución del Impuesto de Venta y Uso y los subsidios del Gobierno Central a los municipios.
Según el Dr. Cortés Rosado “una gran parte de los municipios han creado una dependencia con los fondos que reciben del Gobierno Central. Además, los datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto demuestran que el presupuesto asignado a todos los municipios disminuyó de $2,396,730,294 a $1,972,388,528, entre los años fiscales 2013 al 2020. Estos dos factores impactan de forma negativa la salud financiera de los municipios ante la ausencia de estrategias municipales dirigidas a mitigar esa reducción de fondos”.
El Gobierno Central al rescate
Históricamente, a nivel estatal se ha reconocido la importancia de las funciones municipales por lo que consistentemente los gobernadores y oficiales de agencias estatales continuamente identifican oportunidades de apoyo a los ayuntamientos. Durante los pasados tres años, el gobernador Pedro Pierluisi y la Legislatura han logrado que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe la creación de múltiples asignaciones para mitigar la reducción de las transferencias internas gubernamentales.
Entre las estrategias promulgadas por el gobernador Pierluisi se destacan el Fondo para el Recogido Desperdicios Sólidos de la Ley 53, la compensación de fondos federales de Medicaid que aporta el CRIM a ASES, el Fondo de Consolidación Municipal, aportación de los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal (ARPA) y, asignaciones directas promulgadas mediante órdenes ejecutivas.
Las recientes iniciativas del Gobierno Central en apoyo a los municipios provienen de la teoría de que los problemas de los municipios son una consecuencia del Plan Fiscal que aprobó la Administración Rosselló Nevares. El Plan Fiscal aprobado avaló la eliminación escalonada del Fondo de Redención que se nutría de impuestos sobre la propiedad y del Impuesto sobre las Ventas y Uso. El Fondo de Redención era una fuente de ingreso significativo para los municipios de Puerto Rico y su eliminación puso en riesgos financieros a la mayoría de estos.