Una de las principales razones que ofrecieron para sus objeciones fue precisamente que los recaudos de estos impuestos sobre el petróleo y sus productos no se transfirieron a las arcas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) desde el 2015.

El equipo fiscal del Gobierno objetó las propuestas legislativas para la eliminación o reducción de la llamada “crudita” y recomendó a la Asamblea Legislativa que realice un estudio sobre el impacto económico real de esa propuesta y su costo para las finanzas gubernamentales.

Una de las principales razones que ofrecieron para sus objeciones fue precisamente que los recaudos de estos impuestos sobre el petróleo y sus productos no se transfirieron a las arcas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) desde el 2015. Por el contrario, indicaron “hace años los ingresos de estos arbitrios están destinados para el fondo general”.

Las expresiones se hicieron ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes en una ponencia conjunta que presentaron al organismo legislativo Roberto E. Rivera Báez, director asociado de Area de Política Pública y Legislativa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Angel L. Pantoja Rodríguez, subsecretario del Departamento de Hacienda y Nelson J. Pérez Méndez, subdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico.

Tras aseverar que en Puerto Rico, la imposición de estos arbitrios existe, en distintas formas, desde antes de la creación de la ACT (1965), la ponencia califica de desatinado el aseverar que estos impuestos se crearon para pagar la deuda de la ACT. “Históricamente, estos arbitrios han sufrido cambios tanto en la cuantía del impuesto como en la aplicación o disposición de los recaudos producto de su imposición, pero su imposición ha perdurado por décadas”, señala el documento.

Recuerdan, por otro lado, que la Junta de Supervisión Fiscal ha enfatizado que, conforme con el plan fiscal, toda ley que potencialmente afecte los recaudos o aumente los gastos del fondo general debe cumplir con el denominado “Principio de Neutralidad Fiscal”, que exige que toda reducción en ingresos o incremento en gastos esté acompañado por medidas que aumenten los recaudos o reduzcan el gasto presupuestario, en proporción.

“Como cuestión de hecho, el Plan Fiscal contempla como parte de las proyecciones de ingresos al Fondo General los fondos recaudados de los arbitrios a la gasolina, combustible, “gas oil”, ”diesel oil”, y productos del petróleo (crudo, derivados y parcialmente elaborados)”, recalcan.

Resaltan además que “ninguno de los Proyectos está fundamentado en un análisis económico que respalde la afirmación de que la eliminación de este impuesto impulsaría positivamente la economía. La falta de datos y proyecciones económicas sólidas es preocupante, ya que no se ha evaluado adecuadamente el impacto negativo (o positivo) que pudieran tener las medidas al ser implementadas. La ausencia de tal estudio, imposibilita que el equipo fiscal del Ejecutivo pueda asumir una posición informada en torno a los proyectos”, afirman.

“A la luz de todo lo anterior, y a pesar del fin loable común que comparten las tres medidas, en esta etapa, el Departamento de Hacienda, la AAFAF y la OGP no están en posición de endosar ninguna de las medidas, según están redactadas y sin estudios de impacto económico que las respalden”, concluyen.

Recomendarán finalmente que “previo a que la Asamblea Legislativa apruebe legislación de esta naturaleza, realice un estudio ponderado de la realidad histórica, el trasfondo de los arbitrios, los impuestos en otras jurisdicciones de los Estados Unidos de América y obtenga un estudio de impacto fiscal y económico, de modo que la legislación tenga un camino hábil de implementación”.

El presidente de la Comisión, Jesús Santa, reconoció que ninguno de los proyectos cumple con los parámetros de la Junta y adelantó que, reconociendo la necesidad de lograr una reducción en los gastos de la gente, estas medidas serán referidas a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), para que realice un análisis sobre el efecto de la eliminación de, al menos, la última “crudita” aprobada en 2015.

El representante apuntó que, una vez la OPAL emita su informe sobre el efecto de la eliminación de la última “crudita”, estarán en posición de proponer un proyecto sustitutivo, toda vez que se identifiquen cuáles otros ingresos podrían sustituir la eliminación de la referida ley.