Denuncian impacto adverso que esta alza tendrá sobre los negocios de todos los tamaños y los consumidores en general.

El sector empresarial del país expresó su vigorosa y sólida oposición a la propuesta alza en la tarifa de electricidad para pagar la deuda ajustada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y particularmente al aumento adicional para cubrir las pensiones de los ex empleados de esa corporación pública.

El Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Industriales y la Asociación de Hospitales, junto con el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, se unieron en la denuncia del impacto adverso que esta alza tendrá sobre los negocios de todos los tamaños y los consumidores en general.

Torres Placa estimó que el alza combinada propuesta representa un incremento de cerca de un 20% en el costo del kilovatio hora. Ello utilizando un precio de 20 centavos el kilovatio, al que se le agregarían 1.6 centavos para cubrir la deuda ajustada y otros 2.4 centavos para el pago de las pensiones.

Dicho impacto, aseguró, será aún mayor en los pequeños y medianos comercios (Pymes), y también a las industrias que operan en el país.

La presidenta del CUD, Lourdes M. Aponte, lamentó que se sigan imponiendo aumentos en las facturas del servicio eléctrico y expresó que “nuestros comerciantes están indignados. Estamos desvistiendo a un pueblo y a un sector empresarial que mueve la economía de un país como son las Pymes, para vestir a los bonistas de la AEE y pagar las pensiones del gobierno”.

Afirmó que esto es producto de las malas decisiones administrativas que ha tenido el gobierno por los pasados años “y no podemos permitir que paguen justos por pecadores”.

La portavoz del sector de las Pymes en la Isla agregó que “esto va en vías de aniquilar a los pequeños y medianos empresarios y por ende dejar en un abismo la economía de Puerto Rico. Ya no podemos con este abuso”.

Advirtió que esta situación continúa abonando a la precaria situación de este sector, y que ya hay comercios que no pueden funcionar como antes, se han visto forzados a reducir personal, reducir producción “y al final el cierre de más negocios”.

En la misma línea se expresó la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Yandia Pérez, que sostuvo que esa organización se opone al aumento en la tarifa como se propone en el Plan de Ajuste de la Deuda propuesta el pasado viernes por la Junta de Supervisión Fiscal.

Señaló que el mismo impone un cargo variable por consumo todavía mayor al presentado en el Plan de febrero de 2023 a los sectores comerciales e industriales.

“Este plan discrimina al establecer tarifas diferentes a los sectores de consumidores”, dijo al recordar que este aumento va en contra de lo que establece la Ley 17 de 2019 que dispone que el costo energético de Kw no debe exceder los 20 centavos.

“Por años hemos sido afectados por el mal servicio y alto costo de energía en Puerto Rico. Un aumento va a poner en situación aún más vulnerable la capacidad de sostener y desarrollar nuestra economía. Limita la capacidad de crear empresas puertorriqueñas, de atraer y retener inversión; y pone en riesgo miles de empleos que sostienen a las familias puertorriqueñas”, subrayó Pérez.

Jaime Plá, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, indicó que es “obvio el yo decir que los hospitales tienen retos muy grandes. El costo que los hospitales tienen que asumir todos los días, sobrepasa realmente los reembolsos que puedan haber en el sistema. No hay ninguna duda de que el sistema de salud de Puerto Rico está empezando a quedarse corto desde el punto de vista del financiamiento y como los reembolsos que se le pagan tienen el bregar con el costo”

Advirtió entonces en contra de que a este costo se le sigan añadiendo más costos, como lo que es ahora el planteamiento sobre la electricidad. “Los hospitales tienen un costo de electricidad enorme. En este momento los hospitales están gastando entre un cinco y un ocho porciento de sus gastos en electricidad. Eso es una suma considerable. Eso significa que hay hospitales que pagan un millón de dólares al mes en electricidad y eso no es sostenible”.

Explicó que, el independizarse del sistema eléctrico no es tan sencillo, porque el hospital es realmente un pequeño monstruo de utilización de energía. “Trabajamos 24/7, los 365 días al año prendidos. Fuera del gasto de los empleos y los gastos del suplido, es el gasto mayor. Así que nosotros no podemos seguir asumiento ese costo, Tenemos que buscas unas soliuciones distintas”.

Reclamó de la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno que entiendan que eso de que el bolsillo del sistema de salud y de todos los demás, va a poder cargar con el costo energético de Puerto Rico, es una falacia.

Por su parte el economista Gustavo Vélez, que es asesor del CUD, afirmó que “cualquier aumento en el costo de electricidad va en contra del sector comercial e industrial”.

Recordó que esa propuesta alza viene acompañada por un 32% de aumento en los salarios; la inflación más alta en 40 años; de12 alzas en las tasas de interés, lo que aumenta el costo del capital; tasas contributivas de un 38%, que es una de las más altas; y el impuesto al inventario.

“Ya los indicadores comienzan a mostrar que la economía se está enfriando. La venta de carros va hacia abajo, la venta de casas va hacia abajo, ya los recaudos de Hacienda están en negativo, toda la bonanza artificial que hubo aquí en los pasados tres años, y que está atada a los $20,000 millones de dinero pandémico y los dineros federales”, está terminando .

El llamado, dijo Vélez, es que “el Gobierno y la Junta Fiscal tienen que sentarse a buscar la manera de bajar los costos de hacer negocios, porque sino, aquí no va a existir un sector privado capaz de absorber estos costos y seguir aportando a la economía riqueza y empleos, que es la misión final del sector privado”.

El grupo recalcó la importancia de eliminar de cualquier ajuste tarifario el costo de las pensiones que adeuda la AEE a sus retirados.

Torres Placa resaltó ese reclamo y señaló que “es importante evitar este cargo, que es el cargo legado (pago de deuda) y el cargo de las pensiones. Es necesario que el gobierno atienda el elefante en la casa, que son las pensiones de los empleados públicos, que se les pretende pasar como un gasto operacional de la AEE a los consumidores y que los consumidores carguen con una responsabilidad del gobierno” .

La presidenta del CUD solicitó al Gobernador que actúe de inmediato sobre la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal “tan nefasta no solo para las Pymes, sino para la ciudadanía en general”.

Afirmó que “los ciudadanos de Puerto Rico no pueden quedarse de brazos cruzados y permitir que el país se hunda en la miseria. Como ciudadanos, reclamó, tenemos que unirnos para evitar esta debacle que a todos nos afecta”.

El ex representante a la Cámara y ex presidente del CUD, José Chico, se unió a esos reclamos y exhortó al Gobernador a utilizar los recursos que tiene disponible el Gobierno para el pago de esas pensiones y advirtió contra el uso de esos dineros, que aseguró sobrepasan los $3,000 millones, en alguna otra cosa.

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