Congresistas estadounidenses consignaron además que solo en 2023 se espera que la Isla pierda $342 millones de dólares debido a las concesiones fiscales.

Los congresistas Raúl Grijalva, Nydia Margarita Velázquez Serrano, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres solicitaron a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO, siglas en inglés) que evalúe ciertas exenciones fiscales otorgadas a individuos y empresas bajo la Ley 60 de 2019 (antes Ley 22) de Puerto Rico.

“Estas exenciones fiscales contrastan de manera desfavorable con el tratamiento de los puertorriqueños de largo tiempo y la mayoría de los demás individuos y residentes corporativos del territorio”, declararon los legisladores.

Ambos políticos subrayaron cómo la Ley 60 otorga un estatus de exención fiscal particularmente ventajoso para los individuos y empresas adineradas. “Esto resulta en beneficios fiscales que los estadounidenses no podrían obtener en ningún otro lugar del mundo”, explicaron.

Agregaron que las disposiciones de la Ley 60 perjudican el desarrollo económico de Puerto Rico y exacerban las desigualdades ya creadas por el estatus territorial de la isla.

Además, indicaron que la atracción de individuos adinerados a la isla puede tener un impacto negativo en los puertorriqueños locales.

Según el informe de gastos fiscales de Puerto Rico para el año fiscal 2023, la isla perdió alrededor de $2,020 millones de dólares en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2017 y 2023.

Solo en 2023, se espera que Puerto Rico pierda $342 millones de dólares debido a las concesiones fiscales.

Citando estos impactos negativos en la isla, además de evidencia de fraude, los legisladores solicitan que la GAO examine detalles sobre la residencia, la reubicación y los ingresos de los beneficiarios de la Ley 60, los impactos de los beneficios fiscales en la economía de Puerto Rico y los esfuerzos para controlar el fraude, entre otros aspectos de la ley.