Acusan múltiples efectos desfavorables reportados por los municipios, condominios y comunidades residenciales, principalmente causados por los inversionistas comerciales de este rubro.

La Asociación de Dueños de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas detalló varias problemáticas e "incongruencias" fiscales de los alquileres a corto plazo (ACP), entre ellos los populares Airbnb.

Según Xavier Ramírez, presidente de la Asociación, la discusión en la prensa del proyecto de la Cámara 1557 y las audiencias públicas del proyecto de ordenanza 26 de San Juan, "han develado la triste realidad que vivimos con las brechas e incongruencias fiscales, y los múltiples efectos desfavorables reportados por los municipios, los condominios, y las comunidades residenciales, principalmente causados por los inversionistas comerciales de ACP y que fueron confirmados en un estudio del Centro para Una Nueva Economía (CNE)”.

Además, señaló que "varios legisladores y alcaldes, comprometidos con el bienestar de sus constituyentes, han reconocido la necesidad, de darle especificidad al ordenamiento reglamentario actual, e impulsar su implantación y fiscalización consistente, por lo que han propuesto legislación para reglamentar esta actividad comercial, como los proyectos de la Cámara 1446 y 1613, del Senado 936, y el proyecto de ordenanza 21 de Isabela.

El portavoz de los dueños de paradores afirmó que "nuestro marco regulatorio vigente le exige a toda hospedería pequeña obtener una patente, y cumplir con múltiples requisitos, permisos, registros, y licencias para asegurar la salud, seguridad, y bienestar de los huéspedes; y que, como empresas, contribuyan equitativamente a mantener y fortalecer la infraestructura y los servicios públicos que utilizan para adelantar sus negocios. Además, las gobiernan decenas de otras leyes, ordenanzas, y reglamentos –estatales y municipales– aplicables a toda actividad comercial, independientemente del sector, tamaño, y localización".

Tomas Ramírez, tesorero de la agrupación, agregó que "dado a que cerca del 84% de los sobre 30,000 ACP en la isla, son entidades comerciales profesionalizadas, operando decenas y hasta cientos de alquileres, algunos como hoteles ilegales, lo justo y apropiado es que cumplan con los requisitos, permisos, registros y licencias, así como otras leyes y ordenanzas aplicables a una hospedería patentada, y que se puedan capturar los sobre $100 millones que se escapan del fisco estatal y municipal, anualmente".