Propietarios, gerentes y empleados se unieron en el llamado a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Propietarios, gerentes y empleados de los casinos de Puerto Rico reclamaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que reabra sus espacios de trabajo, que genera sobre 3,000 empleos directos y apoya a sobre 80,000 familias que componen la industria de turismo.

“Queremos trabajar”, dijo Sigfrido de Jesús, gerente general de Casino Del Mar del Hotel La Concha en Condado. “Hemos estado preparados hace mucho tiempo con los más estrictos requerimientos de seguridad en beneficio de empleados y clientes. Sin embargo el gobierno nos mantiene cerrados, a pesar de que hay negocios que tienen máquinas de juego de manera ilegal”.

Desde el 16 de marzo, y luego de haber operado en julio por dos semanas de manera responsable y sin un solo caso de contagio en sus salas de juegos, los casinos fueron cerrados nuevamente con la implantación de la OE-2020-054. Los casinos en Puerto Rico están paralizados, un golpe devastador para los sobre 3,000 empleos directos y los sobre 80,000 empleados de la industria de turismo que igualmente han sido afectados.

Los representantes de la industria denunciaron que han gastado grandes cantidades de dinero adaptando los casinos para que sean seguros, tanto para clientes como para empleados, y que operaron sin ningún problema cuando pudieron operar por espacio de 16 días, a principios de julio.

De Jesús señaló que muchos empleados no pudieron reactivar su derecho al desempleo después del 16 de julio y que pasan por momentos de desesperación ya que lo que desean es regresar a sus puestos de trabajo.

“Nuestros compañeros no quieren seguir esperando un turno en el Departamento del Trabajo, solo quieren trabajar. El cierre de los casinos, aparte de injusto, ha sido nefasto, afectando la salud física y mental de cientos de miles familias puertorriqueñas. Además, este cierre afecta a la economía y al gobierno de Puerto Rico, ya que aporta casi 150 millones a la UPR (Universidad de Puerto Rico), a la Compañía de Turismo y al Fondo General. Con esto se está poniendo en peligro la capacidad operacional de la Universidad y del destino en general. La industria de los casinos en Puerto Rico se une en una sola voz para pedirle a la gobernadora y al Task Force la reapertura de los casinos de Puerto Rico. Que visiten los casinos y vean que estamos preparados estamos seguros y protegidos”, expuso por su parte Ismael Vega, de Casino Metro, en el Sheraton Convention Center.

“Señora Gobernadora, la petición es clara. Lo que pedimos es trato justo, que no nos trate de manera diferente a los demás comercios. Esta es una industria de entretenimiento, de servicio, y donde su activo mayor es el recurso humano, la gente, sus empleados. Señora Gobernadora, en sus manos está terminar con el sufrimiento de los compañeros. Permítanos trabajar y demostrar que lo hacemos bien. Los casinos de Puerto Rico no son el problema”, añadió De Jesús.

De acuerdo a los representantes de la industria, también les preocupa la manera en que se está afectando la economía general del país, ya que de cada dólar que genera la máquina tragamoneda, el gobierno se queda con 52 a 53 por ciento de los casinos, y el 47 por ciento restante, los casinos lo vuelven a tributar. El por ciento que queda en poder del gobierno, es destinado a la Universidad de Puerto Rico, a la Compañía de Turismo y al Fondo General. Señalaron que las pérdidas para el gobierno y para los casinos, desde que inició la pandemia, es de unos 23 millones mensuales.

Vega destacó que entre los componentes de seguridad en los que han invertido se encuentran mesas con espacios separados a solo tres sillas, divisiones con plásticos, máquinas apagadas, entre otras movidas para garantizar espacios, toma de temperatura a la entrada, lavado de manos, mascarillas, y empleados adicionales en los baños para vigilar que se sigan las medidas de prevención de contagios. Además, los clientes son escoltados entre juegos.

“No ha habido ninguna excusa (de parte del gobierno). En la primera reapertura invitamos al Secretario de Salud, al Secretario de Estado, para que vieran de primera mano cómo operábamos a la hora de cerrar, pero no pasó“, destacó Vega, quien añadió que se han invertido alrededor de 100 mil dólares en las medidas de seguridad.

La orden que les permitió operar desde el 1 de julio al 16 de julio era al 75 por ciento de capacidad, sin embargo, no llegaron a ese número, ya que por las restricciones de sillas y distanciamiento, solo se ocuparon del 25 al 35 por ciento.

“Nos deben permitir ir haciendo esa transición. Demostramos que fuimos capaces. Ninguna industria tiene un inspector validando que los protocolos se cumplan. Eso le brinda a la Gobernadora la seguridad de que sí vamos a cumplir con los protocolos tal y como lo hicimos en los primeros 16 días”, señaló De Jesús.