Instan a la Junta de Supervisión a que re-examine su impugnación de esta ley.

La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, Linda Ayala Bousson tildó el lunes, de sabotaje, la impugnación que hiciera la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Ley Ley 82-2019 que regulaba a los Manejadores y a los Administradores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Management o PBM y Pharmacy Benefit Administrator o PBA) en protección de los pacientes y las farmacias.

“Luego de más de diez años de trabajo para lograr esta legislación, es injusto que se vaya a permitir que estas entidades sigan tomando decisiones que afectan a nuestros pacientes y proveedores de salud, sin que ninguna agencia del Estado tenga jurisdicción sobre sus acciones. Al detener esta legislación, se deja desprovistos a pacientes y farmacias de un recurso que incide sobre la salud de todo aquel que tenga un plan médico público o privado. Deja a los pacientes con limitaciones en el acceso a los medicamentos, a los tratamientos para sus condiciones de salud y evita reducir el alto costo de los medicamentos”, expresó la ejecutiva en comunicación escrita.

Los PBM y PBA son intermediarios entre los planes médicos de salud y las farmacias, que administran la cobertura del plan de medicamentos de miles de pacientes en la Isla a través de contratos con las farmacias. Deciden que medicamentos se incluyen o excluyen de los formularios de medicamentos y cuánto se les paga a las farmacias por esos medicamentos que le despachan al paciente.

“En muchas ocasiones, esos pagos a las farmacias están por debajo del costo de adquisición del medicamento, estando las farmacias obligadas contractualmente a suplir los mismos so pena de cancelación de contrato. Esto es un abuso que esperábamos se terminara con la aprobación de esta ley”, expresó Ayala-Bousson.

La ley indica que en los más de treinta estados en Estados Unidos donde se ha legislado para regular a los PBM y PBA se ha percibido una disminución en costos y un mayor acceso a medicamentos en beneficio de miles de pacientes. “En la medida en que la relación farmacia-PBM se atienda de forma adecuada se salvaguarda el acceso a medicamentos y se minimizan eventos de descompensación del paciente, complicaciones de salud, hospitalizaciones y la generación de otras condiciones que provocan de forma directa un aumento en el costo de salud que finalmente paga la ciudadanía”.

Ayala cuestionó las motivaciones de la Junta para impugnar una ley que en Estados Unidos no tuvo impedimento alguno para regular a este sector de la salud.

“Contrario a lo especulado por la Junta, en los Estados Unidos no hubo leyes federales que ocupan el campo ni se han perdido fondos federales por aprobar dicha legislación. Si no lo hubo allá tampoco lo hay aquí. Rechazamos la intromisión indebida de la Junta en un asunto que es de claro beneficio para la salud del país. Con esta nueva dilación en la implantación de la Ley 82-2019 la Junta solo perjudica a los pacientes que pagan un precio mas alto por los medicamentos y tienen su acceso limitado por las decisiones de estas empresas”, indicó la ejecutiva.

Ayala instó a la Junta de Supervisión a que re-examine su impugnación de esta ley y no descartó tomar otras medidas contra esta acción catalogada de impropia e incomprensible.

La Ley 82-2019 es una de las seis leyes – Ley 181-2019, Ley 90-2019, Ley 138-2019, Ley 176-2019 y Ley 47-2020- que la Junta de Supervisión Fiscal impugnó y por las que el gobierno demandó a la Junta en días recientes.

En Puerto Rico, operan seis PBM aunque el mercado está controlado por tres de éstos, MC21, Abarca y PharmaPix.