En respuesta a una crisis que enfrentan miles de puertorriqueños sin los recursos para mantenerse al día con su hipoteca y expuestos a un proceso de ejecución que atenta con dejarlos sin techo y destruir sus vidas, una organización que cobija entidades de servicios legales gratuitos develó el miercoles una herramienta de auxilio y orientación para estas personas.

Se trata del portal cibernéticoderechoatucasa.org, iniciativa de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia – que agrupa las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Pontificia Universidad Católica de Ponce (PUC) y la Universidad Interamericana – para orientar a quienes enfrentan procesos de ejecuciones sobre las alternativas legales para mantener su hogar.

La iniciativa responde al disparo en demandas de ejecuciones ilegales que se han llevado hasta los tribunales y al aumento en casos de propiedades ejecutadas o en proceso de ejecutarse. Según el licenciado Steven Laucelle, de la clínica de asistencia legal de laInteramericana, para el año 2014 se registraron 77 pleitos en el foro federal, 400 en el 2015, y para el año anterior y en lo que va de este año, 1,000.

Mientras que en el 2016 la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) reportó 5,424 propiedades ejecutadas – un aumento de 21.6 % en comparación con el 2015 – y 17,263 en proceso de ejecución, los datos son sustancialmente mayor en la realidad. La OCIF registra datos de instituciones financieras locales, por lo que si un banco opta por traspasar una hipoteca morosa a una institución extranjera, esa ejecución no se contabiliza ante esta entidad.

'Por qué no son reales (las estadísticas de la OCIF)? Porque con la crisis de los bancos, a raíz de la gran recesión del 2008, los bancos tuvieron que vender préstamos morosos para que su base de capital se mantuviera estable y de esa forma no vienen a intervenir los federales, o sea el FDIC. Por lo tanto, qué pasa: cada vez que se vende un préstamo en morosidad y se vende a un inversionista – de aquí o extranjero – esa estadística sale de la OCIF y deja de existir', explicó el licenciado Ricardo Ramos González, quien forma parte de la clínica de asistencia legal de la UPR. Ramos González señaló que la verdadera cifra de ejecuciones es de 1,000 más que las registradas en la OCIF.

Más allá de la estadística, la ejecución supone un intenso golpe a las familias que caen ante las prácticas de desinformación de las instituciones financieras que no orientan adecuadamente a clientes que corren el riesgo de una ejecución. El portal derechoatucasa.org sirve de remedio no solo para orientar a consumidores sobre las alternativas que tienen disponibles, sino también para ponerlos en contacto con clínicas de asistencia legal que puedan educarlos mejor para exigir sus derechos ante los bancos.

'Lo que queremos más que nada es dar acompañamiento… En esta crisis que a veces los vemos en números y estadísticas, pero obviamente son personas, son niños, son niñas que de momento puede ser que estén en la calle y eso envuelve una crisis emocional y también mucha tristeza', aseveró la coordinadora del portal, licenciada Verónica Torres, quien enfatizó que el propósito de la iniciativa es dejarle saber a estas personas que no están solos a la hora de enfrentarse a estas dificultades.

Por su parte, la coordinadora de la Mesa de Trabajo, licenciada Ariadna Godreau, hizo hincapié que estos casos de ejecuciones ilegales atentan directamente contra el derecho fundamental a la vivienda, aspecto que incide sobre la calidad de vida de un individuo y su familia. 'Si túpierdes tu vivienda tienes menos acceso a la educación, tienes menos acceso a tu derecho a la familia, a la salud, al trabajo, así que es un derecho fundamental', expusoGodreau.

Contextualizando la gravedad de esta crisis, el licenciado Ramos González explicó que bajo las cifras más recientes de ejecuciones unas 14 unidades familias pierden su casa a diario en Puerto Rico, lo que podría suponer unas 100 personas que sufren las consecuencias de perder un hogar y hasta 400 personas semanales. 'Eso es una crisis en cualquier parte del mundo. Y entonces esta es una crisis de la que nadie habla. Una vez cada seis meses sale una primera plana en X periódico ‘tantas casas en ejecución'. Y ahí quedó', sentenció el abogado, quien insistió se trata de una crisis real y dolorosa que afecta a miles de puertorriqueños y no cuenta con la indignación adecuada.

Si usted no posee los recursos legales para responder a un proceso de ejecución injusto, puede comunicarse con las siguientes clínicas de asistencia legal gratuita:

Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR:787-999-9570 / 787-999-9579

Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana:787-751-1912 ext. 2158 / 787-751-1600

Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica:787-841-2000 exts. (1822) (2860) (2861)

(Archivo / NotiCel)

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